El Gobierno busca derogar la Ley de Etiquetado Frontal y crece el rechazo de organizaciones de salud
La iniciativa eliminaría los octógonos negros en alimentos ultraprocesados y otras restricciones vinculadas a la publicidad y entornos escolares. Unas 300 organizaciones advirtieron sobre riesgos para la salud pública.
El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley para derogar la Ley N° 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida como Ley de Etiquetado Frontal, medida que generó un rechazo inmediato de organizaciones de salud, especialistas e instituciones académicas.
La iniciativa lleva las firmas del presidente Javier Milei, el ministro de Salud Mario Lugones y el jefe de Gabinete Manuel Adorni. Según se argumenta en los fundamentos del proyecto, la derogación apunta a reducir “limitaciones regulatorias y económicas” y avanzar hacia una armonización normativa con los países del MERCOSUR.
Entre los principales cambios, el proyecto propone eliminar los octógonos negros presentes en envases de alimentos y bebidas con exceso de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías. Además, dejarían de regir las restricciones a la publicidad de productos ultraprocesados dirigida a niños, niñas y adolescentes, las limitaciones al uso de personajes infantiles en envases y las regulaciones sobre entornos escolares saludables.
El argumento oficial vinculado al MERCOSUR está relacionado con la exportación de alimentos, aunque desde sectores críticos recuerdan que los productos igualmente deben cumplir las normas sanitarias del país de destino para poder comercializarse.
La Ley de Etiquetado Frontal había sido cuestionada desde su implementación por sectores de la industria alimenticia. Entidades empresarias como la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) sostuvieron en distintas oportunidades que la normativa no logró mejorar indicadores sanitarios y señalaron un impacto negativo sobre la actividad comercial.
La reacción de organizaciones de salud
En respuesta al proyecto oficial, unas 300 organizaciones difundieron un documento conjunto en el que advirtieron que la derogación implicaría “quitarle a la población una herramienta simple y efectiva para tomar decisiones informadas”.
Según señalaron, la eliminación de la ley no sólo afectaría los sellos de advertencia, sino también todo el esquema de protección asociado a la alimentación saludable.
Las organizaciones citaron datos de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud de 2019, según los cuales antes de la implementación del etiquetado frontal apenas el 13% de la población lograba interpretar correctamente la información nutricional tradicional ubicada en el reverso de los envases.
Además, difundieron estadísticas elaboradas por el Ministerio de Salud, UNICEF y FIC Argentina para respaldar sus cuestionamientos. Entre ellas, destacaron que el 90% de las personas considera que los sellos permiten identificar rápidamente productos poco saludables y que más de la mitad de la población modificó decisiones de compra en categorías como bebidas, yogures y galletitas tras la incorporación de los octógonos.
Otro estudio mencionado por las organizaciones indicó que el etiquetado frontal redujo la percepción errónea de que ciertos productos ultraprocesados eran saludables, particularmente en categorías como yogures, cereales de desayuno y jugos industrializados.
Respecto de la referencia oficial a la armonización con el MERCOSUR, los especialistas sostuvieron que en distintos países del bloque existen o se debaten regulaciones similares o incluso más estrictas, que deben ser respetadas para exportar productos alimenticios.
