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Varios municipios se suman a iniciativas para frenar la eliminación de la Zona Fría en la Provincia

Intendentes, organizaciones de consumidores y concejos deliberantes impulsan campañas, movilizaciones y reclamos ante una iniciativa que implicaría fuertes aumentos en las facturas de gas. El proyecto será debatido en el Senado en los próximos días.


El proyecto de ley impulsado por el Gobierno nacional para modificar el régimen de Zona Fría continúa generando rechazo en distintos puntos del interior de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa, que será tratada en el Senado en los próximos días, propone reducir el alcance geográfico del beneficio y regresar al esquema original establecido en 2002.

De acuerdo con la propuesta promovida por la administración del presidente Javier Milei, el régimen volvería a concentrarse en las provincias patagónicas, la región de la Puna y el departamento mendocino de Malargüe. De esta manera, quedarían excluidos millones de usuarios incorporados a partir de la ampliación realizada en 2021.

Según los datos difundidos, alrededor de 3,35 millones de hogares perderían el beneficio en distintas provincias del país. En la provincia de Buenos Aires, la medida alcanzaría a unos 1,24 millones de usuarios distribuidos en 94 municipios. Para esos hogares, las facturas de gas podrían registrar incrementos de entre el 40% y el 100%.

El actual esquema de Zona Fría se financia mediante un recargo del 7,5% sobre el precio del gas que pagan los usuarios de todo el país. Sin embargo, el Gobierno sostiene que durante 2025 los recursos recaudados resultaron insuficientes para cubrir los subsidios, lo que derivó en un costo adicional estimado en $200.000 millones, monto que busca reducir con la modificación del régimen.

Reclamos y acciones en los municipios

Frente al avance de la iniciativa, intendentes, organizaciones de consumidores y oficinas municipales de información al consumidor comenzaron a impulsar distintas acciones de rechazo.

En los últimos días se desarrollaron campañas de recolección de firmas en ciudades como Mar del Plata, Tandil, Olavarría, Bragado y La Costa. Las acciones son promovidas por las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) y entidades como la Liga de Consumidores, Usuarios y Amas de Casa, con el objetivo de presentar los respaldos reunidos ante el Congreso de la Nación.

Paralelamente, varios jefes comunales expresaron públicamente su oposición al proyecto. El intendente de Castelli, Francisco Echarren, cuestionó la iniciativa y destacó que incluso concejales que respaldaron al Gobierno nacional se manifestaron en contra de la eliminación del beneficio. En tanto, el intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, calificó la propuesta como una medida perjudicial para los usuarios.

Por su parte, el Foro de Intendentes Radicales anticipó que participará del denominado “frazadazo” previsto frente al Congreso durante el debate legislativo.

También se pronunció el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, quien planteó la posibilidad de avanzar por la vía judicial en caso de que prospere la quita del beneficio. Según expresó, solicitará el acompañamiento del Concejo Deliberante para impulsar acciones legales en defensa de los usuarios de esa ciudad.

Municipios alcanzados

Entre los distritos bonaerenses que podrían perder el beneficio de Zona Fría figuran Olavarría, Azul, Bolívar, Bragado, Tandil, Coronel Suárez, Bahía Blanca, Tres Arroyos, Trenque Lauquen, General Villegas, Junín, Laprida, Pehuajó, Pergamino, Saladillo, Tapalqué, Tornquist, Villarino, Monte Hermoso, Necochea, La Costa, Pinamar y Villa Gesell, entre otros.

Asimismo, la iniciativa alcanzaría a grandes centros urbanos como Mar del Plata y Bahía Blanca, dos de las ciudades con mayor cantidad de usuarios incluidos actualmente dentro del régimen.

De acuerdo con las estimaciones difundidas, más de 1,69 millones de hogares incorporados a la ampliación de 2021 perderían el subsidio, mientras que cerca de 1,8 millones de hogares ubicados en zonas consideradas de mayor severidad climática continuarían recibiendo el beneficio. La implementación final dependerá, además, del mecanismo de reempadronamiento que eventualmente se establezca.