La comunidad universitaria de Olavarría marchó por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario
La movilización reunió a autoridades académicas, estudiantes, trabajadores y representantes políticos y sindicales. El reclamo incluyó la defensa de la educación pública, la soberanía y la democracia.
La comunidad universitaria de Olavarría participó este jueves por la tarde de la quinta Marcha Federal Universitaria, una movilización que tuvo réplicas en distintos puntos del país y una importante convocatoria en el centro de la ciudad. El reclamo principal fue la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, junto con la defensa de la educación pública, la soberanía y la democracia.
La movilización contó con la presencia de autoridades de las facultades de Olavarría, integrantes de la Escuela Nacional Adolfo Pérez Esquivel, el Jardín Upalalá y representantes de los distintos claustros universitarios. También participaron el intendente municipal Maximiliano Wesner, integrantes de su gabinete, autoridades provinciales, representantes legislativos de diferentes espacios políticos, entre ellos el radicalismo, y referentes sindicales, comunitarios, culturales y educativos.
La jornada comenzó en la esquina del Centro Cultural Universitario, en el barrio Pueblo Nuevo, con actividades artísticas, intervenciones y un micrófono abierto. La Murga Arrebatando Lágrimas acompañó la convocatoria, mientras la cantidad de asistentes aumentaba con el correr de los minutos.
Posteriormente, la columna de manifestantes se concentró sobre la calle San Martín y avanzó durante más de dos cuadras, en un recorrido que atravesó los sectores de Pueblo Nuevo y Microcentro hasta llegar al Paseo Jesús Mendía. Allí se realizaron los principales reclamos dirigidos al Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei.
En ese lugar se leyó el documento titulado “Defender nuestros sueños, garantizar el futuro”, que estableció como ejes de la quinta Marcha Federal Universitaria la educación, la soberanía y la democracia.
El texto expresó el reclamo de la comunidad universitaria y de la ciudadanía para que el Gobierno nacional cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. En ese sentido, sostuvo que el Congreso de la Nación sancionó la norma y que el Poder Judicial declaró inconstitucional la pretensión del Ejecutivo de anularla, además de establecer una medida cautelar que exige el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6, referidos a salarios y becas.
El documento también cuestionó el incumplimiento de las leyes y de las medidas judiciales por parte del Gobierno nacional, y planteó la necesidad de derogar el DNU 70/23. Asimismo, convocó al Congreso a defender las instituciones y debatir las normas necesarias para el país.
Otro de los puntos centrales fue la situación presupuestaria de las universidades nacionales y del sistema científico-tecnológico. El texto advirtió sobre las dificultades para sostener las actividades de enseñanza, investigación y extensión, así como para garantizar el equipamiento, la infraestructura y las condiciones necesarias para que los estudiantes puedan continuar y finalizar sus carreras.
En relación con el presupuesto, el documento cuestionó el proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Poder Ejecutivo, al señalar que no contempla las partidas requeridas por la Ley de Financiamiento Universitario ni la recuperación de las pérdidas acumuladas en el sistema universitario y científico. Frente a ese escenario, mencionó la propuesta presupuestaria elaborada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que plantea un incremento del 33,4% respecto del proyecto oficial para las universidades nacionales.
La declaración también puso el foco en el deterioro de los salarios docentes y nodocentes, la negociación colectiva y las condiciones laborales, además de reclamar mejoras en las becas estudiantiles. En particular, señaló que las Becas Progresar permanecen congeladas en $35.000 desde 2024 y advirtió sobre la desinversión en otros programas de asistencia y formación científica.
Finalmente, el documento reivindicó el papel de la universidad pública en la movilidad social, la producción de conocimiento, el desarrollo regional y la soberanía nacional. La convocatoria concluyó con la defensa de una mayor inversión en educación, ciencia y tecnología, y con un llamado a garantizar el derecho a la educación y a una vida digna.
