El Gobierno impulsa un proyecto de ley para avanzar con nuevas desregulaciones en distintos sectores de la economía
La iniciativa contempla cambios en la venta de medicamentos, libros, garrafas, el mercado inmobiliario, el sistema financiero y la actividad agropecuaria. También propone modificaciones para el sector vitivinícola, cooperativas y traductores públicos.
El Gobierno nacional enviará en los próximos días al Congreso un proyecto de ley que impulsa un nuevo paquete de desregulaciones en distintos sectores de la economía. La iniciativa, elaborada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, busca otorgar respaldo legislativo a medidas que, en algunos casos, ya habían sido incorporadas mediante decretos de necesidad y urgencia.
Uno de los capítulos más relevantes del proyecto está vinculado con la comercialización de medicamentos. La propuesta habilita que los medicamentos de venta libre puedan exhibirse en góndolas y amplía las posibilidades de venta online con entrega a domicilio. Parte de estas modificaciones ya habían sido contempladas en el DNU 70/23, aunque su aplicación quedó parcialmente suspendida por medidas cautelares promovidas por entidades farmacéuticas.
La iniciativa también propone eliminar el régimen de precio uniforme para los libros. De aprobarse, cada librería podrá fijar libremente el valor de venta de un mismo título y aplicar promociones o descuentos sin las restricciones previstas por la normativa vigente.
En materia energética, el proyecto modifica el régimen del gas licuado de petróleo (GLP). El Estado dejaría de intervenir en la fijación de precios, márgenes de rentabilidad y cupos de producción o comercialización de garrafas, limitando su participación a los controles relacionados con la seguridad técnica.
El texto incorpora además cambios en el sistema financiero mediante la actualización de los regímenes de prendas y warrants. Entre las modificaciones previstas se encuentran la digitalización de garantías, la incorporación de activos virtuales como garantía de obligaciones, el reconocimiento de contratos inteligentes y firmas digitales, y la creación de un registro federal unificado de garantías.
El paquete también alcanza al sector agropecuario con la derogación de la ley de arrendamientos rurales. De prosperar la iniciativa, propietarios y productores podrán acordar libremente la duración de los contratos, el precio y las modalidades de pago, mientras que los convenios vigentes mantendrán las condiciones actuales hasta su vencimiento.
Otro de los puntos contempla modificaciones en la navegación y el cabotaje, permitiendo que embarcaciones extranjeras puedan realizar transporte interno mediante permisos temporarios y con un esquema progresivo de incorporación de tripulación argentina.
En el mercado inmobiliario, el proyecto elimina la obligatoriedad del título universitario y de la matrícula profesional para ejercer como corredor o martillero público, lo que permitiría que cualquier persona pueda intermediar en operaciones inmobiliarias.
La propuesta también redefine las funciones del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), que concentraría su actividad en el control del producto final, y dispone la disolución de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), cuyas funciones serían transferidas al organismo.
Finalmente, el proyecto elimina la obligación general de presentar traducciones realizadas por traductores públicos matriculados ante la administración nacional, salvo en los casos que determine la reglamentación, e incorpora cambios en el régimen tributario de las cooperativas. En este último caso, establece que aquellas con excedentes superiores a los 500 millones de pesos anuales deberán tributar el Impuesto a las Ganancias.
