La Sociedad Rural de Azul fue a la Justicia contra la suba de tasas
Con el mandato de 190 socios, la entidad litigará contra el Municipio en relación a la nueva “Tasa por Servicios Esenciales”. “En defensa de los azuleños, en contra de nadie” declaró la SRA.
La Sociedad Rural de Azul informó que días pasados se presentó ante la Justicia una demanda en la que la entidad, con el mandato de 190 socios, litigará contra el Municipio en relación al nuevo impuesto que se intenta aplicar a toda la población, bajo la genérica y difusa denominación de “Tasa por Servicios Esenciales”. En la misma, se destacó que, están representadas un 30% de la totalidad de las hectáreas rurales del Partido.
Luego de un arduo trabajo gremial contra reloj, el pasado jueves la Sociedad Rural de Azul presentó ante la justicia una demanda colectiva contra la Municipalidad de Azul por el nuevo tributo que esta última pretende imponer pese a las advertencias sobre su ilegalidad.
“En mayor o menor medida, la arbitrariedad afecta a la totalidad de los ciudadanos. Hubiéramos preferido ser escuchados, pero -ante la inflexibilidad- no quedó otra que accionar judicialmente, en defensa de los azuleños, en contra de nadie”, indicaron desde la entidad.
La medida, patrocinada por los estudios jurídicos Comparato-Velez y Bomchil, implicó, entre otras cuestiones, reuniones informativas, centenares de contactos telefónicos con productores, y recopilación y ordenamiento de la documentación necesaria.
De acuerdo a lo informado, la demanda fue avalada por el mandato de 190 socios, que representan un total de 190.975,80 hectáreas, ni más ni menos que un 29,2 % de la superficie rural de nuestro distrito.
Esa cifra, por demás elocuente, cobra mayor relevancia si se considera que se trata de lo acumulado sólo por una de las varias demandas similares presentadas por el mismo tema. Es de público conocimiento que otro importante número de productores y comerciantes emprendieron acciones por intermedio de los doctores Moroni y Merbilhaa. A eso deben también sumarse aquellos que decidieron optar por litigios particulares.
Como sea, queda en evidencia el malestar generalizado ante una “medida ilegal e inconsulta”, que se espera pueda corregir la justicia.
Fuente: Diario El Tiempo
