La era de los editores y la respuesta “gestión”

Hubo más novedades en el caso de los terrenos, en materia judicial, pero sobre todo en materia política. Los dardos contra el Palacio, y la respuesta de Ezequiel Galli.

Extracto del newsletter Volver a las Fuentes, donde se puede acceder y suscribir acá. Por Alexis Grierson y Josefina Bargas.

Todos conseguimos audios

El domingo pasado, con todo bastante fresco, contábamos la viralización de un audio que señalaba la posibilidad de más personas implicadas en la venta de terrenos. El mismo domingo uno de los autores se encargó de desmentir la relación con la causa que actualmente se investiga en fiscalía, y señaló que se trataba de una transacción de un fondo de comercio a cambio de unos terrenos.

Mientras el escándalo crecía y los implicados también aumentaban, uno de los protagonistas del audio llegó para dejar todo en claro, o al menos su versión de los hechos: se trata de Sebastián Vega, peluquero y comerciante que admitió que todos los participantes eran efectivamente quienes decía el video que acompañaba el audio, pero que había “malicia” en la edición para perjudicarlos.

Además, ratificó la versión de la transacción vinculada al fondo de un comercio y unos terrenos como parte de pago, algo que según se indicó por parte de Vega, “fue totalmente legal”. Horas después, se supo que los audios ya estaban en la Justicia por otra denuncia… parecía el Día de la Marmota.

El escándalo ya era mucho más político que judicial, y en el aire sobrevolaban nombres de gente implicada en un pasado muy oscuro en la ciudad. Además, como una pelota de nieve que bajaba de una montaña, una denuncia por presuntas estafas (actualmente hay 14 en la UFI de Paula Serrano) creció hasta poner en jaque ciertos “poderes” locales. Y cuando parecía que todo se iba a un terreno de mucho más barro apareció…

El otro audio

Fue pasado el mediodía. Tras una mañana de rumores y versiones de “otro audio” finalmente vio la luz en otro video muy bien editado, quizás no tanto como el anterior pero que tenía su calidad de edición. Allí, el dirigente político y empresario Emilio Moriones conversaba de forma privada con el abogado defensor de Claudio Peralta, Sergio Roldán, acerca de intencionalidades vinculadas a lo personal y el perjuicio político de integrantes del Municipio con movidas periodísticas.

Incluso, un detalle no menor es que se deslizó que tanto Roldán como el abogado de algunos damnificados, Beley, trabajarían en tándem para “cada uno hacer su juego” y perjudicar más en lo político que en lo judicial. El principal funcionario apuntado era Diego Robbiani, secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida.

Lo grave, agudo y complejo de esta situación no es tanto cómo se viralizaron los audios: ese trabajo suele ser bastante simple y quedó comprobado. El tema está en cómo se obtuvieron. ¿Roldán o Moriones los grabaron y reenviaron a personas de poca confianza? ¿Uno traicionó al otro? ¿En realidad son llamadas y hay teléfonos intervenidos? La complejidad (y la agudeza) de las respuestas puede revelar aún más cuestiones “oscuras”.

Lo concreto es que nuevamente un audio elevaba el tema a niveles que hacía mucho tiempo no se veía en la política olavarriense. El giro de una causa inicial que fue virando a una guerra de videos editados con audios comprometedores corría el eje de qué sucedía y las versiones, cada vez más confusas.

Nobleza obliga: es la primera vez que se difunden audios de este tipo y tono. Más allá de las explicaciones pertinentes, hay personas que admiten que sí, que la charla existió, que eso fue así y dieron su versión. Pero eso no iba a quedar ahí, porque el mismo día llegó…

La declaración

Diego Robbiani fue el primer funcionario en prestar declaración testimonial ante la fiscal Serrano por la causa terrenos. Lo hizo de manera espontánea y producto del audio en el que, según su visión, buscaban incriminarlo dentro de la causa por su relación con Claudio Peralta.

Robbiani admitió conocer a Peralta, en el marco del liderazgo político del apuntado por los damnificados de haber sido estafados en los terrenos, y la relación todo el tiempo fue “institucional”. Con un rol preponderante en la pandemia, Peralta y Robbiani (junto con otros funcionarios, como Mariano Ciancio) trabajaron en llevar bolsones con comida a vecinos que lo requerían teniendo en cuenta la aguda situación económica producto del aislamiento en 2020.

Esa relación “se cortó” a mediados de 2020, según Robbiani porque Peralta decidió “lanzar su carrera política en otro espacio” y dejaron de tener relación. Ese fue el vínculo explicado.

Horas después, se publicaron en medios fotos de Peralta junto a varios funcionarios municipales (entre ellos Robbiani) que buscaban exponer la “cercanía” del apuntado en la causa y la gestión municipal. Si bien eran fotos que circulaban de hace tiempo, su publicación fue posterior a la declaración del funcionario.

El propio Robbiani dijo que las fotos eran “producto de su labor como referente barrial” y que incluso “son fotos durante la campaña, que nos tomamos con `todo el mundo´ en cualquier lugar”. Otro funcionario, consultado por este newsletter, tuvo términos un poco más directos: “El año pasado hicimos un montón de domicilios, donde visitamos a los vecinos, ¿le vamos a pedir antecedentes penales uno por uno? Es una locura” dijo.

Eso no es todo. Robbiani también señaló que todo esto es “una campaña en contra de Ezequiel Galli y la gestión” e incluso se condijo con lo que se oyó decir al Intendente días atrás de la publicación del último newsletter, algo que fue escrito en este correo.

En el Concejo siguen los citados

La comisión especial sigue su labor: en la segunda semana de funcionamiento escucharon a 8 personas que se presentaron como damnificadas. También fueron funcionarios de las áreas clave del tema inmuebles en el Municipio: el secretario de Obras Públicas, el responsable de Catastro, la directora de Regularización Dominial, el Director de Fiscalización Tributaria, la titular de Rentas y la directora de Coordinación y Despacho, Mónica Chaparro.

Para esta semana se esperan varias autoridades importantes, entre ellas el Secretario de Desarrollo Humano, Robbiani, y el Jefe de la Estación Departamental de la Policía, Roberto Landoni. Además, fue citado el primero en denunciar públicamente este tipo de casos -en 2020-, Martín Roldán, integrante de la Mesa de Emergencia de Olavarría.

En tanto, esta semana algunos de los miembros de la comisión especial brindaron una entrevista en la que destacaron que los damnificados que se acercan al HCD les piden “ayuda” a los concejales para que se esclarezca el caso.

Lo que queda: preguntas

La cantidad de denuncias de damnificados en la justicia finalmente aumentó: en los primeros días de la semana se presentaron más.

Además, tras el planteo que presentamos en VAF la semana pasada acerca de la tercera pata del caso y “los otros” perjudicados, se confirmó que hay al menos dos denuncias presentadas por propietarios de terrenos que fueron “vendidos” sin su conocimiento.

Todo esto es materia de investigación de la UFI 4. Quienes tienen cercanía con la causa dicen que con las exposiciones de las víctimas, es claro entender cómo funcionaba la estafa. ¿Podrán probar la maniobra y sus autores? Hasta el momento, no hay imputados.

Y volviendo al tema de los audios que circularon, ¿qué muestran? Es poco lo que, a priori, suman a la investigación penal. No van por ahí. Terminan evidenciando el estado de las relaciones políticas locales: los resentimientos y riñas personales, extrapolados al campo de las peleas públicas. “Equivocarse y pagar”. “Darle algo para que no se quede sin nada”. Lamentarse por “un despido” en un cargo público que era “un seguro para el futuro”.

A eso sumarle lo que está por fuera: grabar conversaciones privadas, guardarlas (¿por cuánto tiempo?), hacerlas circular (editadas o no) a conveniencia para beneficiar y perjudicar a un sector o a otro.

La especulación y la manipulación como respuesta a la vulnerabilidad ajena expuestas como una herida infectada. Hasta ahí el panorama.

Obras y recorridas

Cuando la mira más apuntaba al Municipio con todo el huracán de los audios, Ezequiel Galli se agarró fuerte de su bastón principal: la gestión. Así se mostró en las obras más destacadas que se llevan adelante.

El martes encabezó una visita al Centro Veterinario, donde el avance es de 80%, y mostró cómo va quedando el edificio. Repitió el esquema de la semana pasada con la obra del Hospital Municipal: estuvo con los secretarios de Salud, Caputo, y de Obras Públicas, Ferraro. Recorrido, fotos, declaraciones. Salud pública, soluciones a demandas de vecinos e inversiones: las claves de una agenda municipal centrada.

También Galli estuvo en la obra de cloacas del barrio Facundo Quiroga, donde el avance es de 40%, y hubo visitas a empresas.

Pero la frutilla del postre llegó en colectivo.

Cambio de concesionario

El jueves se resolvió la incógnita: la empresa Las Sierras de Olavarría SRL será la adjudicataria del transporte de pasajeros interurbano desde mayo y hasta 2034. No hubo renovación de la concesión ni monopolio. Lo anunció el intendete Ezequiel Galli, flanqueado por los secretario y subsecretario de Gobierno, Hilario Galli y Emilio Vitale, y dos de los propietarios de la empresa, Marcelo y Germán Da Silva.

Galli encuadró el tema en el debate Nación-CABA por los subsidios al transporte. Definió “un momento muy complejo. Por eso yo valoro que una empresa olavarriense con tanta trayectoria en el transporte público de pasajeros haya sido una de las tres empresas que se presentó para llevar adelante la tarea de transportar a vecinos y vecinas”.

La promesa es de un servicio con unidades más modernas (casi la mitad van a ser 0 km), con el regreso de las frecuencias prepandemia, recorridos con algunas modificaciones y la permanencia asegurada para todos los trabajadores de la actual prestación.

Las tarifas que van a regir desde mayo son 65% más caras que las que hoy pagan los usuarios. Y además, ya te lo contamos, siguen en pie los pedidos de suba tarifaria de las actuales prestadoras.

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