La marcha universitaria en Olavarría reclamó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario
El documento leído en el Paseo Jesús Mendía apuntó contra el Gobierno nacional por el incumplimiento de la norma sancionada por el Congreso. También advirtió sobre la pérdida salarial y el desfinanciamiento del sistema educativo y científico.
Tras la llegada de la columna al Paseo Jesús Mendía, en el marco de la Cuarta Marcha Federal Universitaria, se realizó la lectura del documento consensuado a nivel nacional, en el que se reclamó al presidente Javier Milei la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y se denunció la situación presupuestaria que atraviesan las universidades públicas.
En Olavarría, el texto fue leído por Gustavo Flensborg, decano de la Facultad de Ciencias Sociales; Laura Ayesa, representante nodocente; Ludmila Adad, representante docente de Adunce; y los representantes estudiantiles Diego Tarántola, Julieta Mondragón y Lucía Sierra, en representación de las tres unidades académicas de la Unicen en la ciudad.
El documento sostuvo que las universidades públicas y el sistema científico nacional atraviesan una situación “crítica” producto del incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno nacional. Además, se remarcó que las transferencias a las universidades registraron “una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026”, afectando el funcionamiento de las instituciones y las condiciones laborales de docentes y nodocentes.
En el texto también se cuestionó la política salarial del Ejecutivo nacional y se indicó que entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 la inflación acumulada fue del 293,30%, mientras que los salarios universitarios aumentaron un 147,30%, lo que representa “una pérdida de poder adquisitivo del orden del 37,13%”. Según señalaron, la situación derivó en renuncias de personal formado, pluriempleo y dificultades en las obras sociales universitarias.
Otro de los puntos abordados fue el deterioro de las becas estudiantiles y de los programas de apoyo para el acceso y permanencia en la educación superior. El documento advirtió sobre el congelamiento de las Becas Progresar y el desfinanciamiento de las Becas Manuel Belgrano, además de la suspensión de las becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas (EVC).
Asimismo, se planteó una crítica institucional al Gobierno nacional por “ignorar” la Ley de Financiamiento Universitario y “desoír” fallos judiciales que ordenan su cumplimiento. En ese sentido, el texto afirmó que el conflicto “no es solo presupuestario”, sino que también involucra “la ruptura del acuerdo democrático de la división de poderes”.
Finalmente, el documento reivindicó el rol de la universidad pública como herramienta de movilidad social, desarrollo científico y producción de conocimiento, y concluyó con un pedido a la Corte Suprema para que intervenga ante el incumplimiento de la ley. “La universidad pública se defiende”, expresaron sobre el cierre del acto.
