Centros de Acceso a la Justicia: el Gobierno cierra 81 oficinas, una opera en Olavarría
El ministro Cuneo Libarona anunció la baja definitiva de las sedes en que trabajaban 400 empleados en zonas vulnerables. Los consideró “ineficientes y un gasto para los contribuyentes”. Qué dice la resolución 178 del Ministerio de Justicia.
El Gobierno anunció el cierre de 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) en todo el país, la mayoría con asiento en la provincia de Buenos Aires. Sumados a cinco que ya habían bajado sus persianas, sólo quedarán 24 de los 110 que había al inicio de la gestión de Javier Milei.
Como en los CAJ trabajaban cientos de personas, entre administrativos, psicólogos, abogados y trabajadores sociales, el cierre de estas 81 oficinas sumará nuevos despidos a los ya registrados en el área hasta la fecha.
Una de las oficinas funciona en Olavarría. Los centros se encargan de brindar atención legal primaria a la población para garantizar el acceso a la Justicia. De acuerdo a datos oficiales, recibieron 623.782 consultas entre enero de 2020 y octubre de 2023, alcanzando a más de 340 mil personas en todo el país.
Según anunció el Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, el cierre se concretará en las próximas horas luego de una auditoría que los consideró “ineficientes y un gasto para los contribuyentes”.
En la resolución 178 de la semana pasada se informó el funcionamiento de 105 CAJ en el país donde trabajan 400 empleados, de planta y contratados. El Ministerio sostuvo que observó “un sobredimensionamiento excesivo” y señaló, entre los problemas detectados “mucha actuación política ajena a su labor”.
— Ministerio de Justicia (@jusgobar) June 10, 2024
“El Ministerio de Justicia informa que, como resultado de una auditoría interna que la cartera realiza desde el mes de se cerrarán 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) que brindaban de manera ineficiente servicios propios del Poder Judicial y otras dependencias”, anunciaron desde la cartera a través de un comunicado publicado en sus redes sociales titulado “Se cierra otra caja política”.
En este sentido, desde el ministerio expresaron que estas dependencias estatales acumulaban empleados de distintas gestiones anteriores en dependencias alrededor de todo el país, “sin demostrar resultados y duplicando funciones”.
“Éstos le costaban a los argentinos más de 8 mil millones de pesos por año, algo que en la nueva etapa que vive nuestro país ya no puede ocurrir más”, sentenciaron desde la cartera.
Actualmente, en la provincia de Buenos Aires hay alrededor de 60 centros. Además de varios distritos del conurbano, Dolores, Junín, Pergamino, Olavarría, Mercedes, Mar del Plata y San Nicolás cuentan con CAJ.
La resolución 178
Con fecha del 6 de junio de 2024, el Ministerio de Justicia emitió la resolución 178 donde se instruye a la Subsecretaría de Acceso a la Justicia a “iniciar el plan de ordenamiento y mejoramiento de los Centros de Acceso a la Justicia” y a “implementar un sistema eficiente de acceso a la justicia que dé una respuesta a la comunidad, reforzando aquellos canales de atención no presenciales actualmente disponibles en el ámbito de la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia sin que ello implique erogación presupuestaria alguna”.
En los considerandos de la medida firmada por el ministro Mariano Cúneo Libarona se señala que “fueron individualizados y localizados” 105 Centros de Acceso a la Justicia en todo el territorio nacional, “con un total de 400 empleados aproximadamente. En cada oficina trabajan 2, 4 o 12 empleados”. Se señaló también que se halló el alquiler de 20 oficinas.
Asimismo, se expuso que “se ha llevado a cabo un relevamiento de cada uno de los CAJ, a fin de evaluar su estado, capacidad de funcionamiento y el logro de sus objetivos, de acuerdo a las distintas realidades tanto geográficas como sociales en las que se encuentran ubicados”. Con ello se observó “un sobredimensionamiento excesivo de la estructura funcional y de recursos humanos, arrendamiento de inmuebles de elevado costo, empleados en exceso, ineficacia e ineficiencia en la obtención de resultados concretos vinculados a la materia de su competencia, realización de trámites ajenos a su tarea (carga de la tarjeta SUBE, obtención de documentos, etc.), falta de capacitación de los empleados, su inasistencia al trabajo, mucha actuación política ajena a su labor (Bariloche, Quilmes y Lomas de Zamora son simples ejemplos), entre otras comprobaciones”.
La normativa agrega que “se comprobó que numerosos CAJ no han superado -ni siquiera alcanzado- la cantidad de consultas para los que fueron dimensionados, y que sus funciones e incluso competencias son realizadas o se encuentran superpuestas con las de otras dependencias públicas”.
“Sin dejar de advertir el loable objetivo que tuvieron en miras los CAJ en pos de facilitar el acceso a la justicia, no puede dejar de señalarse que desde la época de su creación a la fecha, nuestro país ha experimentado un profundo proceso de avance tecnológico que permite que los ciudadanos, en su gran mayoría, puedan acceder al mismo servicio que ofrecen los CAJ de forma totalmente digital y sin necesidad de concurrir de modo presencial a una dependencia estatal” advierte el Ministerio para concluir en la “necesidad” de poner en marca “un plan de ordenamiento y mejoramiento”.
En la misma resolución se adelantan algunos aspectos con los que la cartera de Justicia buscará suplir el servicio de los CAJ: “se implementará un sistema eficiente de acceso a la justicia que dé una respuesta a la comunidad, reforzando aquellos canales de atención no presenciales actualmente disponibles en el ámbito de esta cartera, sin que ello implique erogación presupuestaria alguna” se indica. Con ello se menciona la “reducción sustancial del número actualmente existente” de sedes, “fortalecer el servicio de atención de las líneas telefónicas 137 y 149, así como de las casillas de correo electrónico” con la labor de “abogados y psicólogos que se encuentran prestando funciones actualmente”.
