Para la Defensoría del Pueblo, las tarifas de gas serán “impagables y confiscatorias”

Lo dijo el secretario de Servicios Públicos del organismo provincial, Gastón Arias, quien participó de la audiencia pública convocada por Enargas. Adelantó que de aplicarse los precios pretendidos por las empresas, la Defensoría irá a la Justicia.

La Defensoría del Pueblo de la Provincia expresó su rechazo a los aumentos tarifarios del servicio del gas, los cuales consideró “irracionales y abusivos”.

La semana pasada se llevó adelante la audiencia pública convocada por el Enargas para que las empresas distribuidoras y transportadoras presentaran sus pedidos de suba de tarifas de gas y también representantes de usuarios expongan su visión del servicio. Se registraron más de 120 oradores y la audiencia se celebró en dos jornadas.

Uno de los expositores fue Gastón Arias, secretario de Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires quien durante la audiencia manifestó que las subas planteadas de al menos el 400% para el AMBA y de hasta el 1.700% para el Interior de la Provincia son “inviables”.

“Es inviable, irracional e inverosímil que una persona pague por lo menos cinco veces más el gas. Son cifras astronómicas y sin precedentes, ya que afectaría en algunos casos el total de los ingresos de las y los usuarios”, indicó Arias.

En una entrevista que cedió al programa Levantate por Radio Sapiens, Arias ratificó esos conceptos. Planteó que de aplicarse las tarifas que propusieron las prestadoras que se desempeñan en la provincia, “cada uno de los ciudadanos, de los vecinos, de las familias tipo prácticamente tendrán que usar todos sus ingresos para poder pagar los servicios básicos y esenciales como gas y luz”. Destacó que no sólo se contempla el aumento por vía de incremento tarifario, sino que en paralelo el Gobierno Nacional pretende la quita de subsidios. “Obviamente desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires en la participación que tuvimos en la audiencia pública nos opusimos a esto” subrayó.

Señaló que en la misma línea también expusieron el ministro de Infraestructura provincial, Gabriel Katopodis, y el secretario de Energía provincial, Gastón Ghioni. “El Gobierno de la Provincia se está oponiendo también a estos a incrementos” resumió.

Arias respondió que es “posible” que los usuarios de la provincia terminen pagando facturas de 150 mil pesos en invierno de aplicarse los cambios que proyecta el Ejecutivo Nacional y se efectivizan los aumentos de tarifas pedidos por las concesionarias. “Ante el planteo político del gobierno nacional de quitar todos los subsidios y aceptar las propuestas de las empresas, que han planteado entre un 400 y 700 % de incremento en la tarifa de gas, podría llegar a cifras realmente impagables”.

Para el integrante de la Defensoría, “las tarifas tienen que ser justas y razonables y solamente formar parte de una proporción lógica dentro de los ingresos de los ciudadanos”. En ese punto aludió a lo establecido en el llamado “fallo Cepis” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2016. Definió que se trata de “un fallo ejemplar”.

Con ello, apuntó a que en caso de registrarse la suba del servicio en los términos que pretende la Nación se concretarán “incrementos que son directamente impagables y confiscatorios. Van a generar a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas un daño patrimonial tremendo poniéndolos prácticamente en una situación confiscatoria en sus ingresos. A eso nosotros no lo vamos a permitir, nos vamos a oponer con todas las herramientas que tengamos. Podemos realizar pedidos ya formales en contra y si es necesario también acudiremos a la Justicia”.

“Creemos que vamos a ir camino a la judicialización, como está sucediendo con el DNU, con la Ley Ómnibus, porque no se pueden permitir estos atropellos que lleva adelante el Gobierno Nacional” enfatizó.

Luego, en referencia a la realización de la audiencia, el representante de la Defensoría señaló que “estamos en contra de esa forma de plantearse de la no vinculación de todo lo que se manifiesta. Hemos escuchado en todo el proceso de la audiencia pública prácticamente el 100% de todos los usuarios, las instituciones, asociaciones civiles que han participado y de los propios gobiernos de las provincias, el rechazo total” a los aumentos.

Gastón Arias agregó que también se contempla la eliminación del fondo que financia el subsidio llamado “Zona Fría” y que alcanza a usuarios de 90 municipios bonaerenses, entre ellos de Olavarría. “Todos los subsidios estarían afuera y las tarifas que se cobrarían serían plenas, con lo cual por eso decimos que los incrementos podrían rondar el 700% en algunos casos. Eso es escandaloso desde el punto de vista económico y fundiría a todas las familias de la provincia. Por eso nosotros hemos nos hemos manifestado enfáticamente en contra y por eso decimos también que vamos a estar con todas las herramientas que la Defensoría del Pueblo tenga a mano para defender los derechos de los ciudadanos” dijo.

En referencia a los pedidos de aumento de las empresas, el secretario de la Defensoría sostuvo que “las empresas permanentemente manifiestan que las tarifas están muy bajas y que necesitan incrementos”. Al mismo tiempo, contemplo que “todas estas empresas llevan décadas en las concesiones, y sin embargo prácticamente han manifestado siempre lo mismo: que no les alcanzan los valores de las tarifas, pero nunca dejan las concesiones. Con lo cual evidentemente ganancias tienen”.

Por último, Arias adelantó que la Defensoría del Pueblo provincial también se presentará en la audiencia publica convocada por el ENRE para el 28 de enero donde se analizarán aumentos tarifarios de electricidad.

Comunicado de la Defensoría

Tras la audiencia convocada por el Enargas, la Defensoría emitió un comunicado donde hizo hincapié en el rechazo a que las tarifas promedio terminen ubicándose en el orden de los 150 dólares, tal como lo buscan las empresas con la venia del gobierno, ya que esas son cifras apenas alcanzadas por el salario mínimo vital y móvil.

“No podemos aceptar que nos impongan tarifas impagables en los servicios esenciales. Va a ser un escenario explosivo en los próximos dos o tres meses porque el impacto será fenomenal en los bolsillos de las y los ciudadanos”, expresó Arias.

En esa línea, también cuestionó que la audiencia pública no haya sido vinculante y aseguró que “la Defensoría va a tomar todas las medidas necesarias para proteger y cuidar a las y los bonaerenses”.

El planteo del organismo va en consonancia con la postura del Foro Bonaerense de Servicios Públicos que convocó el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos a cargo de Gabriel Katopodis.