Los Palmares: un ruidoso recorrido de cuatro años que ahora investiga la Justicia
De 2022 a hoy, los boletos de compraventa firmados y el avance administrativo. Una carta documento clave que se conoció dos años después. Para el Municipio ya es “un conflicto entre privados”.
Este viernes se conoció el rechazo del Ejecutivo al proyecto urbanístico Los Palmares. Mediante un decreto del intendente Maximiliano Wesner quedó sin efecto un convenio que en noviembre de 2023 se había firmado entre la Municipalidad y el Fideicomiso que impulsaba el proyecto.
Central de Noticias repasó desde sus inicios este trámite que, en su versión pública y mediática, evidenció las irregularidades que ahora expuso el decreto 3.246 y las contradicciones de quien es la cara visible de la iniciativa, el empresario Lucas Torres.
Tal como se informó, el Ejecutivo presentó el caso al Ministerio Público Fiscal: fueron planteadas las irregularidades detectadas con el avance de las actuaciones administrativas. El caso avanza bajo la figura de “averiguación de presunto ilícito” a cargo de la UFI Nº 10 de Olavarría.
En ese expediente penal ya se solicitó información a los organismos estatales intervinientes, así como fueron citados a declarar vecinos implicados en las maniobras que expuso el Ejecutivo y que, ya eran conocidas incluso antes de que se firmara el convenio inicial con el Municipio. Según se dejó saber, hasta el momento las actuaciones no tienen imputados.
El avance
Desde la asunción del intendente Wesner, el proyecto Los Palmares estuvo bajo observación en el Municipio. Es que, si bien el convenio se suscribió a pocos días del final del mandato de Ezequiel Galli en el Ejecutivo -lo que en concreto dejó a la actual gestión a cargo del trámite-, las actuaciones se desarrollaban desde 2022.
Cabe recordar que la postura crítica de la gestión Wesner quedó explicitada oficialmente en el informe de auditoría que se dio a conocer el 30 de diciembre de 2024 donde se definieron como “llamativos” distintos puntos, entre los que se mencionaron diferencias entre el contenido del proyecto, la normativa habilitante y la información que se ofrecía a los interesados en un sitio web de los impulsores de la propuesta. Además, se dejó observada la conformación del Fideicomiso y el rol del empresario Lucas Torres.
No obstante, los trámites para la aprobación se habían iniciado en abril de 2022. Quienes se presentaron como propietarios fueron Lucas Torres y su esposa. Enmarcaron el proyecto en la Ley de Hábitat con el que presentaron un certificado de prefactibilidad que habilitaba el loteo de una de las dos chacras originalmente propuestas y presentaron un pedido de prefactibilidad firmado por el Intendente.
Paralelamente, se inició la venta de los lotes de Los Palmares a pesar de que la subdivisión de parcelas no estaba aprobada. Así de constató con los boletos de compraventa que presentaron los compradores en sus distintas instancias de reclamo al Municipio y al Concejo Deliberante. En esos boletos se mostraban como vendedores Lucas Torres y otra persona que no figuraba como propietario de la tierra. Los valores eran de entre 2.000 y 5.000 dólares.
A lo largo de 2022 la Municipalidad estaba al tanto de que esas operaciones se ofrecían y eran irregulares: en la web municipal se publicaban gacetillas de advertencia a los vecinos para que se informen antes de concretar pagos y firmas.
En agosto de 2023 se anunció el cambio de titularidad del proyecto ya que se presentó el “Fideicomiso Palmares Olavarría” con lo que algunos trámites tuvieron que volver a realizarse, entre ellos los planos. De esta manera, los nuevos responsables fueron Silvana Negri y Mariano Cortés Ramos.
El proyecto avanzó y en noviembre de 2023 se firmó el convenio urbanístico que ahora quedó rechazado. Con esa firma, el expediente pasó al Concejo Deliberante: Ezequiel Galli lo envió el 7 de diciembre, cuando faltaban tres días para finalizar su mandato como intendente.
En el Legislativo, el expediente fue enviado a comisiones para su tratamiento ya en 2024. Durante ese año se desarrolló la auditoría citada inicialmente. Al año siguiente, el Ejecutivo volvió a pedir el expediente y para ese entonces, ya constaban los boletos de compra venta que los mismos compradores habían presentado para fortalecer su postura en el reclamo por la aprobación.
En paralelo, durante varios meses de 2025 la Comisión de Infraestructura del HCD llevó adelante un exhaustivo trabajo de acceso a información y reunión con distintos actores vinculados directa e indirectamente al proyecto. Concluyeron en el rechazo, lo cual fue informado en octubre a los compradores.
Para ese momento, tanto Lucas Torres como Silvana Negri y Mariano Cortés Ramos habían admitido al Ejecutivo que se habían vendido lotes antes de la aprobación. Expusieron que buscaban sumar a los compradores al fideicomiso y que sus aportes con la adquisición de lotes se consideraban “a cuenta”.
En el caso de Torres reconoció públicamente en octubre de 2025 que se habían vendido lotes de manera irregular y buscó descargar la responsabilidad en un empresario inmobiliario local ya fallecido. No obstante, cinco meses antes el mismo Torres había negado enfáticamente la situación.
Una novedad un año y medio después
A inicios de 2026 el Municipio accedió a una carta documento -de agosto de 2023- que Fideicomiso Palmares Olavarría había enviado donde notificaba que había adquirido la tierra y que había una intención de “generar fraude” contra el propio fideicomiso y contra terceros por lo que pidieron un apercibimiento.
Fue justamente el hallazgo de este documento el que impulsó la presentación en la Justicia del Ejecutivo local ya que evidenciaba que, aún antes de que se suscriba el convenio entre el Municipio y el Fideicomiso, las irregularidades eran conocidas y expuestas.
Las novedades se esperan ahora desde ese ámbito: fuentes municipales definieron la situación actual como “un conflicto entre privados” que deberán resolverlo entre las partes. También se dejó saber que antes de emitir el decreto de rechazo hubo diálogo con la Provincia de Buenos Aires para verificar la viabilidad del expediente, pero desde los organismos bonaerenses se comunicó la misma visión: no puede sostenerse el encuadramiento en la Ley de Hábitat.
