\u00a0<\/p>\n\n\n
Tal como lo hizo la Direcci\u00f3n de Vialidad Nacional<\/a>, la empresa concesionaria de la Ruta N\u00b0 3, Corredores Viales S.A., ingres\u00f3 su respuesta -requerida mediante oficio- al expediente <\/strong>que se tramita ante el Juzgado Federal N\u00b0 2 de Azul en el marco de la acci\u00f3n de amparo presentada por el Municipio de Azul<\/a>.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n El informe fue firmado por el apoderado de Corredores Viales S.A.<\/strong>, Juan Mat\u00edas McCormick, y el abogado patrocinante de la empresa, Juan Carlos Mac Donnell. De esa manera, cumpliment\u00f3 con lo requerido por el juez federal Mart\u00edn Bava.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n En la contestaci\u00f3n, desde Corredores Viales S.A. puntualiza que, como empresa concesionaria<\/strong>, “para la prosecuci\u00f3n de su objeto -garantizar a las personas usuarias de los corredores viales su transitabilidad de forma segura-, CVSA administra fondos p\u00fablicos, por lo que su actuar se ajusta a normas de control propias de la Administraci\u00f3n P\u00fablica”<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Menciona que, “siendo Corredores Viales S.A. citada a este proceso, previo a todo tr\u00e1mite debe ordenarse el cumplimiento de la obligaci\u00f3n legal <\/strong>-imposici\u00f3n de orden p\u00fablico- de notificar a la Procuraci\u00f3n del Tesoro Nacional”. [Al respecto, fuentes del Ejecutivo azule\u00f1o consultadas ayer por EL TIEMPO se\u00f1alaron que “no corresponde” notificar al Procurador de la Naci\u00f3n, por lo que se solicitar\u00e1 a la Justicia Federal <\/em>que cite a audiencia a las partes involucradas en este proceso judicial: Municipio de Azul, Direcci\u00f3n Nacional de Vialidad y Corredores Viales S.A.].<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Los representantes de Corredores Viales S.A., adem\u00e1s, consideran -en el escrito presentado en el expediente- que “esta parte entiende que el Ente Municipal como tal carece de legitimaci\u00f3n activa <\/strong>para arrogarse derechos de los cuales no es titular. En efecto, basta con repasar el art. 43 de la Constituci\u00f3n Nacional el cual exige que cualquier amparo sea promovido por quien resulte ‘titular o afectado directo de un derecho o garant\u00eda constitucional'”. Y se a\u00f1ade: “La presentaci\u00f3n del Municipio no incluye en ning\u00fan momento el concepto de usuario como particular damnificado<\/strong>, sino que pretende actuar en representaci\u00f3n de los vecinos de la municipalidad”.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n En la misma l\u00ednea, apunta que el Municipio de Azul “no acredita ni acompa\u00f1a constancia alguna de mandato expreso para llevar a cabo su presentaci\u00f3n <\/strong>ni de una autorizaci\u00f3n individual o colectiva que lo habilite a litigar en defensa de derechos ajenos, am\u00e9n de tampoco acreditar da\u00f1o institucional propio (ni financiero, ni patrimonial, ni administrativo) que afecte su funcionamiento como \u00f3rgano de gobierno”.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Observa, asimismo, la acci\u00f3n de amparo promovida por el Municipio local: “La realidad indica que no corresponde la acci\u00f3n de amparo que pretende impulsar la actora<\/strong>, pues esta adem\u00e1s no cumple con los recaudos espec\u00edficos y necesarios para que dicha acci\u00f3n prospere”, y puntualiza: “no hay identificaci\u00f3n del colectivo afectado; no describe adecuadamente el objeto com\u00fan y no acredita representaci\u00f3n adecuada de la acci\u00f3n invocada<\/strong>. Ante la ausencia de estos requisitos b\u00e1sicos, el proceso deviene absolutamente inconducente<\/strong> para el intento que hace el Municipio de intentar canalizar intereses difusos o colectivos lo que trae como obvia conclusi\u00f3n que el municipio carece de legitimaci\u00f3n para accionar en estas actuaciones”.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/i0.wp.com\/cdnoticias.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/ruta-3-reclamo-azul.jpg?resize=800%2C450&ssl=1\")
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