Más presiones que definiciones en el caso de las ventas de terrenos
Hubo movimientos en el plano político y en el judicial, pero tras siete días hay pocas certezas. A la hora de explicar la maniobra, las miradas siguen posadas en el Municipio pero se amplían a otras instituciones también.
Extracto del newsletter Volver a las Fuentes, donde se puede acceder y suscribir acá. Por Alexis Grierson y Josefina Bargas.
El tema del mes
Después de la lluvia de denuncias por las estafas con venta de terrenos, la semana tuvo dos frentes de avance que van de la mano. Habló el señalado por los denunciantes y más habló su abogado. También habló el intendente Ezequiel Galli antes de irse de vacaciones y más sectores políticos sentaron posición sobre el tema. En el medio el Frente de Todos mete presión para sesionar y lo que se va sabiendo parece revelar una compleja trama en la que no sólo la política está involucrada.
En el plano judicial no hubo novedades oficialmente. Lo único que se pudo saber es que desde la Fiscalía General se busca unificar todas las causas presentadas, las cuales no se sabe con certeza cuántas son. Igualmente, en los últimos días siguieron ingresando presentaciones y hubo toma de declaraciones.
No obstante, esta unificación de causas podría llegar con un cambio de escenario: salir del ámbito de Olavarría y, más aún, pasar al ámbito de la Justicia Federal. ¿Delitos complejos? La trama judicial y la “Gestapo” están sobre la cabeza de muchos funcionarios judiciales.
Claudio Peralta, el principal acusado de toda esta historia, habló con algunos medios locales y fue la voz más importante de la semana: no se mostró como inocente (tampoco como culpable) pero intentó deslizar (de forma sutil hasta que su abogado, el doctor Roldán lo dijo de forma explícita) que no pudo cometer el delito solo. “Es imposible para mí vender terrenos sin tener alguien posibilitándome información. Me voy hacer responsable de lo que me tenga que hacer responsable. Nos vamos a presentar en la justicia en la única causa que hay en mí contra” dijo Peralta, en momentos donde se sabía que había solo una denuncia en Fiscalía.
El abogado Sergio Roldán dobló la apuesta y no le puso nombre, pero sí orientó hacia el Municipio. Habló de “un funcionario” y “un ex funcionario” involucrados junto a Peralta y reiteró que su defendido si hizo algo “es imposible que haya sido solo” dado que cierta información debe obtenerse del área de Catastro Municipal. A todo esto, el defensor adelantó que mañana presentará en la justicia un pedido de eximición de prisión para Peralta, quien aún no fue citado.
Desde la comuna, en diálogo con este newsletter, se indicó que hay “otras formas” de conocer la situación de algunos terrenos, e incluso que “es imposible controlar la situación de terrenos privados. Alguien pone un cartel de vendo, o se lo ofrece a otra persona y compra, y no tenemos cómo saber si se efectúa esa transacción”. Se reconoció que la forma de certificar esta situación es cuando “la persona empieza a construir” y pide la bajada de la energía, por ejemplo.
De todos modos, la trama es bastante más compleja, no es tan sencilla y los pasos son lentos. Desde el ámbito deliberativo buscan que todo sea un poco más rápido, pero… dependerá de las intenciones políticas.
Entre las múltiples posturas, la agrupación Somos Olavarría pidió la suspensión de los funcionarios implicados (que tampoco nombraron) y señalaron en un comunicado que “se pregunta y le pregunta al señor Intendente ¿Por qué no alertó a través de los medios a los vecinos de la ciudad, que había una persona que estaba vendiendo terrenos sin papeles? ¿Acaso el Municipio no fue alertado de esto en el mes de enero?” y agregan más adelante “¿Cómo este señor (el denunciado) tenía información de los terrenos? y que no era solo un terreno sino que poseía información de terrenos en toda la ciudad”.
Los deseos y una “comisión con peso”
Durante la semana el oficialismo salió abiertamente a confirmar que acompañará la creación de una comisión especial que investigue esta situación. A medida que avanzaba la semana se profundizó hasta pedir “que la comisión tenga un verdadero peso en la causa judicial que debería avanzar en la Justicia”. Casi casi que sea “vinculante” para la investigación.
La comuna mostró públicamente la postura de ponerse al frente del pedido de Justicia, a la par del Frente de Todos. “Que caigan los que tienen que caer” dijeron a este newsletter ante las consultas. Incluso, el Intendente Ezequiel Galli –actualmente de licencia– dijo en un programa radial que “si hay un funcionario o un empleado público que tiene algo que ver con esto voy a ser el primero en pedirle la renuncia y ponerlo a disposición de la Justicia” aunque todo el tiempo señaló que es un conflicto privado y que el Municipio estará al frente para saber si tiene alguna relación en los hechos o no.
A esto hay que agregar que desde el bloque Ahora Olavarría también se adelantó que habrá voto positivo para la creación de la comisión. En un contacto con VAF, Celeste Arouxet hizo hincapié en lo “delicado” del caso ante la consulta sobre su postura.
En un principio, tanto oficialismo como oposición acordaron esperar al final del receso de enero para convocar a la sesión extraordinaria. Pero ayer el Frente de Todos metió presión y apuró a Juntos a que la convocatoria sea para el 3 de febrero por la urgencia que amerita el tema. “Llegan de a seis, siete denuncias por día, algunos van a la comisaría, otros a fiscalía, algunos no se animan” indicaron desde el espacio opositor.
“El Artículo 49 del reglamento interno del HCD establece que se debe fijar una fecha dentro de los 5 días de presentado el pedido, el mismo fue entregado formalmente el lunes pasado” señaló el comunicado emitido. En contrapartida, se respondió (desde la informalidad) que el pedido es por una sesión extraordinaria, no especial, que es la que está incluida en el artículo citado, el 49. “Hay una interpretación errónea del reglamento” indicaron, lo que no quita que se intente llegar a sesionar para esa fecha: en ese punto no hubo precisiones de cuándo se realizará.
Un detalle que sólo es eso, un detalle: para el 3 de febrero el concejal Juan Mujica aún seguirá siendo intendente interino y no podrá ocupar la banca.
La complejidad de las cosas
Si bien hay un solo apuntado, el abogado del acusado cargó contra “dos funcionarios”. Off the récord admiten que la situación es más aguda y termina en lugares de poder sumamente complejos. Esto no pareciera ser un caso más e incluso la relevancia puede crecer en tanto aparezcan más testimonios y haya más damnificados.
Cabe señalar que, en principio y solo por rumores, una buena cantidad de damnificados estaría en la fuerza policial, un sector que hasta ahora no fue mencionado. “No decirlo es de mínima enceguecerse con una parte de esta historia” se quejaron aquellos que notaron una “fijación” en encontrar culpables solo en el Municipio. “Peralta puede ser solo la punta del iceberg” agregaron otros, preocupados por esta situación.
Hay que agregar que en la primera línea de funcionarios del Ejecutivo aceptaron el “desafío de la blancura”. Es que según se hizo saber, había mucha tranquilidad y confianza en que nadie estaba vinculado con la maniobra, y hasta se planteó el escenario de “un conflicto entre privados”. Igualmente, tampoco se descartó al 100% que no haya ni funcionarios (por fuera de la primera línea) ni trabajadores del Municipio implicados en este tema. “Con uno basta, son más de 2.600” señalaron.
Hubo una pregunta que pregonó la política de izquierda a derecha y fue completamente unánime: ¿quién está verdaderamente atrás de tamaña movida, con tantos implicados y tanto conocimiento sobre este tema?
Y no sólo por romper con la enorme ilusión de tener una tierra propia, las cifras que se cuentan en cada caso son importantes. La cuenta es simple: si en cada caso se reconocen entregas de al menos 300 mil pesos, y habría al menos una docena de casos como mínimo entre los rumores de denuncias, el “importante” se transforma rápidamente en “millonarias” cifras.
Las preguntas son muchas, y las respuestas solo aparecerán en la Justicia.
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