La jueza Marta Elba Pascual advirti\u00f3 que el sistema bonaerense de privaci\u00f3n de libertad no cuenta con condiciones suficientes. La medida surgi\u00f3 de un habeas corpus colectivo.<\/p>\n\n\n\n
El Juzgado de Responsabilidad Juvenil N\u00b0 2 de Lomas de Zamora suspendi\u00f3 preventivamente por 60 d\u00edas la aplicaci\u00f3n de la Ley 27.801 en la provincia de Buenos Aires, que establece un nuevo R\u00e9gimen Penal Juvenil para adolescentes de entre 14 a\u00f1os y el momento previo a cumplir los 18 imputados por delitos.<\/strong><\/p>\n\n\n\n La resoluci\u00f3n fue dictada por la jueza Marta Elba Pascual en el marco de un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federaci\u00f3n de Familia Grande Hogar de Cristo,<\/strong> con el patrocinio de la abogada Patricia Liguori, en favor de adolescentes privados de su libertad en territorio bonaerense.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan el fallo, la implementaci\u00f3n de la nueva normativa podr\u00eda generar un aumento considerable de la cantidad de adolescentes privados de la libertad, tanto por el incremento de ingresos al sistema<\/strong> como por una mayor permanencia de quienes ya se encuentran detenidos.<\/p>\n\n\n\n Entre los cambios que incorpora la Ley 27.801 se encuentra la inclusi\u00f3n de adolescentes de 14 y 15 a\u00f1os al sistema penal, la exclusi\u00f3n de determinados delitos que hasta ahora no resultaban punibles y la aplicaci\u00f3n plena de la escala penal prevista en el C\u00f3digo Penal.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n Para la magistrada, esas modificaciones podr\u00edan producir un impacto progresivo en la cantidad de personas privadas de la libertad, aunque tambi\u00e9n generar efectos inmediatos debido a los cambios en los par\u00e1metros para las detenciones y las prisiones preventivas.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Los argumentos de la suspensi\u00f3n<\/p>\n\n\n\n Uno de los fundamentos centrales de la resoluci\u00f3n es que la Justicia no debe esperar a que se produzca una vulneraci\u00f3n efectiva de derechos fundamentales para intervenir. <\/strong>Pascual sostuvo que, al tratarse de ni\u00f1os y adolescentes, rige un principio precautorio que obliga al Estado a prevenir razonablemente situaciones de vulneraci\u00f3n grave.<\/p>\n\n\n\n En ese sentido, consider\u00f3 que existen elementos para presumir que podr\u00edan producirse violaciones de derechos si la nueva legislaci\u00f3n comienza a aplicarse<\/strong> sin que previamente se generen las condiciones materiales, institucionales y profesionales necesarias.<\/p>\n\n\n\n El fallo pone especial \u00e9nfasis en la situaci\u00f3n de los dispositivos bonaerenses destinados a la privaci\u00f3n de libertad. El expediente qued\u00f3 radicado en el juzgado por su vinculaci\u00f3n con otro habeas corpus colectivo referido al Centro Socioeducativo para la Privaci\u00f3n de la Libertad Ambulatoria de Lomas de Zamora.<\/strong><\/p>\n\n\n\n A partir de constataciones realizadas en ese establecimiento, la jueza hab\u00eda dispuesto limitar a 60 adolescentes la cantidad de personas que pod\u00edan ser alojadas all\u00ed, debido a que las condiciones de alojamiento no cumpl\u00edan con los est\u00e1ndares m\u00ednimos.<\/strong><\/p>\n\n\n\n La resoluci\u00f3n reconoce avances registrados durante los \u00faltimos a\u00f1os en infraestructura, alimentaci\u00f3n y provisi\u00f3n de agua potable. <\/strong>Sin embargo, sostiene que todav\u00eda no se alcanz\u00f3 un piso m\u00ednimo que permita garantizar que las condiciones de detenci\u00f3n no comprometan la responsabilidad internacional del Estado argentino.<\/p>\n\n\n\n La advertencia sobre el hacinamiento<\/p>\n\n\n\n La magistrada tambi\u00e9n analiz\u00f3 las posibles consecuencias de un incremento de la poblaci\u00f3n adolescente privada de la libertad <\/strong>sin una infraestructura adecuada.<\/p>\n\n\n\n \u201cNo respetar las condiciones m\u00ednimas de los derechos de los adolescentes detenidos tiene consecuencias futuras no deseadas para la propia sociedad\u201d<\/em>, sostuvo Pascual en el fallo. Luego agreg\u00f3: \u201cHacinar \u2018menores\u2019, tarde o temprano incrementa los niveles de inseguridad y violencia\u201d.<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, cuestion\u00f3 que una mayor severidad en las condiciones de encierro necesariamente contribuya a la pacificaci\u00f3n social. <\/strong>Seg\u00fan plante\u00f3, las condiciones en las que permanecen detenidos los adolescentes pueden influir en los niveles de violencia con los que regresen a la sociedad una vez cumplida la medida o condena.<\/p>\n\n\n\n La jueza se\u00f1al\u00f3 que su responsabilidad como integrante del sistema penal juvenil no se limita a garantizar los derechos de los adolescentes en conflicto con la ley penal, sino tambi\u00e9n a preservar los intereses de la comunidad a la que esos j\u00f3venes deber\u00e1n regresar.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Audiencia el 16 de septiembre<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s de suspender durante 60 d\u00edas la aplicaci\u00f3n de la Ley 27.801 en la provincia de Buenos Aires, Pascual convoc\u00f3 a una audiencia multiprop\u00f3sito para el 16 de septiembre a las 10, en la sala de juicios orales del tribunal.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Durante la audiencia, los responsables de las principales \u00e1reas del Poder Ejecutivo bonaerense con injerencia en la materia deber\u00e1n informar qu\u00e9 medidas fueron adoptadas para implementar la nueva ley,<\/strong> cu\u00e1les se encuentran previstas o planificadas y cu\u00e1les son los plazos establecidos para llevarlas adelante.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La jueza Marta Elba Pascual advirti\u00f3 que el sistema bonaerense de privaci\u00f3n de libertad no cuenta con condiciones suficientes. 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