Azul: una “asociación ilícita” que saqueaba en el cementerio y defraudó al Municipio

Hay cuatro imputados, dos de ellos empleados municipales y un tercero oriundo de Olavarría. La Justicia de Garantías debe resolver el pedido de elevación a juicio de la causa.

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La Justicia del vecino municipio de Azul se investiga una “asociación ilícita” que saqueaba en el cementerio, usurpaba bóvedas y defraudaba al fisco. El caso que lleva adelante la UFI Nº 6 a cargo de la fiscal Paula Serrano averigua hechos registrados entre 2019 y 2022 y ahora se elevó a juicio oral, medida sobre la que ahora debe resolver el magistrado titular del Juzgado de Garantías 2 Federico Barberena.

Hay cuatro acusados por los hechos, dos de ellos hermanos entre sí y empleados municipales. También un jubilado y un hombre que había sido condenado meses atrás a una pena única de un año y medio de prisión a cumplir como “coautor” de un intento de robo de placas que se produjo en la necrópolis azuleña en 2022.

Algunos de los delitos habían sido denunciados ante la Justicia desde la propia comuna y las demás fueron descubriéndose a través de presentaciones formuladas por familiares de fallecidos.

Los imputados

Edberto Rodolfo “Papín” Canosa, un olavarriense radicado en Azul que está jubilado y actualmente tiene 69 años de edad, es uno de los imputados.

Lo mismo sucede con un bolivarense que también vive en Azul y se dedica a la construcción, identificado en estas actuaciones penales como Gustavo Alberto Perrone. De 55 años de edad, ese hombre había sido uno de los dos condenados en un juicio oral cuyo veredicto se anunció en julio de 2024.

En aquel debate fue declarado “coautor” de un intento de robo de placas sucedido en el Cementerio Municipal de Azul el 22 de marzo de 2022, mismo día en el cual, intervención policial mediante, resultó aprehendido. Ese fallo para Perrone luego fue ratificado desde la Cámara Penal, a través de una resolución de septiembre de 2024. Pero como todavía no adquirió rango de firmeza lo decidido en esas dos instancias judiciales, la pena única dictada aún no se ha ejecutado y, por lo tanto, continúa en libertad.

De 54 años de edad, María Leticia Giammátolo es una de las empleadas municipales también investigada por esta serie de ilícitos sucedidos en el cementerio, del mismo modo que un hermano suyo llamado Néstor Antonio Giammátolo. Apodado “Juan” y de 51 años, a diferencia de su hermana -que de acuerdo con lo informado continúa en el Cementerio Municipal- ese hombre ahora está en el área de Servicios Públicos de la comuna.

Además de que esos tres varones y la mujer figuran acusados por asociación ilícita, a Perrone y al menor de los hermanos Giammátolo la Fiscal que instruyó esta causa los considera “coautores” de fraude en perjuicio de la administración pública (cuatro hechos), usurpación (dos hechos) y hurto, en concurso real. Canosa afronta cargos por fraude en perjuicio de la administración pública, dos hechos de usurpación, un hurto y una estafa, delitos también considerados desde la Acusación como cometidos por ese hombre “en concurso real de acciones”.

En tanto, en el escrito presentado a principios de este mes ante el Juzgado de Garantías 2 la fiscal Paula Serrano pidió que María Leticia Giammátolo sea citada a juicio como la probable autora de fraude en perjuicio de la administración pública y -pero en carácter de “partícipe primaria”- de usurpación (dos hechos) todo “en concurso real de acciones”.

“Asociación ilícita”

Construida sobre una sólida base, a través de versiones de testigos y con varias evidencias más, la hipótesis de la Acusación ubica a los cuatro encausados formando parte de “una asociación ilícita destinada a llevar a cabo distintos hechos delictivos en perjuicio de la administración pública y de particulares” desde el Cementerio Municipal de Azul.

En el marco de dicho accionar, situado como ocurrido desde 2019 hasta marzo de 2022, los hermanos Giammátolo, Canosa y Perrone actuaban “de manera organizada, con división de roles y funciones, llegando a concretar de esa manera diversos ilícitos”, puede leerse en la requisitoria de elevación a juicio elevada el pasado 2 de septiembre.

“María Leticia Giammátolo se valió de su condición de capataz del cementerio para contactar a particulares que solicitaban realizar reducciones de cadáveres y traslados”, se menciona en la requisitoria.

Al mismo tiempo, a su hermano esa mujer “había instituido ‘de hecho’ en la función que a ella le concernía”. De esa manera, “Juan” Giammátolo y Perrone “realizaban las tratativas con los titulares de las bóvedas y, a cambio de un precio, las tareas requeridas, completamente por fuera del circuito legal que imponía al solicitante acreditar el vínculo familiar, adjuntar la documentación requerida, suscribir declaración jurada donde se requería la tarea específica, denunciar el lugar de traslado, y en su caso datos de la empresa fúnebre, y abonar las tasas municipales correspondientes por movimientos, traslados y reducciones”. Esto último, considerando lo establecido por una Ordenanza de tipo impositiva. Más irregularidades denunciadas implicaban, “en otras ocasiones”, que también participara en estos ilícitos el ya mencionado Canosa.

En su caso -se menciona en las actuaciones penales- ese hombre contaba con “tareas de inteligencia en la Administración” de la necrópolis municipal que le hacía Perrone, con la finalidad de “detectar qué bóvedas tenían deuda y, en virtud de ello, podía presumirse la ausencia de familiares que asistieran al cementerio o pudieran reclamar”.

En ese contexto era que “se apoderaban de las mismas, vaciándolas completamente (acciones ejecutadas por Néstor Antonio Giammátolo y Perrone), para luego realizar este último tareas de refacción y, finalmente, disponer patrimonialmente Canosa de la bóveda restaurada y vacía”.

La investigación penal desarrollada permitió establecer que en uno de esos casos se llegó a concretar de manera irregular la venta de una bóveda, para lo cual fue necesaria también la “participación de María Leticia Giammátolo”, considerando la función que en la época mencionada ejercía en el Cementerio Municipal de Azul.

A modo de conclusión en esa extensa requisitoria de elevación a juicio vinculada con esta causa penal, para fundamentar su pedido de que los cuatro acusados sean juzgados la fiscal Serrano afirmó que “en el caso se observan cumplidos los requisitos típicos previstos para la configuración del delito de asociación ilícita”. “Los imputados -señaló sobre la existencia de dicha figura penal en este caso- formaban parte de un grupo de más de tres personas, quienes mediante la división de tareas previamente establecidas, con planificación y permanencia, tenían como objetivo y se dedicaban a llevar a cabo delitos indeterminados, aunque de similares características, como son el hurto, fraude en perjuicio de la administración pública y estafas hacia terceros y en sus beneficios”.

“Nos encontramos con un grupo de empleados municipales, que junto a terceros ajenos, pero que aparentaban ser empleados municipales, tenían como objetivo principal obtener un beneficio económico de la transacción con bóvedas por fuera del circuito legal, así como de disponer de cuerpos y/o elementos ubicados dentro de las mismas sin seguir los carriles administrativos, requiriendo para ello un estipendio, arrogándose permisos o facultades que no poseían ni les habían sido concedidas por excepción, en perjuicio de otros y de la administración municipal, durante un lapso considerable de tiempo”, sostuvo también la actual titular de la UFI 6.

Declaraciones y una nueva presentación

Durante octubre y noviembre del año pasado los acusados habían sido citados a sede judicial para ser indagados. En esas audiencias los tres varones y la mujer declararon, negando los delitos que pesan sobre ellos.

“Ante la contundencia de las probanzas en su contra, sus dichos no logran conmover en esta etapa la hipótesis construida desde este Ministerio Público Fiscal. Los elementos de convicción colectados demuestran el modus operandi por parte de María Leticia Giammátolo, Néstor Giammátolo, Gustavo Perrone y Edberto Canosa para llevar a cabo su accionar delictivo”, afirmó la fiscal Paula Serrano.

La requisitoria de elevación a juicio de esta causa penal incluye también una amplia descripción de cada uno de los hechos que les atribuyen a los cuatro acusados y consta una presentación que realizó el Subsecretario del Área Legal y Técnica de la Municipalidad de Azul el pasado 29 de agosto.

En su calidad de representante legal de la comuna, el abogado Roberto Dávila hizo alusión a un macabro hallazgo que se produjo en el interior de una dependencia del cementerio, la cual tenía su puerta soldada. Dentro de ese depósito, el mes anterior se encontraron “féretros con cuerpos y restos óseos sueltos que en principio no debían estar allí”.

Lo que se halló fue informado también a la Justicia, ante la sospecha de que tanto los cajones con cuerpos como los restos óseos que estaban dentro de ese depósito -cuya puerta en un principio había sido soldada- podrían tener relación con las situaciones investigadas a través de este expediente judicial.

“Estos restos, presuntamente, provienen de bóvedas o nichos y allí se advierte una posible conexión con los hechos investigados, ya que es posible conjeturar que se realizaba el vaciamiento irregular (sin debido registro y con la disposición de restos en lugares diversos) para la posterior utilización de esos nichos y bóvedas”, se sostuvo también en la requisitoria de elevación a juicio.

Fuente y fotos: Diario El Tiempo