El Senado aprobó el nuevo Régimen Penal Juvenil y bajó la edad de imputabilidad a 14 años
La iniciativa impulsada por La Libertad Avanza fue convertida en ley por 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención. La norma fija un nuevo esquema penal para menores y generó fuertes cuestionamientos de organizaciones civiles.
El Senado convirtió en ley el nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece la baja de la edad de punibilidad de 16 a 14 años. El proyecto fue aprobado por 44 votos positivos, 27 negativos y una abstención.
Además de modificar la edad de imputabilidad, la iniciativa crea un nuevo régimen penal para adolescentes que contempla una serie de medidas procesales alternativas a la prisión. Los jueces podrán aplicar sanciones que van desde la amonestación y la prestación de servicios comunitarios hasta el monitoreo electrónico o la prohibición de salir del país en delitos con penas de hasta tres años de prisión. El mismo esquema se prevé para hechos con penas de hasta diez años que no impliquen muerte o lesiones graves.
La pena máxima será de 15 años, aun cuando la escala penal o la suma de delitos supere ese límite. La privación de la libertad se aplicará únicamente en casos graves como homicidios, secuestros, robos violentos y abuso sexual, y se prohíbe la imposición de prisión perpetua.
También se establece que, cuando el adolescente condenado cumpla dos tercios de la pena y se den las condiciones previstas en el Código Penal para la libertad condicional, el tribunal podrá disponer que el resto de la sanción se cumpla mediante penas alternativas.
Cuestionamientos y datos oficiales
La norma fue cuestionada por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), que advirtió que vulnera el principio de no regresividad en materia de derechos humanos y no garantiza que la privación de libertad sea una medida excepcional y por el tiempo más breve posible. También señaló que desconoce recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño y del Comité contra la Tortura, que instaron al Estado argentino a mantener la edad mínima en 16 años.
Según datos del CNPT, al 31 de diciembre de 2024 había 4.119 adolescentes bajo el sistema penal juvenil, de los cuales 48 tenían menos de 16 años (1,2%). Además, 865 estaban privados de libertad y, entre ellos, 44 eran menores de 16 años (5,1%).
El organismo sostuvo que la población no punible es “cuantitativamente reducida” y que cualquier reforma debe adecuarse a la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley 26.061 y los estándares internacionales, priorizando medidas alternativas al encierro.
El debate en el recinto
Durante el debate, el senador libertario Gonzalo Guzmán (Salta), presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y miembro informante del oficialismo, defendió el proyecto: “Este es un régimen moderno, especializado, donde están garantizados el debido proceso y demás garantías procesales. El proyecto cumple con ese objetivo”.
Desde el bloque kirchnerista, Lucía Corpacci (Catamarca) rechazó la iniciativa: “Esta ley es invotable, es imposible de votar”, y acusó al Gobierno de utilizar el debate para tapar la realidad social.
La radical Carolina Losada (Santa Fe) defendió la baja de la edad de imputabilidad: “Basta de hipocresía, basta de decir que alguien no entiende lo que está haciendo; todos tenemos hijos menores de edad y sabemos muy bien que entienden”. Y agregó: “No podemos decir que un chico de 15 no es responsable o no sabe lo que está haciendo”.
En contra también se expresó Gerardo Zamora (Frente Cívico-Santiago del Estero), quien calificó la iniciativa de “inconstitucional” al considerar que invade facultades provinciales y aumenta los gastos de los distritos.
