La Cámara de Apelaciones de Azul habilitó la prisión domiciliaria sin control electrónico

Fue en favor de Marcelo Isidro Rodríguez y después de reiterados pedidos de su defensa. En diálogo con Central de Noticias el acusado expuso sus acusaciones contra funcionarios judiciales.

A fines de septiembre se había dictado una pena de 6 años de prisión contra Marcelo Isidro Rodríguez que incluía la morigeración de la medida con la habilitación del cumplimiento en su domicilio.

En su casa habló con Central de Noticias junto a su representante legal, Jonatan Oliva. Planteó lo sucedido en términos de “persecución y guerra judicial” en su contra. Habló de cómo él fue parte de las acusaciones contra funcionarios policiales y del sistema judicial local y departamental para sostener que a partir de allí lo involucraron “en una veintena de causas”. Subrayó su inocencia: “no tengo un antecedente. Todo esto es para ensuciar y seguir ensuciándome”.c

En septiembre, el imputado accedió a un juicio abreviado y así fue condenado por el Tribunal Oral Nº 1 de Azul por diversos delitos, entre ellos la comercialización de drogas. Pasó más de un mes desde ese fallo para que efectivamente pudiera llegar a su domicilio en nuestra ciudad: en la noche del 8 de noviembre fue trasladado desde la Unidad 7 de Azul donde estuvo detenido desde el 6 de septiembre.

Jonatan Oliva detalló la continuidad de presentaciones para lograr que se efectivizara lo acordado con la Fiscalía al definir el juicio abreviado. Tal como se había informado, la Cámara de Apelaciones y Garantías de Azul había dictado la orden de cumplir con la detención domiciliaria en los últimos días de octubre. La batalla legal de la defensa de Rodríguez continuó con recursos de hábeas corpus interpuestos ante el propio Tribunal nº 1 y la misma Cámara Departamental sucesivamente.

El argumento en todos los casos se centra en el estado de salud del imputado quien padece “cáncer de páncreas”, tal como consta en uno de los fallos. En esas sucesivas presentaciones se llegó al 8 de noviembre, día en que se dictaron dos disposiciones contradictorias.

“Sentamos un precedente en la Cámara muy importante. La Cámara otorgó de forma efectiva la domiciliaria, con custodia dinámica policial, porque las cuestiones meramente burocráticas no pueden jugar en perjuicio del imputado” dijo el doctor Oliva en referencia a la respuesta del Servicio Penitenciario que había informado la falta de disponibilidad de pulseras electrónicas para hacer efectiva la morigeración de prisión. A su vez avanzó a cuestionar el accionar de la Dirección de Monitoreo Electrónico dependiente del Servicio Penitenciario: “¿por qué tiene que seguir esperando cuestiones meramente burocráticas o un negocio paralelo -que existe o podría existir- cuando en realidad se debía ser efectiva? Un tema de la salud, está por encima de cualquier cuestión meramente burocrática”.

Dos fallos contradictorios

A las 13.18 del 8 de noviembre, la Cámara -en un fallo dictado por el juez Damián Cini- sostuvo que “la demora en la implementación del sistema de monitoreo electrónico, lo que ha sido el valladar para la efectivización de la medida morigeratoria dispuesta por esta Alzada en fecha 29/10/2024, habilita a presumir -en el caso- que el cuadro grave de salud que ameritara la conformidad Fiscal (cáncer de próstata) podría agravarse; lo que colisiona con la naturaleza de la detención domiciliaria”. En consecuencia, hizo lugar al pedido de la defensa y pasó a “ordenar al Tribunal de Juicio la implementación inmediata de la morigeración de la prisión preventiva de Marcelo Isidro Rodríguez, oportunamente otorgada por esta Alzada, con control policial -bajo la frecuencia que estime la instancia- y bajo la garantía personal ofrecida por el Dr. Oliva Picaro, hasta tanto el sistema electrónico sea instalado en el domicilio”.

Pero pocos minutos después se expidió el Tribunal Nº 1. El fallo dice lo contrario: “rechazar, sin costas, la acción de Hábeas corpus”. El juez Joaquín Duba consideró que el dictado de la condena “permite válidamente tener por verificado un aumento en el peligro de fuga por cuanto la situación procesal del nombrado se ha visto radicalmente modificada”. Luego citó el fallo de Cámara que obliga a permitir la prisión domiciliaria de Rodríguez y se remitió al accionar de la Dirección de Monitoreo Electrónico dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense. Ese organismo fue notificado inmediatamente después del fallo condenatorio para verificar las condiciones de cumplimiento de la prisión domiciliaria y el 7 de noviembre estuvo efectivamente en la casa del condenado para hacer el “relevamiento técnico” aunque informó que “no disponemos de dispositivos electrónicos para efectivizar de manera inmediata” la medida y adelantó que “se dará curso a la inclusión del nombrado al Sistema de Monitoreo Electrónico tan pronto como se genere una vacante”. No obstante, el juez Duba consideró también que “no existe un agravamiento de las condiciones de detención que ameriten resolución favorable”. Con ello cuestionó los dichos de Rodríguez sobre su salud. El imputado había informado dos centros sanitarios en los que había recibido tratamiento por su enfermedad –Instituto Ipensa de La Plata y Hospital Italiano de CABA- desde los cuales se respondió que “no poseemos historia clínica” y que “no posee ningún dato en sus registros pertenecientes a Marcelo Isidro Rodríguez”, respectivamente. Además, se requirió la “muy urgente” revisación en el Hospital Municipal de Azul “Ángel Pintos” donde fue evaluado por un especialista en oncología clínica quien indicó que “solo consta el pedido de medicación oncológico. No consta administración de dicho tratamiento”. “Se impone destacar que en el largo derrotero del trámite de esta causa y desde el año 2019, el causante Isidro Marcelo Rodríguez alegó reiteradas veces ´descomposturas´ no probadas que convenientemente coincidieron siempre con los días previos o incluso el mismo de los varios debates fijados” cerró Duba.

Finalmente, se impuso lo dictado por el tribunal superior: Rodríguez accedió a la prisión domiciliaria en la noche del 8 de noviembre.

Jonatan Oliva señaló que esa sucesión de medidas en contrario es inédita: “el Tribunal, 20 minutos después resuelve cuando ya la Cámara había resuelto. Es algo que yo nunca lo vi en los años de trabajo. Lo he hablado con colegas, y tampoco”. Remarcó que al momento de emitir el fallo, el Tribunal ya estaba en conocimiento de lo dictado por la Cámara debido a que las notificaciones son automáticas y en simultáneo para todas las partes.

“Cuánto hace vengo denunciando las arbitrariedades del Tribunal de primera instancia” dijo para reiterar sus cuestionamientos de que “el Tribunal Criminal 1 avasalló todo tipo de derechos y garantías”. Tras recordar que el fallo condenatorio fue apelado al Tribunal de Casación de La Plata, Oliva sostuvo que Rodríguez “no perdió el estado de inocente. Él es inocente todavía. Tuvimos que recurrir a un acuerdo con el Ministerio Público Fiscal porque sabíamos de antemano que no estaban dadas las garantías para que ese Tribunal sea el que dicte una sentencia en un debate oral”. Agregó en referencia al acuerdo para el juicio abreviado que “con mucho tino el fiscal entendió que estaban acreditadas las patologías y que las condiciones daban para el otorgamiento de una prisión domiciliaria”.

Un camión secuestrado, el origen de la disputa

“Yo tengo un tratamiento, lo cual no lo estuve haciendo. Ahora recién estamos con las órdenes médicas y todo eso para poder empezar a tratarme de vuelta. La verdad que me complicó la vida, no solo en lo personal sino también en lo que es el nene que tengo que también tiene una enfermedad, lo tengo que tratar y depende de mí. A este Tribunal no le importó nada. Avasalló todos los derechos” dijo Marcelo Isidro Rodríguez. “Yo hace 17 años que vengo. No sé si se acuerdan, cuando se hizo tema de Saladino, Lazarte, Wilt, Verón que fueron destituidos. Bueno, fueron por mi parte. Y ahí es donde empezó la persecución y la guerra judicial” agregó.

Se refirió al destituido ex juez de Garantías y los ex funcionarios policiales. “Empezó cuando a mí me secuestran un camión y cuando lo fui a buscar a la Brigada estaba todo desarmado, habían vendido todas las partes. Ahí empecé yo a hacer el juicio, empezó como una guerra policial, la llevaron al Ministerio Público Fiscal y después al juez” contó. Recordó que en aquella sucesión de acusaciones, “´vos te metes con la familia´ me dijeron a mí. Gente del poder, familia judicial. Fueron 17 años. A mí me armaron la causa de droga en la cual había tres personas. La persona que dijeron que me administraba a mí la droga quedó libre a los 20 días. Quedé yo solo en la causa” afirmó.

Sobre el segundo imputado en esa causa, el abogado informó que “prescribió la acción penal” porque “estuvo prófugo durante más de 12 años”. Contrastó con el accionar de su defendido: “él siempre estuvo a derecho. Por eso el destrato con la persona que siempre estuvo derecho y que aún así se ordena la detención”.

“Nunca tuve un allanamiento, nunca me secuestraron el teléfono. Decían que vendo droga, ¿a quién? Es todo dicho de policía” afirmó Rodríguez quien insistió en sus acusaciones de “avasallamiento” contra los jueces del tribunales y de cámaras de Azul. “Denuncié a Duba, Raverta y Pagliere por avasallamiento”. Cuestionó las actuaciones aunque el abogado Oliva agregó una “excepción”, “en particular dos integrantes de la Cámara con cierto grado de imparcialidad, que resolvieron cuestiones favorablemente. Los jueces Echeverría y Cini. Ambos realmente hay que destacarlos. De hecho, hicieron efectivo con un precedente legal más que interesante, con custodia dinámica policial, la prisión domiciliaria”. “Logramos al menos una victoria justa” definió el abogado.

Rodríguez remarcó que tras el día en que fue detenido -el 5 de septiembre pasado- “en 48 horas yo estaba en el penal. No existe eso. Siendo una causa de 17 años y tres meses atrás. Esto ya tendría que estar prácticamente prescripto. Hasta el mismo expediente se perdió en el Tribunal y lo rehicieron de copia. Así que yo he tenido una persecución con este Tribunal, que es la misma que en su momento le tendré que dar. Hasta que yo no siente a un jury a estas personas, a estos sujetos, porque no les voy a decir magistrados. Voy a hacer todo lo que tenga que hacer mientras tenga la vida para llevarlo al jurado de enjuiciamiento como se merecen por el daño que hacen. No sólo a mí, a un montón de personas les han hecho daño. El que la hizo, que cumpla”.

“No puede ser que un magistrado tenga el poder de prácticamente de matarte en vida, porque si yo no hubiese hecho lo que hice, pelear y pelear, yo estaría ahí. Me revolqué y me bajé a firmar un abreviado para poder salir. Yo en mi vida vendí droga, no necesito esas cosas. Porque toda mi vida trabajé, soy responsable inscripto de hace más de 20 años. Todo mi patrimonio es blanco. No es la gran cosa pero es blanco. Entonces qué me van a decir que vendo droga” cerró Marcelo Isidro Rodríguez.