El Colegio de Ingenieros bonaerense respaldó el financiamiento privado de caminos rurales, pero pidió obras con planificación técnica
La entidad sostuvo que la participación de productores puede ser una alternativa frente a la falta de recursos públicos. Advirtió que toda intervención debe ajustarse a la normativa vigente y contar con profesionales matriculados.
Mientras en distintos distritos bonaerenses, como Cañuelas, Azul y 9 de Julio, comenzó a discutirse la posibilidad de que productores agropecuarios se organicen para financiar y ejecutar el mantenimiento de caminos rurales, el Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires expresó su respaldo a la iniciativa, aunque advirtió que ese esquema solo podrá desarrollarse con proyectos elaborados y dirigidos por profesionales ingenieros matriculados.
El presidente de la entidad, Jorge O. Castellano, consideró que la participación del sector privado para financiar infraestructura puede representar una alternativa válida frente a la escasez de recursos públicos, aunque remarcó que ese aporte debe estar acompañado por planificación y criterios técnicos.
“Nos parece una oportunidad interesante que quienes pueden afrontar el costo de obras de infraestructura vecinales colaboren con su financiamiento. Pero esta posibilidad debe ser llevada a cabo con planificación, cumpliendo los procedimientos que establecen la normativa técnica y legislación vigente”, sostuvo.
Riesgos de intervenciones sin planificación
Según el comunicado difundido por el Colegio, una de las principales preocupaciones radica en las consecuencias que pueden generar las intervenciones incorrectas sobre los caminos rurales.
La entidad advirtió que modificar cunetas, alterar pendientes, cambiar perfiles o intervenir sobre el escurrimiento natural del agua puede provocar impactos no solo en el establecimiento donde se realiza la obra, sino también en predios vecinos ubicados aguas arriba o aguas abajo.
En ese sentido, Castellano explicó que cualquier proyecto de construcción o mantenimiento requiere estudios previos sobre el funcionamiento de las cuencas hídricas, la ubicación de alcantarillas, los cruces de cursos de agua, las características del suelo y las exigencias de tránsito de cada camino.
Además, señaló que no todos los caminos presentan las mismas necesidades y que cada caso requiere un proyecto específico, adecuado a sus condiciones de uso y a su planialtimetría.
La normativa vigente
El Colegio recordó que la provincia de Buenos Aires cuenta con un marco normativo que regula este tipo de intervenciones, independientemente de quién aporte el financiamiento.
En ese marco, Castellano mencionó que la Ordenanza General 165/73 establece la obligación de realizar estudios previos, elaborar los proyectos correspondientes, contar con la dirección de profesionales habilitados y obtener las aprobaciones técnicas y administrativas antes de iniciar cualquier obra.
También advirtió que el financiamiento por parte de cooperativas o consorcios rurales no exime del cumplimiento de las obligaciones legales que alcanzan a propietarios, ejecutores y autoridades estatales.
Evitar repetir errores
Para el titular del Colegio de Ingenieros, uno de los principales riesgos consiste en repetir prácticas que históricamente resultaron insuficientes para el mantenimiento de la red vial rural.
En ese sentido, cuestionó la idea de que el mantenimiento de un camino de tierra pueda limitarse al paso de una motoniveladora, al considerar que ese tipo de intervenciones generan soluciones de corta duración e incluso pueden agravar problemas hidráulicos que afectan la transitabilidad.
Por ese motivo, sostuvo que los caminos rurales deben integrarse en una planificación que contemple tanto la calidad de la construcción como la facilidad del mantenimiento futuro, con el objetivo de maximizar la durabilidad de las inversiones.
El rol de los municipios
La advertencia también estuvo dirigida a los gobiernos locales que evalúan habilitar este tipo de esquemas.
Desde el Colegio señalaron que la participación de los productores puede transformarse en una herramienta para ampliar la inversión en infraestructura siempre que los municipios exijan, durante todo el proceso, la intervención de profesionales de la ingeniería responsables de garantizar el cumplimiento de la normativa y la correcta ejecución de las obras.
La entidad consideró que, de lo contrario, podrían malgastarse recursos privados y producirse afectaciones hidráulicas o ambientales derivadas de trabajos ejecutados sin los estudios técnicos correspondientes.
Finalmente, Castellano sostuvo que el financiamiento privado puede constituir una solución frente a la falta de recursos públicos, aunque insistió en que solo será efectivo si las obras se desarrollan con planificación, proyectos adecuados, dirección profesional y dentro del marco legal vigente.
