La Comisión por la Memoria en reclamo por “vaciamiento de las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia”

Las medidas del Ministerio de Justicia, así como los despidos y cierres de empresas, la situación de jubilados y el avasallamiento del derecho de protesta fueron aspectos denunciados desde el organismo.

Al cierre de la sesión especial del HCD de Olavarría, Bruno Ferrante leyó el documento elaborado por la Comisión por la Memoria en el marco de este 24 de marzo.

Expuso el reclamo ante el “vaciamiento de las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia” con detalles de las medidas del Ministerio de Justicia de la Nación que impiden el normal desarrollo de las acciones de distintos organismos que resguardan y defienden los derechos humanos, entre ellos los juicios de lesa humanidad que actualmente se desarrollan.

Además, criticaron otros aspectos de la gestión nacional que derivaron en despidos y cierres de empresas, la situación de jubilados y el avasallamiento del derecho de protesta.

Puntualmente se expresó apoyo a los 96 trabajadores recientemente despedidos de la empresa Cerro Negro en Olavarría.

El documento

A 49 años del inicio de la última dictadura cívico – militar desde la Comisión por la Memoria de Olavarría reclamamos frente al vaciamiento de las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia por parte del gobierno nacional.

El desmantelamiento del equipo de Relevamiento y Análisis documental de los archivos de las Fuerzas Armadas que aportó evidencias a los juicios y del equipo de filmación de los juicios por crímenes de lesa humanidad (convenio entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales); falta de nombramiento en la dirección del Archivo Nacional de la Memoria a cargo del resguardo del archivo de la Conadep y de la Dirección Nacional de Sitios de la Memoria; desfinanciamiento de los sitios de memoria en todo el país; precarización laboral de los equipos e interrupción de obras; negativa a aportar información a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad en expedientes para localizar a niños apropiados.

Asimismo repudiamos que el 14 de marzo de este año por orden del secretario Alberto Baños las fuerzas de seguridad impidieron el ingreso a la Secretaría de Derechos Humanos a delegados, delegadas y 71 trabajadores y trabajadoras que no adhirieron al nuevo retiro voluntario propuesto por el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona. La decisión pone en riesgo los equipos que trabajan en los juicios por crímenes de lesa humanidad. Lo mismo ocurrió en el Archivo Nacional de la Memoria, ambos ubicados en el Espacio Memoria ex-ESMA. Estas medidas son acompañadas con discursos negacionistas por parte del gobierno nacional y acciones como la visita de legisladores del partido gobernante a genocidas condenados.

En esta línea se implementa también la destrucción de políticas públicas destinadas a garantizar derechos como el abordaje de la violencia por razones de género o la moratoria previsional; la suspensión del envío de alimentos a comedores por parte del Ministerio de Capital Humano; y el recorte de funciones del Instituto Nacional del cáncer. Alrededor de 60 personas murieron por la suspensión de medicamentos oncológicos.

A esto se suma que las universidades se encuentran reclamando por la recomposición salarial para docentes y no-docentes y por el presupuesto para garantizar el derecho a la educación superior pública, gratuita y de calidad.

En lo que corresponde al sector laboral el centro CIFRA de la CTA relevó que en 2024 se registraron 187.000 despidos y se produjo el cierre de cerca de 12.000 empresas. En lo local nuestra solidaridad para los 96 trabajadores despedidos de Cerro Negro el 20 de marzo (actualmente en conciliación obligatoria ) y los 200 trabajadores despedidos del gremio AOMA de varias canteras del partido de Olavarría.

Por su parte, uno de cada tres jubiladas y jubilados hoy son pobres en Argentina ya que el gobierno decidió que la jubilaciones sean variables de ajuste.

Frente a esta situación el gobierno nacional promueve la violencia y la represión anulando el diálogo democrático. Como ejemplo, la violencia policial ejercida brutalmente contra jubiladas jubilados y manifestantes durante la movilización convocada el miércoles 12 de marzo en las inmediaciones del Congreso de la nación.

El resultado de dicha violencia institucional dejó 114 detenciones arbitrarias, chicos de 12 y 14 años demorados y precintados, y 40 personas heridas entre las que se encuentran Beatriz Bianco de 81 años y Pablo Grillo que se encontró luchando por su vida en el hospital Ramos Mejía. No conforme con eso la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el Presidente Javier Milei justificaron la violencia institucional al unísono de medios de comunicación afines a su lógica autoritaria y criminalizando el derecho constitucional a la protesta. Derecho garantizado por la jueza Karina Andrade con la liberación de las personas detenidas quien fue blanco de ataques por parte del Ministro de Justicia de la Nación.

Los derechos son conquistas de nuestro pueblo y nos toca defenderlos frente al avasallamiento de un gobierno que promueve la miseria planificada y la destrucción de la soberanía.

Por esta razón, la Comisión por la Memoria de Olavarría junto a organizaciones e instituciones que convocamos y adherimos a la Semana de la Memoria, invitamos a la comunidad a manifestarnos en las calles de Olavarría a partir de las 18 horas porque la Memoria en marcha se multiplica. Memoria, Verdad y Justicia.