Una presentación judicial busca frenar la licitación de las rutas 3 y 226
Es una medida cautelar por “inconstitucionalidad” impulsada por el intendente de Esteban Echeverría Fernando Gray. La decisión fue celebrada por el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial.
El intendente de Esteban Echeverria, Fernando Gray, presentó un amparo con medida cautelar por la inconstitucionalidad y nulidad de la Resolución 1843/2025 relacionada con los tramos Sur, Atlántico, Acceso Sur y Pampa de la Red Federal de Concesiones – etapa II que comprende la concesión de la autopista Riccheri-Ezeiza-Cañuelas y las rutas nacionales 3, 5, 205 y 226.
Dicha acción cayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 9, a cargo del Dr. Pablo Gabriel Cayssials.
La normativa nacional cuestionada en la acción judicial fue emitida por el Ministerio de Economía de la Nación el 20 de noviembre para llamar a “Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple N° 504-0013-LPU25 para la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento, prestación de servicios al usuario y la realización de nuevas explotaciones complementarias o colaterales que permitan obtener ingresos adicionales bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje en el marco de la ley 17.520 y sus modificatorias” de los tramos ya mencionados de rutas nacionales que incluyen la ruta 226, la cual pasa por Olavarría, y la ruta 3.
La decisión del jefe comunal fue celebrada por el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial desde donde se señaló que “coincidiendo con las constantes denuncias planteadas por el CONADUV respecto a la Red Federal de Concesiones (RFC), el Dr. Fernando Gray, Intendente de Esteban Echeverría, Buenos Aires, presentó un recurso de amparo con medida cautelar”.
“El CONADUV manifiesta que celebra y respalda la decisión del señor Intendente de Esteban Echevarría, Dr. Fernando Gray, con el objetivo fundamental de resguardar a los usuarios viales de los abusos que sufrirán con el plan del Gobierno Nacional denominado Red Federal de Concesiones (RFC) y con el cual se pretende continuar con un régimen de ´falso peaje´ que actúa como un impuesto al tránsito, claramente inconstitucional, injusto, e inviable y antieconómico, y que generará serios perjuicios sociales y económicos afectando a los usuarios viales directos e indirectos, y a toda la sociedad en su conjunto” se indicó.
Según se agregó “que un tema de importancia planteado en la acción judicial señalada, entre otros, es la falta de un Ente Regulador creado por Ley y que contemple la participación de los usuarios viales directos e indirectos”.
Desde el CONADUV se reiteró la necesidad de implementar un “verdadero Proyecto Vial libre de peaje, que contemple toda la red caminera del país, exhortando al Gobierno y a quienes nos representan, a que se reasignen en forma efectiva los recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles al objeto que le dio origen. De esta manera se puede lograr el sostenimiento y mejoramiento del Sistema Vial Argentino en condiciones óptimas de transitabilidad”.
