El Gobierno logró dictamen del Presupuesto 2026 y eliminaría el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad
El oficialismo consiguió el respaldo necesario en comisión tras negociar fondos con gobernadores dialoguistas e incorporó a último momento la eliminación de las leyes de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad.
El Gobierno nacional logró este martes imponer en el Congreso su dictamen del Presupuesto para el año próximo, que proyecta una inflación del 10,1% y un crecimiento económico del 5%. El aval fue alcanzado tras una negociación con gobernadores dialoguistas y con dos modificaciones de último momento: la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad, lo que confirmaría el ajuste en ambos sectores.
El dictamen obtuvo 28 firmas en la Comisión de Presupuesto, presidida por Alberto Benegas Lynch, y habilita al Ejecutivo a llevar el proyecto al recinto este miércoles. De aprobarse, el Presupuesto permitiría al presidente Javier Milei contar por primera vez, desde su asunción en 2023, con una pauta de gastos e ingresos aprobada por el Congreso.
La mayoría que permitió a La Libertad Avanza avanzar con el dictamen se conformó con votos del oficialismo, el PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal —espacio que representa a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones)—, el bloque Elijo Catamarca, alineado con Raúl Jalil, Producción y Trabajo, del sanjuanino Marcelo Orrego, y el bloque Independencia, vinculado al tucumano Osvaldo Jaldo.
En el marco de las negociaciones, el Ejecutivo utilizó Aportes del Tesoro Nacional (ATN), distribuidos de manera discrecional a provincias para afrontar situaciones excepcionales. En ese contexto, se asignaron 43 mil millones de pesos a Tucumán, Misiones y Chaco. Además, se incorporó el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares, solicitado por provincias con actividad minera.
A último momento, La Libertad Avanza incluyó en el artículo 75 del proyecto la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad, que si bien se encuentran vigentes no se aplican bajo el argumento de que no contemplan las partidas presupuestarias necesarias. La medida generó reclamos judiciales, uno de los cuales derivó en un fallo que obliga a aplicar la emergencia en discapacidad, actualmente apelado por el Ejecutivo.
De aprobarse el Presupuesto con ese artículo, el ajuste dispuesto por el Gobierno en esas áreas quedaría ratificado por ley.
Durante el debate se presentaron dos dictámenes de minoría, uno de Unión por la Patria y otro de Provincias Unidas. El PRO y la UCR acompañaron el dictamen oficial con disidencias, dado que habían votado previamente las leyes que ahora se propone derogar, posición que no fue replicada por otros bloques de la oposición dialoguista.
Desde Unión por la Patria, el diputado Pablo Yedlin calificó la derogación como una “falta de respeto institucional”. El dictamen de ese espacio propone garantizar el financiamiento universitario, la plena vigencia de la ley de emergencia en discapacidad y los fondos para la emergencia pediátrica, además de sostener el régimen de zonas frías, la automaticidad de las asignaciones familiares, la recomposición de ingresos jubilatorios y la actualización del bono previsional.
La disidencia del PRO incluyó también un reclamo por la deuda que la Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires, cuyo pago fue acordado con el ministro de Economía, Luis Caputo, tras un fallo judicial. No se presentaron reclamos similares por los fondos retirados a la provincia de Buenos Aires, que el gobernador Axel Kicillof estimó en unos 9 mil millones de dólares.
En cuanto a las proyecciones macroeconómicas, el proyecto prevé un tipo de cambio de 1.423 pesos para diciembre de 2026, un aumento del 10,6% en las exportaciones y del 11% en las importaciones. En materia fiscal, estima un superávit primario del 1,5% del PBI y un superávit financiero del 0,2%.
Asimismo, se proyectan incrementos en partidas sociales por debajo de la inflación prevista: 5% en jubilaciones, 17% en salud y 8% en educación, mientras continúa sin resolución el reclamo de las provincias por las cajas previsionales.
