Tres detenidos e indagatorias en la causa por millonarias estafas a la Cooperativa Eléctrica de Azul
Están acusados de “asociación ilícita”, “falsedad ideológica de documento privado y uso de documento falso” y reiteradas “estafas”. Hay un cuarto imputado que está prófugo. La causa es llevada adelante por la fiscal Paula Serrano.
Información: Diario El Tiempo
Durante la mañana de este jueves se llevaron adelante las declaraciones indagatorias de los tres detenidos en el marco de la investigación por maniobras de defraudación cometidas en perjuicio de la Cooperativa Eléctrica de Azul Limitada (CEAL), causa en la que también hay un cuarto imputado que permanece prófugo. Las audiencias comenzaron en la sede de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 6, a cargo de la fiscal Paula Serrano, quien había solicitado las medidas cautelares que se hicieron efectivas el miércoles por la tarde mediante procedimientos policiales desarrollados por la DDI Azul.
Las órdenes de detención fueron dispuestas por el Juzgado de Garantías Nº 2, a cargo del magistrado Federico Barberena, luego de evaluar el “extenso caudal probatorio” reunido por la fiscalía. La investigación se originó a partir de una auditoría interna realizada por la CEAL a comienzos de este año, que permitió detectar irregularidades y dar inicio a la causa penal.
Los detenidos fueron identificados como Neefer Eduardo “Gallego” González, Matías Horacio Rosas y María Laura Calandra. González, comerciante y propietario de una heladería ubicada en la esquina de Avenida Mitre y España, fue arrestado en ese mismo local. Calandra fue aprehendida en un edificio céntrico de Azul, sobre San Martín entre 25 de Mayo y Moreno, cuando llegaba al departamento que comparte con Rosas. Este último fue detenido en una quinta en las afueras de la ciudad, cerca del “Camino Viejo a Tandil”.
El cuarto investigado es Mario Miguel Garavelli, también comerciante. Su detención fue ordenada, pero hasta la mañana de este jueves no había podido ser localizado. Su defensa quedó en manos del abogado Luciano Di Pietro, quien presentó ante el Juzgado de Garantías un pedido de eximición de prisión que deberá resolverse en las próximas horas.
En paralelo, la pareja de empleados de la CEAL está patrocinada por la abogada María Fernanda Giménez, quien presentó un pedido de excarcelación extraordinaria para Calandra, argumentando su condición de madre de hijos pequeños.
Durante la mañana, González fue el primero en presentarse a declaración indagatoria conforme al artículo 308 del Código Procesal Penal. Asistido por la defensora oficial Mariana Mocciaro, optó por no declarar.
La causa imputa a los cuatro investigados los delitos de “asociación ilícita”, “falsedad ideológica de documento privado y uso de documento falso” y reiteradas “estafas”. Según la acusación, Matías Horacio Rosas —quien era responsable del área de Facturación de la CEAL— actuaba como jefe de la organización. Junto con su pareja, María Laura Calandra —empleada en Recursos Humanos de la Cooperativa— habrían montado un mecanismo que consistía en fraguar pagos de facturas de luz y agua de usuarios, en su mayoría comerciantes, para apropiarse de los montos abonados.
Entre mayo de 2023 y febrero de 2024, “María Laura Calandra, Matías Horacio Rosas, Mario Miguel Garavelli y Neefer Eduardo González, previo acuerdo de voluntades, tomaron parte en una asociación destinada indistinta y mancomunadamente a organizar de manera coordinada y a través de la división de tareas el cobro de facturas de energía eléctrica y servicio de agua de red a un gran número de usuarios de la Cooperativa Eléctrica de Azul Limitada en beneficio propio, al apropiarse ilegítimamente de la totalidad de los montos percibidos, ascendiendo el beneficio a la suma aproximada de ciento sesenta millones de pesos ($160.000.000)”, señala la resolución judicial que ordenó las detenciones.
De acuerdo con la imputación, Calandra ofrecía “falsos descuentos” a los usuarios, mientras Rosas creaba “notas de crédito” en el sistema y generaba “tickets de pago falsos que imitaban al original que emitía la CEAL”, valiéndose de sus claves de acceso y de los permisos de su cargo. El dinero era recibido “generalmente en efectivo” y en otros casos “vía transferencia”, pero nunca se ingresaba a las cuentas de la Cooperativa.
A partir de agosto de 2024, a estas maniobras se sumaron los comerciantes González y Garavelli. Según la acusación, con la “colaboración imprescindible” de ambos, comenzaron a ofrecer “descuentos especiales” a otros comerciantes, recaudar los pagos y entregarlos a Calandra.
Las maniobras no solo generaron un perjuicio económico a la Cooperativa, sino también a los usuarios involucrados, que debieron abonar nuevamente las facturas para evitar cortes del servicio una vez descubierto el ardid. En la causa se detalla además que González y Garavelli se beneficiaron “con porcentajes indeterminados y variables de los montos recaudados” y con “el pago o anulación en sistema a través de notas de crédito” de sus propias facturas comerciales y domiciliarias.
