Descarrilamiento: “Pericias indicaron posibles problemas en la infraestructura ferroviaria”

La resolución emitida en las últimas horas desde el Juzgado Federal dejó varios puntos para el análisis y mención. “Sembraron dudas sobre la seguridad de las vías”, se añadió.

En la jornada del último viernes el juez federal Gabriel Di Giulio emitió una resolución que fue dirigida tanto a las empresas vinculadas en el descarrilamiento ocurrido semanas atrás en Pourtalé, como a la comunidad toda, a la que no sólo se le intentó explicar el estado de situación de la causa sino también el fundamento de cada una de las medidas adoptadas, entre ellas la suspensión del ramal que une la Capital Federal con Bahía Blanca.

Sin dudas uno de los puntos más relevantes del escrito es el levantamiento de la prohibición cautelar pero únicamente para el tramo Constitución-Cañuelas, ya que solo Trenes Argentinos (SOFSE), a quien corresponde la concesión de ese recorrido, presentó la documentación y realizó las medidas requeridas desde la Justicia.

Tal como lo explicó el Juez Federal, hay que tener presente que “la concesión de las vías y manejo de la infraestructura en el ramal Constitución – Bahía Blanca, está limitado a las empresas Trenes Argentinos Sociedad del Estado (SOFSE), Ferrosur Roca S.A. y FerroExpreso Pampeano S.A. La primera, desde la estación Constitución a Cañuelas; la segunda desde ésta ciudad a la de Olavarría; y la última sobre el tramo Olavarría – Bahía Blanca. Por otro lado, la operación de trenes de pasajeros y su venta recae en Trenes Argentinos”.

“Hasta la fecha sólo la empresa SOFSE ha garantizado el estado del tramo correspondiente, que involucra Constitución – Cañuelas. Por esa razón dispongo el levamiento de la medida cautelar en el referido trayecto”, expresó el magistrado.

Sin embargo, el escrito divulgado en las últimas horas arrojó otra serie de puntos que valen su mención y uno de ellos sin dudas es todo lo referido al control realizado sobre el estado de las vías. “De la inspección ocular de la red ferroviaria se verificaron, en la zona aledaña al siniestro, durmientes deteriorados y anclajes (conexión de las vías con los durmientes) inexistentes o sin sujeción que, sin que implique ninguna consideración de carácter criminalístico ya que serán los peritos quienes evaluarán y dictaminarán sobre el cuadro accidentológico”, expresó el juez basándose en lo que fue su primera recorrida de la escena.

Fue por ello que “se dispuso el secuestro de la formación y de los restos de las vías, durmientes y demás piezas de la red comprometidas en el siniestro”. En ese marco fue también que ordenó la prohibición cautelar de utilizar todo el ramal, a la par de requerir diversas medidas de prueba e informes.

De ello surge, por ejemplo, que la última inspección realizada desde la CNRT, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, tiene casi 4 años de data. En el dictamen se expresó que “respecto de las inspecciones, informó que la última realizada previa a las limitaciones de movilidad impuestas por la Pandemia de COVD- 19 fue ‘a mediados de 2018’ y que ‘como es de público conocimiento, a partir del mes de Marzo del año 2020 comenzaron las restricciones derivadas de la Pandemia de COVID-19, que impidieron a nuestros inspectores realizar una gran cantidad de viajes de inspección al interior del país, las cuales recién ahora comienzan a reprogramarse’”.

Asimismo, desde la CNRT se añadió “que los responsables de la Infraestructura de vías en cada tramo (SOFSE, Ferrosur Roca SA y Ferroexpreso Pampeano SA, sucesivamente en el recorrido de Plaza Constitución hasta Bahía Blanca), son quienes deben fijar las condiciones de circulación, fundamentalmente, la máxima velocidad y la máxima carga por eje permitidas por tipo de tren, encada sector y momento”.

Por su parte Ferro Expreso pampeano explicó que “la última inspección en la zona del siniestro la efectuó una cuadrilla, el día 3 de marzo de 2022. De dicha inspección no surgieron novedades ni modificaciones a las velocidades establecidas (cuyo máximo, en el lugar del siniestro, se había establecido en 80 km/h)”.

“También indicó que la cuadrilla pasó en dos oportunidades, que el día 7 de marzo circuló otra formación sin que se reportara ningún inconveniente y que entre el “último patrullaje” del 3 de marzo y la fecha del siniestro, circularon tres formaciones de pasajeros y ninguno de cargas. También explicó que treinta días antes del descarrilo sólo circularon trenes de pasajeros y ninguno de cargas”, añadieron y se señaló que “la CNRT no efectuó ninguna modificación a la velocidad de circulación”. Por último, el juez Di Giulio expresó que desde esa empresa se realizaron “otras consideraciones acerca de la velocidad de circulación del tren, la locomotora y el motorman”.

Previamente se aludió que desde SOFSE se elevó toda la documentación requerida, lo que permitió rehabilitar el servicio en el tramo bajo su órbita.  Es por ello que no se ahondará demasiado en esos argumentos, pero sí en el hecho que desde Trenes Argentinos fue que se requirió “una evaluación pericial del estado de la vía en las zonas de circulación del tren de pasajeros entre las estaciones de Plaza Constitución y Bahía Blanca, en especial las que se encuentran en el tramo Olavarría – Bahía Blanca a cargo de Ferroexpreso Pampeano”, debido a que “en recorridas informales efectuadas a pie por nuestro personal por la zona de vía aledaña al siniestro, se verificó la existencia de fijaciones flojas o inexistentes, problemas en durmientes y otro tipo de deficiencias”.

Asimismo, en un apartado dirigido a la comunidad, el juez Di Giulio reveló que “las pericias realizadas indicaron algunos posibles problemas en la infraestructura ferroviaria, al menos en las inmediaciones de la estación Pourtalé, como se puede observar en las imágenes que acompañan la presente resolución. Entre esas puedo detallar la existencia de durmientes en mal estado (astillado, quebrado y putrefacto) y clavos de fijación/sujeción libres y/o faltantes. Ello no significa necesariamente que esa fue la causa del siniestro. Se están investigando todos los aspectos del caso (estado del equipo, red, velocidad de circulación, conducta de la tripulación, situación climatológica, suelo, etc.); pero tales datos sembraron fundadas y serias dudas sobra la seguridad de las vías. Máxime, después del descarrilamiento”.

En ello fue que se explica que entre las medidas adoptadas en las últimas horas se ordenó que “respecto del tramo Olavarría – Bahía Blanca, se requiere de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte que informe el estado de la red e indique si la misma cumple con los requisitos de seguridad exigibles. Esta medida es necesaria porque además de tratarse del tramo de concesión en el que se produjo el siniestro, el estado de durmientes, fijaciones, etc. y los problemas advertidos por Trenes Argentinos, abre dudas sobre la seguridad operacional de la red”.