El Gobierno y las universidades acercan posiciones por salarios y podría destrabarse el conflicto
La propuesta oficial contempla una recomposición del 24,33% en dos tramos y refuerzos presupuestarios para becas y hospitales universitarios. Los gremios docentes definirán esta semana si aceptan la oferta.
El Gobierno nacional y las universidades públicas quedaron cerca de alcanzar un acuerdo que podría descomprimir el conflicto por el financiamiento del sistema universitario. La negociación gira en torno a una propuesta salarial presentada por la administración de Javier Milei, que deberá ser evaluada y eventualmente avalada por los gremios docentes.
Según trascendió, la oferta oficial contempla una recomposición salarial total del 24,33%, distribuida en dos etapas: un incremento del 21,33% de aplicación inmediata y un 3% adicional previsto para septiembre.
La propuesta también incluye otros compromisos presupuestarios para el sector. Entre ellos, una suba del 50% en las becas Manuel Belgrano, destinadas a estudiantes de carreras estratégicas, y una partida extraordinaria de $50.000 millones para hospitales universitarios.
De acuerdo con la información difundida, la propuesta fue recibida favorablemente por los rectores durante una reunión informal. Sin embargo, el acuerdo definitivo dependerá de la decisión de los gremios docentes, entre ellos Conadu y Conadu Histórica, que tienen previsto analizar la oferta en asambleas y consultas durante los próximos días.
Las organizaciones sindicales definirán una posición conjunta el miércoles. En caso de aceptación, quedaría sin efecto el paro nacional que, en principio, está previsto entre el 16 y el 20 de junio.
Fuentes gremiales señalaron que el incremento ofrecido representa una mejora significativa, aunque remarcaron que continúa por debajo de la pérdida salarial acumulada desde la asunción de Javier Milei, que estiman en alrededor de 45 puntos porcentuales.
Uno de los aspectos que no logró resolver la negociación es el conflicto judicial vinculado a la Ley de Financiamiento Universitario. Según trascendió, el Gobierno buscó que el sector universitario retirara la demanda presentada ante la Corte Suprema, aunque esa posibilidad fue descartada.
La norma, aprobada por el Congreso, nunca fue ejecutada por el Poder Ejecutivo, que sostiene que no establece de manera explícita las fuentes de financiamiento necesarias para su implementación.
Por su parte, la comunidad universitaria recurrió a la Justicia para reclamar el cumplimiento de la ley. La causa obtuvo una medida cautelar favorable a las universidades, ratificada en dos oportunidades, aunque actualmente permanece suspendida mientras la Corte Suprema analiza un recurso extraordinario presentado por el Gobierno nacional.
