Desplazaron al sub jefe de la Policía Bonaerense: una decisión que coincide con una investigación de Bolívar
El miércoles 3 la Policía Federal allanó el domicilio particular del mayor Martín Rodríguez, secretario personal de Héctor Conrado Cisneros, segundo jefe de la Policía Bonaerense, quien fue removido de su cargo el viernes 5.
El comisario general Héctor Cisneros, hoy ex subjefe de la Policía Bonaerense, fue desafectado del mencionado cargo por Resolución N°257/24, a partir del 5 de julio de 2024, con una resolución firmada por el ministro de Seguridad, Javier Alonso. La “limitación en el cargo” de Cisneros se resolvió dos días después de que allanaran el domicilio de su secretario privado el mayor Martín Rodríguez.
Como ya se informó el pasado miércoles 3 la Policía Federal allanó cinco domicilios en el marco de una causa que investiga la Dra. Julia María Sebastián, titular de la Unidad Funcional Nº15 de Bolívar por un robo calificado del que fue víctima Daniel Flores en el mes de abril en su domicilio ubicado en el barrio Calfucurá.
El cambio de Cisneros se dio en medio de un clima agitado luego de que en la causa judicial en la que se investiga un robo cometido en esta ciudad fueran allanados los domicilios del comisario mayor Ariel Vallejos, quien fue desafectado de la División Delitos Especiales de Investigaciones de la provincia, cuyo cargo ocupaba al momento del hecho, el mayor Martín Rodríguez (secretario personal del general Cisneros) y la vivienda de Martín Ramos, quien resulta ser yerno del ex ministro Julio De Vido. Además, ese día ese requisó el domicilio de Gabriela Dumm y el Dr. Carlos Eduardo Villamarín también había emitido una orden de allanamiento para el domicilio de Diego Gastón Cruz, el cual tuvo resultado negativo porque este último no estaba en su hogar en el momento de la diligencia.
Cabe recordar que por el robo cometido en la madrugada del 10 de abril se encuentran tres personas detenidas: Paula Karina Fernández, presunta cabecilla de la banda; Carlos Francisco Rossi, un hombre vinculado a la ex SIDE y al ejército y César Manuel Almirón, gendarme retirado que es propietario de una empresa de seguridad privada llamada Neculman Group S.A.
El Gobierno bonaerense, tras la salida de Cisneros, designó al general Leandro María Sarlo, como subjefe de la Policía de la provincia de Buenos Aires. Hasta el viernes, Sarlo se desempeñaba como jefe en la Superintendencia del Instituto de Formación Policial que depende directamente de la jefatura policial de la Provincia de Buenos Aires que se encuentra a cargo del general Javier Carlos Villar, quién fue nombrado en ese puesto en el mes de diciembre. En el mes de febrero Villar y Cisneros quedaron ratificados en el cargo tras la publicación de un decreto que lleva las firmas del Gobernador Axel Kicillof, el Ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y el titular de la cartera de Seguridad, Javier Alonso.
Buscarían desplazar a la fiscal Sebastián
En esta resonante causa judicial se buscaría desplazar de la investigación a la fiscal Julia Sebastián, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº15. Se conoció durante el fin de semana, por fuentes no oficiales, que la defensa de uno de los imputados, el “ex SIDE” Carlos Francisco Rossi, estaría intentando la recusación de la fiscal bajo cuya dirección se desarrolla la investigación que, entre otros aspectos, permitió la detención de Rossi.
La maniobra procesal que procura la defensa busca no sólo desplazar de la causa y la investigación a la fiscal de Bolívar sino algo que va más allá de eso y que pone de manifiesto la impresionante trama de poder que existe en el caso. De progresar la medida la causa saldría del ámbito del Departamento Judicial de Azul para radicarse, presuntamente, en San Isidro.
Carlos Francisco Rossi, ex miembro de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), contaría en su defensa con el abogado Francisco García Mañón. Este letrado cobró notoriedad nacional en 2020 cuando estalló en San Isidro un escándalo judicial en el que resultó acusado, luego se entregó para pasar a ser “imputado colaborador” en la causa a cargo de Sandra Arroyo Salgado, titular del Juzgado Federal de San Isidro y que investiga las irregularidades cometidas desde una Fiscalía especializada en Delitos Complejos.
En esa investigación judicial se desentrama una compleja red delictiva integrada por fiscales, jueces y efectivos policiales, desarticulada por la participación Arroyo Salgado; García Marañón declaró en esa causa en calidad de testigo arrepentido y ello le valió una morigeración de su condena.
De confirmarse que se busca apartar a la fiscal Julia Sebastián, se terminaría por confirmar que el trabajo realizado desde la Fiscalía local, que permitió múltiples procesamientos y varias detenciones, avanza seria y firmemente. La recusación, de lograrse, permitiría exponer la causa a mantenerse en la impunidad, porque no es casual que se busque trasladarla al Departamento Judicial de San Isidro, donde el abogado está acusado de ser parte de la red antes descripta.
Si prospera la maniobra judicial se expondría sobremanera la gravedad del caso en cuestión, ya que la investigación amenazaría con descubrir una maraña de complicidades y organizaciones delictivas que exceden ampliamente el marco de un robo calificado y que involucraría a altos funcionarios policiales de la provincia de Buenos Aires, al menos de momento, con ciertas posibilidades de establecer vinculaciones políticas y de diversa índole.
Fuente y fotos: Diario La Mañana
