Un juez suspendió la transformación del Banco Nación en sociedad anónima
Prohibió toda acción administrativa tendiente a su implementación hasta que se resuelva la cuestión de fondo. El decreto cuestionado establece que el BNA habilita el ingreso de capitales privados. Además, hay un proyecto de ley de La Bancaria en el Congreso.
La justicia federal de La Plata ordenó la suspensión del decreto 116/2025, que dispuso la conversión del Banco de la Nación Argentina (BNA) en una sociedad anónima, y prohibió toda acción administrativa tendiente a su implementación hasta que se resuelva la cuestión de fondo. La medida cautelar interina fue dictada en el marco de una causa en la que se cuestiona la legalidad de la privatización de la entidad.
El fallo, firmado por el juez Alejo Ramos Padilla, sostiene que la transformación del BNA en sociedad anónima podría contradecir lo establecido por la Ley 27.742, conocida como ley Bases, que explícitamente excluyó al banco de la lista de entidades sujetas a privatización. Además, resaltó que cualquier cambio en la estructura jurídica del Banco Nación debe ser aprobado por el Congreso Nacional.
La medida se adoptó en respuesta a una presentación de un grupo de trabajadores del banco, entre quienes se encuentra Juan Honorio Guerrero Iraola, quienes argumentaron que el decreto firmado por el Poder Ejecutivo representa un “intento solapado” de privatización. En su resolución, el magistrado destacó que el BNA es una entidad autárquica cuya creación y eventual modificación corresponde exclusivamente al Poder Legislativo, y que el Ejecutivo podría haber excedido las facultades delegadas por el Congreso.
El decreto cuestionado establecía que el BNA pasaría a operar bajo la normativa de la Ley 21.526 de Entidades Financieras y enmarcaba la transformación dentro del proceso de reorganización estatal promovido por el Gobierno. Asimismo, habilitaba al Ministerio de Economía a suscribir el capital social de la nueva sociedad y a dictar las normas complementarias para su funcionamiento.
El juez consideró que la medida cautelar interina era necesaria ante la posibilidad de que la transformación del banco en sociedad anónima derive en la pérdida de su carácter público y permita la eventual incorporación de capitales privados, lo que podría generar “consecuencias jurídicas, económicas y sociales irreversibles”.
José Luis Iturralde: “Creemos que es el paso previo a la privatización”
En su fallo, Ramos Padilla recordó que la propia administración del BNA y el Estado Nacional habían solicitado previamente que se declarara abstracta la cuestión, dado que la privatización había sido descartada durante el debate parlamentario de la Ley Bases. No obstante, la reciente publicación del Decreto 116/2025 reavivó la controversia, lo que llevo a los demandantes a solicitar la intervención de la Justicia.
La decisión judicial establece que el Estado Nacional y el Banco Nación deberán abstenerse de ejecutar cualquier acción tendiente a aplicar el decreto y les otorga un plazo de cinco días para presentar un informe detallando el interés público comprometido en el caso.
Proyecto para anular la decisión presidencial
Los diputados nacionales y referentes de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo y Carlos Cisneros, presentaron un proyecto de ley para derogar el Decreto N° 116/2025 del gobierno de Javier Milei, que transforma al Banco Nación en una Sociedad Anónima (S.A.).
El proyecto elaborado por el secretario general del sindicato a nivel nacional y el referente de La Bancaria en Tucumán, busca declarar la nulidad de todos los actos realizados en la entidad a partir de la publicación del Decreto y garantizar que el Banco Nación continúe siendo una institución propiedad del Estado Nacional.
Cisneros y Palazzo argumentan que la transformación en S.A. es el “paso previo a la privatización” y que, “contraría el fin social” de la entidad, debilitando su rol como motor de la economía y herramienta de las PyMEs.
El proyecto remarca que “la constitución en una Sociedad Anónima es profundamente desacertada y, además, peligrosamente irreversible”, señalan los diputados en los fundamentos del proyecto, criticando la falta de argumentos que justifiquen la medida establecida por el Presidente de la Nación en las horas previas a su viaje a Estados Unidos.
Por otra parte, la iniciativa legislativa destaca la voluntad histórica del Congreso de la Nación de proteger al Banco Nación de los procesos de privatización, recordando la Ley 25.108 que lo excluyó expresamente de la privatización durante la década del 90′. Algo que se repitió en la Ley de Bases aprobada por el parlamento en 2024.
Palazzo y Cisneros afirman en el texto que, “el Banco Nación no debe ser privatizado ni convertido en S.A. porque posee una inconmensurable función social”, subrayaron y resaltan su importancia para la inclusión financiera, el acceso al crédito y el desarrollo económico del país.
Los referentes sindicales concluyeron que el Banco Nación, lejos de ser una entidad deficitaria, genera ganancias en la actualidad, por lo que su privatización o transformación en S.A. resulta carece de justificación.
Fuente: Ámbito y Mundo Gremial
