Desde Azul piden a Corresur y Vialidad la revisión del esquema tarifario de peajes

Lo aprobó el Concejo Deliberante de la vecina ciudad tras la suba de 100%. Expresó su “preocupación ante la aplicación de incrementos tarifarios de significativa magnitud”.

El Concejo Deliberante de Azul aprobó una solicitud a la empresa Corresur y a la Dirección Nacional de Vialidad para que sea revisado el esquema tarifario de peajes aplicado a fines de octubre, entre otros puntos, en el Peaje de Hinojo sobre la ruta nacional 226.

La iniciativa fue presentada desde el bloque de Fuerza Patria y terminó votada por unanimidad.

Se observó “el intempestivo incremento de las tarifas de peaje aplicado por la empresa concesionaria Corresur en la estación de Hinojo, ubicada sobre la Ruta Nacional N° 226, kilómetro 276, el día jueves 29 [de octubre pasado] a las 00:00 horas, en el marco del nuevo sistema de concesiones de corredores viales nacionales”.

Cabe recordar que el nuevo cuadro tarifario significó una suba de 100% para los cobros electrónicos y de 300% para el cobro manual. Además se amplió el cuadro tarifario, incorporando más categorías al cobro. A modo de ejemplo, el costo para autos quedó en $3.608,24 con TelePASE y en $7.216,49 para pago electrónico manual. “Estos valores representan una diferencia cercana al 100% entre ambas modalidades de pago, circunstancia que genera serios interrogantes respecto de los criterios de determinación tarifaria y de la razonabilidad de los importes exigidos a los usuarios” advirtieron.

En ese sentido, el proyecto legislativo pidió que se evalúen “las diferencias establecidas entre modalidades de pago” y se afirmó que “resulta particularmente cuestionable que el sistema establezca diferencias económicas tan significativas, cuando el derecho a circular por las rutas nacionales no debería encontrarse condicionado por las posibilidades tecnológicas o financieras de cada usuario”. Asimismo, fue cuestionado el incremento implementado recientemente, “en un contexto de dificultades económicas para las familias, trabajadores y sectores productivos”.

“La concesión de infraestructura vial no puede interpretarse exclusivamente como un mecanismo de recaudación, sino que debe encontrarse necesariamente vinculada con obligaciones concretas de inversión, mantenimiento, conservación y seguridad vial” plantearon los concejales azuleños.

Se recordó que Corresur asumió a partir del 10 de julio de 2026, la operación, administración y mantenimiento de un corredor vial de aproximadamente 1.325 kilómetros, que comprende las Rutas Nacionales N° 3, 205 y 226, además de las autopistas Ricchieri, Jorge Newbery y Ezeiza-Cañuelas.

Entre los aspectos que cuestionaron los concejales se señaló que el aumento tarifario de 100% “requiere una explicación precisa y documentada por parte de la concesionaria, a efectos de determinar la magnitud real de la actualización, su fecha de entrada en vigencia y los fundamentos contractuales y administrativos que la respaldan”. En esa línea, se indicó también que “la modificación del cuadro tarifario se habría implementado sin una comunicación pública previa suficiente”.

El estado de la ruta 3

Más adelante en el proyecto se abordó la cuestión de las obras viales y el estado de las rutas de la concesión: “la concesión de infraestructura vial no puede interpretarse exclusivamente como un mecanismo de recaudación, sino que debe encontrarse necesariamente vinculada con obligaciones concretas de inversión, mantenimiento, conservación y seguridad vial. En este sentido, existe una creciente preocupación entre vecinos y usuarios por las condiciones de transitabilidad de distintos sectores de la Ruta Nacional N° 3, donde se vienen realizando tareas de cepillado de la carpeta asfáltica, bacheo y reparaciones parciales cuya calidad, durabilidad y efectividad deben ser debidamente evaluadas”.

Los ediles consideraron que “estas intervenciones, lejos de constituir por sí mismas una respuesta integral al deterioro de la infraestructura, requieren controles técnicos rigurosos, señalización preventiva adecuada y garantías de que no generen nuevas situaciones de riesgo para los automovilistas y transportistas”.

Consideran que “resulta indispensable conocer si los trabajos ejecutados responden a un plan integral de recuperación vial o si se limitan a intervenciones transitorias que no resuelven los problemas estructurales de la calzada”, en tanto se expresó que “los usuarios tienen derecho a conocer qué obras se encuentran comprometidas contractualmente, cuáles son los plazos establecidos para su ejecución, qué inversiones se han realizado efectivamente y qué mecanismos de fiscalización existen para garantizar su cumplimiento”.

Por ello, “no resulta razonable exigir mayores esfuerzos económicos a quienes transitan diariamente por estos corredores sin garantizar simultáneamente condiciones adecuadas de seguridad, mantenimiento y calidad del servicio”.