En poco más de dos meses se iniciaron más de 200 causas por Violencia de Género y Familiar
Central de Noticias tuvo acceso a cifras y estadísticas de la fiscalía especializada, que ingresó en funciones el último mes de abril.
En la jornada del pasado 5 de abril Olavarría pasó a tener una fiscalía especializada en Violencia de Género y Familiar, una temática que hasta ese entonces era abordada desde una secretaría que se encontraba bajo la órbita de la UFI 10 de la doctora Viviana Beytía. Fue el Fiscal General Marcelo Sobrino quien resolvió que ese mismo equipo se abocara de manera exclusiva a esa problemática, para lo que reactivó la vieja UFI 5, que había quedado sin actividad tras la salida del fiscal Martín Pizzolo en el año 2015.
En esa resolución también se amplió su competencia, ya que bajo su jurisdicción quedarán además aquellos hechos de violencia familiar y/o de género que sucedan tanto en Laprida y La Madrid, a los que deben sumarse todas las causas de trámite iniciadas desde el 2013, fecha en que comenzó a funcionar en Olavarría la ya extinta Secretaría, que llamativamente en sus inicios también fue parte de la UFI 5.
Fue en 2018 cuando esa dependencia, liderada por la doctora Verónica Colombo, pasó a la UFI 10 y tener entonces la mayor parte del plantel actual. A inicios de este año un artículo publicado por este portal dio cuenta que en Olavarría se radicaban entre 6 y 7 denuncias diarias por violencia de género o familiar, situación que sirvió también para dar sustento a la decisión de poner en funciones una fiscalía especializada en la problemática, un proyecto que el Fiscal General Marcelo Sobrino tenía desde hace varios años.
Para dar un seguimiento a esta situación fue que Central de Noticias dialogó con fuentes judiciales para conocer cómo ha sido la labor de la UFI 5 desde el inicio de la flamante gestión. El primer dato resonante es que desde ese 5 de abril hasta el último 15 de junio se iniciaron 223 denuncias, lo que arroja un promedio de más de 3 causas diarias.
Otro dato que vale la pena dar cuenta es que han concretado 9 detenciones, una cuestión que vale ahondar ya que, como se ha explicado en reiteradas ocasiones, la mayoría de los delitos que se registran en contextos de violencia de género o familiar se tratan de figuras excarcelables, como lo son las “amenazas” o “desobediencias”, que es cuando una persona no acata una medida de abrigo como lo suelen ser restricciones o prohibiciones de acercamiento. En ese sentido, los acuerdos y convenciones a los que adhirió nuestro país permiten requerir y, más aún, avalar estas medidas contra los acusados.
Es en ese sentido también que sobresale el hecho que una docena de causas ya fueron elevadas a juicios y se emitieron condenas sobre otras 10. Por último, en lo que a repaso de cifras refiere, también es interesante que se han concretado 13 llamados a audiencias en términos del artículo 308 del Código Procesal Penal bonaerense, ocasión que permite no sólo la declaración indagatoria del acusado, sino también su procesamiento por los hechos.
Por último, se puso el acento en la importancia del trabajo coordinado y concatenado desde diversas instituciones. Para las sentencias o detenciones aludidas previamente es necesaria también la formación en perspectiva de género de instancias superiores, como lo pueden ser los Juzgado de Garantías o el Juzgado Correccional a la hora de definir una sentencia, pero también eso sucede en el abordaje e intervención previa que se realiza desde el Juzgado de Familia. También se mencionó a la Dirección de Políticas de Género, al Servicio Local, Casa Popular Valeria, comisaría De la Mujer y la Familia, Centro de Monitoreo y Estación de Policía Departamental de Olavarría.
