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La resoluci\u00f3n responde a una acci\u00f3n judicial presentada por productores de la zona, que reclamaron precisiones sobre la utilizaci\u00f3n del dinero proveniente de las tasas que pagan para el mantenimiento de los caminos rurales. En un fallo un\u00e1nime, los jueces Mart\u00edn Laborde, Bernardo Fern\u00e1ndez de Villegas y Marcelo Enrique Pat\u00e9rnico, del Tribunal de Trabajo<\/strong> de la vecina localidad, consideraron procedente el planteo y obligaron al Municipio a brindar detalles.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan surge de la sentencia, se dispuso que la comuna deber\u00e1 “poner a disposici\u00f3n de los actores, en forma completa, veraz y adecuada” la informaci\u00f3n vinculada a la recaudaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de esos fondos. El objetivo es garantizar el acceso a datos clave para evaluar la gesti\u00f3n de los recursos<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n El conflicto tiene como eje central lo que consideraron una falta de claridad en torno al destino de la tasa vial<\/strong>, un tributo que los productores abonan con la expectativa de que se traduzca en mejoras en la infraestructura rural, especialmente en caminos.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n En el sector agropecuario, el reclamo por la transparencia en el uso de estos fondos no es nuevo<\/strong>. Desde hace a\u00f1os, entidades rurales vienen advirtiendo sobre la necesidad de que los municipios detallen c\u00f3mo se asignan esos recursos.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n En este caso puntual, los demandantes sostuvieron que no contaban con informaci\u00f3n suficiente para conocer si el dinero recaudado estaba siendo efectivamente destinado a los fines para los cuales fue creado el tributo. La Justicia, al analizar el planteo, entendi\u00f3 que exist\u00eda un derecho vulnerado en t\u00e9rminos de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica, lo que motiv\u00f3 la decisi\u00f3n de hacer lugar al amparo. El fallo establece un plazo concreto para el cumplimiento: 45 d\u00edas h\u00e1biles. En ese per\u00edodo, el municipio deber\u00e1 entregar la documentaci\u00f3n requerida, bajo los par\u00e1metros de integridad y veracidad exigidos por la resoluci\u00f3n.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n La medida judicial implica que la administraci\u00f3n local deber\u00e1 ordenar y sistematizar la informaci\u00f3n sobre ingresos y gastos vinculados a la tasa vial<\/strong>, algo que, seg\u00fan los productores, no estaba disponible de manera clara.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Entre los puntos exigidos, el municipio deber\u00e1 presentar los balances de los \u00faltimos 48 meses -incluidos los anuales y mensuales<\/strong>, con sus anexos y libros de ingresos y egresos-, la matriz de costos utilizada para fijar la tasa y la documentaci\u00f3n que respalda ese c\u00e1lculo. Tambi\u00e9n se le solicita un detalle de la red vial a su cargo<\/strong> -cantidad de kil\u00f3metros, caminos secundarios y terciarios y sus caracter\u00edsticas-, la extensi\u00f3n total del distrito con la discriminaci\u00f3n entre superficie rural y urbana<\/strong>, y el padr\u00f3n de propietarios<\/strong>. A esto se suma un informe completo de los ingresos municipales en los \u00faltimos cuatro a\u00f1os<\/strong>, desagregados por rubro, junto con ordenanzas impositivas, presupuestos y un detalle de las \u00faltimas diez intervenciones realizadas en caminos rurales<\/strong>, con precisi\u00f3n de tareas, costos y personal involucrado.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Para los demandantes, el pronunciamiento representa un avance en materia de control y transparencia<\/strong>. Consideran que permitir\u00e1 conocer con mayor precisi\u00f3n c\u00f3mo se gestionan los recursos que aportan.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Pablo Abd\u00f3n Torres Barthe, representante legal de los productores, se\u00f1al\u00f3 que la situaci\u00f3n es similar a la registrada en Baradero y Henderson, con fundamentos coincidentes. Seg\u00fan detall\u00f3, se trata de una estrategia que ya mostr\u00f3 resultados favorables en la Justicia en esos dos distritos con juicios finalizados a favor de los productores. “Lo importante es que estamos consolidando y normalizando la obligaci\u00f3n de los municipios de informar con claridad sus cuentas: cu\u00e1nto recaudan por la tasa vial, c\u00f3mo se utilizan esos recursos y qu\u00e9 criterios aplican en la matriz de costos para definir el valor del tributo. Ahora buscamos afianzar este camino para modificar la conducta de las administraciones locales y que comprendan que el ciudadano tiene herramientas para exigir explicaciones por fuera de la pol\u00edtica”, afirm\u00f3.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n En un principio, el objetivo no es ir por la discrecionalidad de la tasa vial, sino obtener pruebas oficiales sobre el destino de los fondos <\/strong>para luego s\u00ed interponer reclamos econ\u00f3micos o incluso penales.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n En paralelo, el caso vuelve a poner en agenda la discusi\u00f3n sobre la eficiencia del gasto en infraestructura rural<\/strong>, un punto sensible para la producci\u00f3n agropecuaria. En Azul hay alrededor de 1800 kil\u00f3metros de caminos rurales, entre provinciales y municipales, y representan un factor clave para la actividad: condicionan la log\u00edstica, el acceso a los campos y la salida de la producci\u00f3n. Por eso el destino de la tasa vial es un tema central para el sector.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n En l\u00ednea con lo ocurrido en Azul, en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires se repiten planteos similares<\/strong> por parte de los productores, que cuestionan tanto el estado de los caminos rurales como la escasa informaci\u00f3n sobre el destino de los fondos recaudados. En los \u00faltimos d\u00edas, en General Alvarado y Necochea <\/strong>productores bonaerenses avanzaron por la misma v\u00eda judicial contra sus municipios para exigir precisiones sobre el uso de lo percibido a trav\u00e9s de la tasa de red vial.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Para los productores, la sentencia podr\u00eda sentar un precedente para otros casos<\/strong> donde se cuestiona la administraci\u00f3n de recursos p\u00fablicos vinculados a las tasas de red vial. Con este fallo, la Justicia marca un l\u00edmite claro: la obligaci\u00f3n de transparentar el destino de los fondos<\/strong> como un deber que debe cumplirse en tiempo y forma.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n\n
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