Conflicto universitario: si el Gobierno veta la Ley de Financiamiento, habrá paro y Marcha Federal
Lo confirmó la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU). El paro será en todas las universidades del país, mientras que la Marcha Federal será en CABA.
La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) advirtió que, en caso de que el Gobierno nacional vete la Ley de Financiamiento Universitario aprobada recientemente por el Congreso, se llevará adelante un paro nacional en todas las casas de estudios del país y una Marcha Federal en la Ciudad de Buenos Aires.
La definición surgió del Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de CONADU, que resolvió por unanimidad profundizar el plan de lucha en defensa del presupuesto universitario. El plazo para que el Poder Ejecutivo rechace la normativa vence este jueves, por lo que las medidas de fuerza quedarían activadas de manera inmediata tras la oficialización de un eventual veto presidencial.
Según lo anunciado, el paro se realizaría el día posterior a la publicación del veto en el Boletín Oficial y estaría acompañado por una protesta frente al Palacio Pizzurno, sede del ex Ministerio de Educación. Además, la Federación anticipó que se impulsará una gran Marcha Federal, coincidiendo con la sesión parlamentaria que eventualmente deba tratar la reversión de la decisión presidencial.
En ese marco, el plenario ratificó la decisión de mantener acciones de visibilización del conflicto en todo el país durante las semanas previas a la movilización, con actividades locales y nacionales.
También se acordó desplegar una campaña en el marco del proceso electoral, con el objetivo de convocar a la ciudadanía a respaldar a la universidad pública a través de su voto.
El Secretario General de CONADU, Carlos De Feo, destacó que existe “un importante nivel de visibilización del conflicto universitario” y que los legisladores son conscientes de que “la población apoya mayoritariamente el reclamo universitario”. En esa línea, afirmó que la próxima Marcha Federal tendrá como objetivo “presionar para que diputados y senadores rechacen de forma definitiva el avance del Poder Ejecutivo sobre la voluntad popular que se expresa en el Congreso” y “poner un freno a la política de ajuste que pretende destruir la universidad”.
