<\/p>\n\n\n\n
En septiembre del a\u00f1o pasado, la ANDis public\u00f3 el decreto 843. <\/strong>Desde que en 1997 se reglamentara el otorgamiento de pensiones por invalidez laboral, distintas normativas hab\u00edan flexibilizado criterios para hacerlos acorde a lo que se\u00f1ala la Convenci\u00f3n de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este documento de Naciones Unidas, que en Argentina tiene rango constitucional, entiende que la discapacidad no impide trabajar, pero que a la vez las personas con discapacidad enfrentan barreras por las cuales es necesario brindarles una asignaci\u00f3n. Pero el decreto 843 retrotrajo la cuesti\u00f3n, en gran medida, a la normativa de 1997, cuestionada por Naciones Unidas.<\/strong><\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Junto con el decreto, la ANDis anunci\u00f3 que los beneficiarios de estas pensiones ser\u00edan evaluados,<\/strong> ya que an\u00e1lisis preliminares daban cuenta de inconsistencias. Precisamente, en los \u00faltimos d\u00edas beneficiarios de las pensiones comenzaron a recibir citaciones para que una junta m\u00e9dica los eval\u00fae. Con la supervisi\u00f3n del Ministerio de Salud y Pami, la ANDis anunci\u00f3 que se revisar\u00e1n 1 mill\u00f3n de pensiones.<\/strong><\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Para ello, en enero la ANDis sac\u00f3 una resoluci\u00f3n, la 187, que no solo vuelve a enfatizar criterios m\u00e9dicos para evaluar la discapacidad (los beneficiarios deber\u00e1n acreditar una \u201cinvalidez laboral\u201d del 66% en lugar del 76% de la normativa original). Adem\u00e1s, en el anexo de la resoluci\u00f3n se emplean t\u00e9rminos discriminatorios, como \u201cidiota\u201d, \u201cimb\u00e9cil\u201d y \u201cd\u00e9bil mental\u201d. Eso se incluye a la hora de describir \u201cretardos mentales\u201d.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Ante esta situaci\u00f3n, siete organizaciones de personas con discapacidad, lideradas por la Asociaci\u00f3n Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), presentaron un reclamo al Ejecutivo para que derogue la normativa.<\/strong><\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n T\u00e9rminos obsoletos<\/strong><\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n \u201cLas expresiones que usa la normativa refuerzan la discriminaci\u00f3n que ha existido hist\u00f3ricamente y a\u00fan existe para las personas con discapacidad.<\/strong> Son t\u00e9rminos obsoletos y peyorativos que implican una violaci\u00f3n directa a la Convenci\u00f3n, que en el art\u00edculo 8 establece el deber de los Estados de adoptar todas las medidas para fomentar el respeto y dignidad de las personas, luchar contra prejuicios y estereotipos. Usar estos t\u00e9rminos es contrario a los deberes que establece este art\u00edculo en cuanto a la lucha contra la discriminaci\u00f3n”, se\u00f1ala Eduardo Quiroga, abogado del programa Derechos de las Personas con Discapacidad de ACIJ.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n En esa l\u00ednea, Gabriela Troiano, presidenta de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI),<\/strong> califica el uso de esos t\u00e9rminos como un acto de \u201cviolencia institucional sin precedentes\u201d<\/strong>. La exdiputada nacional socialista (2013-2017) enfatiza que \u201ces un acto discriminatorio que muestra un profundo desconocimiento de las personas con discapacidad y de la normativa vigente en la Argentina sobre c\u00f3mo referirse a ellas. Hablar en t\u00e9rminos tan peyorativos que denostan a la otra persona es una terminolog\u00eda muy violenta. Si ya est\u00e1 escrito en una norma, es grave<\/strong>\u201d.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n LA NACION intent\u00f3 comunicarse por distintas v\u00edas con la ANDis para consultarlos sobre el uso de esos t\u00e9rminos, pero no han respondido las consultas. <\/strong>La agencia tampoco quiso hacer comentarios sobre la profundizaci\u00f3n de un modelo de pensiones que las organizaciones del sector se\u00f1alan como una involuci\u00f3n en materia de derechos.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n El problema de la \u201cinvalidez laboral\u201d<\/strong><\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n El comunicado de ACIJ resalta que “no hay personas \u2018inv\u00e1lidas\u2019 para trabajar, sino que todas pueden hacerlo en la medida que se les proporcionen los apoyos que requieren”.<\/strong><\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Quiroga profundiza: “Medir la incapacidad de las personas es en s\u00ed mismo discriminatorio porque reafirma la noci\u00f3n de que existen personas naturalmente improductivas e incapaces de desarrollarse en el mercado laboral, en lugar de considerar que todas podr\u00edan acceder a un empleo y desempe\u00f1arse adecuadamente en \u00e9l, si se implementaran las medidas de accesibilidad, si se proveyeran los apoyos y se realizaran los ajustes que ellas puedan requerir para hacer las tareas <\/strong>que tengan a su cargo”.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n El abogado adem\u00e1s advierte que la aplicaci\u00f3n del baremo adoptado por la ANDis refuerza un modelo de discriminaci\u00f3n,<\/strong> ya que implica que \u201chaya personas que por su diagn\u00f3stico m\u00e9dico o su situaci\u00f3n de salud sean consideradas directamente inv\u00e1lidas para el trabajo y, por ende, excluidas del mercado laboral\u201d.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n \u201cEsto va acompa\u00f1ado de un retroceso ideol\u00f3gico de la discapacidad desde el modelo m\u00e9dico. Desconocer el modelo social es limitar las obligaciones que tiene el Estado\u201d, agrega.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Una mirada social<\/strong><\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Troiano explica que, al otorgarse el Certificado \u00danico de Discapacidad (CUD),<\/strong> hasta ahora hab\u00eda \u201cuna junta evaluadora con asistentes sociales, psic\u00f3logos y un m\u00e9dico. Se tiene en cuenta la patolog\u00eda de la persona, pero se consideran tambi\u00e9n las condiciones sociales y econ\u00f3micas de la persona: d\u00f3nde vive, si hay transporte, si la calle es de tierra\u201d.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Troiano destaca que, dentro del modelo social de la discapacidad, \u201cotorgar una asignaci\u00f3n universal por discapacidad implica considerar las barreras ambientales que tienen en su lugar de residencia y en los lugares a los que debe recurrir,<\/strong> ya sea para atenci\u00f3n m\u00e9dica, para un centro educativo, a su trabajo o al cine\u201d.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Vinculado a esto, se\u00f1alan desde el colectivo, la asignaci\u00f3n por discapacidad (que corresponde al 70% de la jubilaci\u00f3n m\u00ednima, hoy ser\u00edan 191.160 pesos, m\u00e1s un bono de 70.000) responde a barreras y gastos adicionales que enfrentan las personas con discapacidad.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Otro aspecto criticado es la falta de consulta a las personas con discapacidad y sus organizaciones en la elaboraci\u00f3n de estas pol\u00edticas. <\/strong>Seg\u00fan Quiroga, \u201cesto incumple una de las obligaciones que establece la Convenci\u00f3n: garantizar su participaci\u00f3n en procesos vinculados a pol\u00edticas p\u00fablicas que tengan un impacto directo o indirecto en sus vidas\u201d. Quiroga a\u00f1ade que \u201chay un saber que es intransferible por las experiencias de vida de las personas con discapacidad. Si el Poder Ejecutivo Nacional hubiera garantizado la participaci\u00f3n de las personas con discapacidad, hubiera construido un mejor diagn\u00f3stico sobre las barreras que enfrentan, a sus gastos adicionales, a sus necesidades para una vida aut\u00f3noma, entre otras cuestiones esenciales\u201d.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Fuente: La Naci\u00f3n.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Organizaciones reclaman derogar una resoluci\u00f3n que discrimina y estigmatiza. 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