A un año de la sentencia de La Huerta, la Mesa por Memoria, Verdad y Justicia reclama que continúen los juicios
La organización recordó el fallo por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la región centro bonaerense. También reclamó avances en las políticas de memoria y en la búsqueda de personas apropiadas durante la dictadura.
A un año de la sentencia de la megacausa La Huerta, la Mesa Multisectorial por Memoria, Verdad y Justicia de Tandil reafirmó su compromiso con la memoria colectiva, la búsqueda de justicia y la defensa de los derechos humanos. En un comunicado, la organización sostuvo que el fallo judicial constituyó un hito, pero advirtió que la lucha por el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad continúa.
La sentencia se conoció el 24 de octubre de 2025, luego de años de audiencias y testimonios vinculados con los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado en la región centro de la provincia de Buenos Aires. Según expresó la Mesa, el proceso permitió reconstruir parte del entramado represivo de la Subzona 12, identificar responsabilidades y llevar ante la Justicia hechos que durante décadas se intentaron ocultar.
En ese sentido, la organización remarcó que el fallo no representa un punto final en el proceso de memoria, verdad y justicia. “La construcción de memoria, verdad y justicia no se agota en un fallo judicial, del mismo modo que la búsqueda de justicia no termina con una condena”, expresó.
Además, señaló que las verdades establecidas en los procesos judiciales deben trascender los expedientes e incorporarse a la conciencia colectiva, la educación, las políticas públicas y la vida cotidiana de las comunidades.
La recuperación de los sitios de memoria
La Mesa también destacó la importancia de preservar y recuperar los espacios vinculados con el circuito represivo de la región para transmitir lo ocurrido a las nuevas generaciones.
Entre los ejemplos mencionados, se encuentra la señalización de la ex Estación del Ferrocarril Provincial de Azul, donde funcionó un centro clandestino de detención y tortura y donde actualmente se encuentra el Jardín Maternal Rubén De Paula. Para la organización, la iniciativa permite visibilizar una historia que permaneció silenciada durante años.
“Los sitios no son solamente testimonios materiales del horror: son también herramientas para interpelar el presente y fortalecer el compromiso democrático”, sostuvo la Mesa en el comunicado.
En Tandil, el documento destacó la expropiación de la Quinta de los hermanos Méndez y los avances para recuperarla y convertirla en un espacio público de memoria y promoción de los derechos humanos.
Al respecto, la organización consideró que destinar ese lugar a la memoria colectiva representa “una forma concreta de reparación histórica” y una oportunidad para que las nuevas generaciones conozcan lo sucedido allí.
Asimismo, planteó que estos avances son resultado de años de lucha, investigación y acción política, además del trabajo de sobrevivientes, familiares, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales.
Reclamos por la continuidad de los procesos judiciales
Otro de los puntos centrales del comunicado fue el reclamo por la celeridad de los procesos judiciales y el cuestionamiento a las demoras en las causas por delitos de lesa humanidad.
“La dilación judicial y la impunidad no son meras fallas de procedimiento: prolongan el daño, desgastan a las víctimas y favorecen a los responsables”, expresó la Mesa.
En ese marco, la organización manifestó su preocupación por lo que definió como un contexto de negacionismo y retroceso de las políticas de memoria. También cuestionó los intentos de subordinar la Justicia a los tiempos y las conveniencias políticas.
“La independencia judicial no puede doblegarse ante ningún gobierno, ni el paso del tiempo convertirse en una forma de impunidad”, afirmó. A continuación, reclamó respuestas concretas y sostuvo que la obligación de juzgar los crímenes de lesa humanidad “no admite demoras ni claudicaciones”.
La búsqueda de identidad y el reclamo por los 30.000 desaparecidos
La Mesa recordó, además, que la búsqueda de justicia continúa mientras haya personas que desconozcan su verdadera identidad y familias que sigan buscando a sus seres queridos.
En ese sentido, reivindicó la lucha de las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo y remarcó la necesidad de continuar con la restitución de la identidad de las personas apropiadas durante la última dictadura cívico-militar.
“La restitución de la identidad de cada nieta y cada nieto apropiado durante la dictadura sigue siendo una deuda colectiva”, señaló la organización.
A 50 años del golpe de Estado de 1976 y al cumplirse un año de la sentencia de La Huerta, la Mesa reafirmó su reconocimiento a los 30.000 detenidos-desaparecidos, a los sobrevivientes, sus familiares y las organizaciones que sostuvieron el reclamo de memoria, verdad y justicia.
En el cierre del documento, la organización insistió en que los crímenes de lesa humanidad no pueden relativizarse y que la defensa de la democracia requiere un compromiso activo con los derechos humanos.
“No hay sentencia que clausure la memoria. No hay demora que deba detener la búsqueda. No hay discurso negacionista que pueda borrar las verdades conquistadas por décadas de lucha”, concluyó.
