Prisión preventiva para un hinojense acusado de vender cocaína
El imputado es empleado del Servicio Penitenciario. Fue detenido en marzo junto a otro acusado domiciliado en Vicente López. Serán alojados en cárceles del Servicio Penitenciario Federal. El origen del caso: un arresto en Olavarría que llevó al proveedor.
Fuente: Diario El Tiempo
Dos hombres imputados en una causa penal por venta de drogas que lleva adelante la Justicia Federal de Azul quedarán en prisión hasta que el caso llegue juicio: fueron dictados sus procesamientos y se ordenaron sendas prisiones preventivas. Uno de los hombres -que fue arrestado en la localidad de Munro, Vicente López- es considerado proveedor de estupefacientes y el segundo -oriundo de Hinojo, en Olavarría-, según la imputación, se encargaba de vender esa droga.
Las detenciones de los dos investigados, producidas el 21 y 22 de marzo, fueron convertidas en prisiones preventivas a través de una resolución que data del 7 de abril y lleva la firma de Gabriel Di Giulio, el titular del Juzgado Federal 1 con asiento en Azul.
Lo resuelto para los dos procesados por esta infracción a la Ley 23.737 incluyó que el juez trabara embargos de tipo “preventivo” sobre sus respectivos “bienes y/o dinero” por una cifra que en cada caso es de 8 millones de pesos, según se indica en lo decidido.
Juan Luis Alaniz -oriundo de la provincia de San Luis, domiciliado en CABA y de ocupación comerciante- se llama uno de los imputados, que tiene 49 años de edad. El otro investigado fue identificado como Martín Ariel López, un empleado del Servicio Penitenciario Bonaerense que figura con domicilio en Hinojo y tiene 42 años.
Las acusaciones
A través de lo resuelto por la Justicia Federal se implica que Alaniz es señalado como el probable autor del delito de “tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio o distribución”. Y para el efectivo del SPB su procesamiento fue ordenando por ser considerado autor del delito de “tráfico de estupefacientes en la modalidad de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”.
Desde hace más de un año ambos venían siendo investigados por la Justicia Federal azuleña. En ese contexto, agentes de la Subdelegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Olavarría habían hecho efectivas las detenciones a fines de marzo, medida solicitada por el fiscal Federal Santiago Eyherabide. Además, se habían realizado allanamientos en diferentes objetivos vinculados con ambos.
Esas diligencias derivaron en los hallazgos y posteriores secuestros de importantes cantidades de droga. En su gran mayoría, ladrillos de cocaína. López estaba con “carpeta médica” en el Servicio Penitenciario Bonaerense cuando su arresto se hizo efectivo en Hinojo el pasado 21 de marzo.
Alaniz, en tanto, había resultado detenido durante un procedimiento llevado a cabo al día siguiente en Munro, la localidad perteneciente al Partido de Vicente López donde posee un local comercial que también fue allanado. Y vinculados con ese presunto proveedor de drogas, más diligencias se hicieron en el inmueble donde reside en CABA -situado en el barrio de Mataderos- y en otro que está en la localidad de Villa Centenario, Partido de Lomas de Zamora.
Intervenciones telefónicas a celulares de los sospechados, análisis de movimientos de dinero en sus cuentas bancarias, registros fílmicos y tareas de campo realizadas por el personal policial le dan forma hasta el momento a un sólido plexo probatorio que continúa ubicando a ambos como los probables autores de esta infracción a la Ley 23.737.
A través de los respectivos delitos que les atribuyen, en un futuro juicio podrían ser condenados a penas que van desde los cuatro a los quince años de prisión.
Los orígenes de la investigación
Varios meses atrás, el primero en comenzar a ser investigado como un probable proveedor de estupefacientes había sido Alaniz. En un principio, esa pesquisa se llevó adelante desde la justicia ordinaria, hasta que posteriormente se declinó la competencia en las actuaciones que se habían iniciado y fueron remitidas a la justicia federal con asiento en Azul.
El inicio de la Investigación Penal Preparatoria fue desarrollada desde la UFI 19 de Olavarría que está a cargo del fiscal Lucas Moyano. Se había analizado un teléfono celular hallado en poder de un hombre que fue arrestado por venta de drogas en nuestra ciudad.
Las comunicaciones halladas en ese móvil ya lo ubicaban a Alaniz proveyendo cocaína a diferentes punteros en la región centro de la provincia de Buenos Aires. Concretamente, en Olavarría y localidades de la zona.
Tiempo después pudo determinarse que el comerciante oriundo de la provincia de San Luis había realizado varios viajes a Olavarría para traer la droga. Los últimos arribos a nuestra ciudad ya tenían como destinatario de las entregas de sustancias estupefacientes al agente del Servicio Penitenciario Bonaerense.
A través de esos viajes se supo que, cada vez que venía a Olavarría, el comerciante detenido en Munro el pasado 22 de marzo lo hacía en su vehículo particular. Y que en aquellas ocasiones un sujeto le hacía de apoyo circulando por la ruta en otro rodado, con el fin de detectar posibles controles policiales para evitar que Alaniz -que traía la droga- fuera interceptado.
En la causa penal se menciona que el año pasado ese procesado hizo desde CABA seis viajes, durante los meses de septiembre y octubre, que tuvieron como destino las ciudades de Azul y Olavarría. Al mismo tiempo, más viajes pudieron comprobarse como realizados durante 2025 para proveer de estupefacientes al agente del SPB que se domicilia en Hinojo.
Según lo investigado, el penitenciario conocía a ese otro sujeto al que en un principio Alaniz también le proveía drogas en Olavarría.
Cuando Martín Ariel López resultó detenido semanas atrás en Hinojo, durante un allanamiento en su domicilio los policías incautaron tres panes de cocaína que pesaron en total algo más de dos kilos. También fueron hallados unos 72 gramos de flores de marihuana encontradas dentro de un táper que estaba debajo de un colchón, en uno de los dormitorios de la vivienda escenario de aquella diligencia.
Central de Noticias pudo confirmar que, también el día 21 de marzo se concretó un allanamiento en el bar del Club Unión de Hinojo, donde López también trabajaba. El resultado fue negativo.
En tanto, al resultar arrestado Alaniz en Munro los policías recogieron en su poder un teléfono celular. Y al ser requisado el vehículo en que se trasladaba se secuestró cerca de un millón de pesos.
A su vez, en los allanamientos en los inmuebles vinculados con este probable proveedor de drogas, uno de ellos un local comercial, se incautaron una máquina contadora de billetes, una balanza digital de precisión que contenía vestigios de cocaína, la llave de una camioneta RAM y una tablet.
Ninguno de los dos imputados había declarado cuando fueron traídos al Juzgado Federal 1 de Azul para cumplir con dichas indagatorias. En el caso de López, esa audiencia se desarrolló el 22 de marzo. Y Alaniz había sido indagado el día 24 de marzo.
Un proveedor y un vendedor de cocaína
“Las comunicaciones (telefónicas) revelaron que Alaniz viajaba regularmente desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta Olavarría para mantener encuentros con López“, se concluyó en lo decidido el pasado lunes por el juez Federal Di Giulio.
Ese magistrado afirmó también, contando con las evidencias aportadas por el fiscal Eyherabide, que “del análisis de las cuentas bancarias de Alaniz se constataron varias transferencias de dinero efectuadas por López durante los meses de mayo, junio y julio de 2024“.
“Todo lo expuesto permite inferir, con la verosimilitud que esta etapa exige, la existencia de un vínculo comercial ilícito entre Martín Ariel López y Juan Luis Alaniz, enmarcado en una estructura de tráfico de estupefacientes”.
Aquel 21 de marzo pasado en que el agente del SPB fue detenido en Hinojo pudo comprobarse que horas antes Alaniz -que se trasladaba en una camioneta RAM- y otro sujeto, al mando de otro vehículo, habían viajado hacia la localidad olavarriense para traerle parte de la cocaína que después sería hallada en su poder.
Juan Luis Alaniz registra un antecedente condenatorio: una pena de seis años y diez meses de prisión por el delito de “robo calificado por su comisión en despoblado y en banda” que le fuera dictada tiempo atrás.
A través de la resolución donde fueron ordenados su procesamiento y el del agente penitenciario, el juez Federal Di Giulio dispuso también que se consigan cupos para que ambos, desde los lugares donde en un principio han estado privados de sus libertades tras resultar detenidos, sean llevados a cárceles del Servicio Penitenciario Federal.
