Los terrenos, las novedades de la Justicia y la sorpresa de los audios viralizados

Se prevé que haya novedades judiciales en la causa de venta de terrenos. Mientras tanto, un audio sacude al mapa político. La transacción de la venta de una calle a Cementos Avellaneda, finalizada.

Extracto del newsletter Volver a las Fuentes, donde se puede acceder y suscribir acá. Por Alexis Grierson y Josefina Bargas.

Los terrenos, el escándalo de (lo que va del) año

Que hay avances, que no, que aparecen audios, que la Justicia actúa, que las novedades están por venir, que arranca y no arranca la comisión…es por lejos el tema del verano, y no precisamente un reggaeton. La semana que viene puede traer novedades judiciales pero, mientras tanto, pasaron cosas.

“¿Y si las víctimas no son precisamente los que compraron terrenos?” se preguntó un reconocido abogado local que charló con Volver a las Fuentes. El análisis jurídico dista y mucho de la -bastante respetable- primera versión que da cuenta, de mínima, de un mecanismo de estafa con varios implicados.

Es que si bien se admitió que, salvo excepciones de personas que realmente no tengan una noción del mercado inmobiliario, al momento de comprar un terreno en 500 mil pesos y en cuotas… suena bastante extraño desde el vamos. Es lo que se denominó como “buena o mala fe” al momento de hacer la transacción. “Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía” reza el dicho. Y en un mercado inmobiliario donde hay pocos terrenos y son muy caros, conseguir tierras a 500 mil pesos es, como mínimo, para desconfiar.

Acá está el punto: “Si te ofrecen un terreno a 500 mil pesos en un lugar donde se evidencia que es más caro, y se compra…¿no es correr un riesgo?”. En esta visión del caso, los verdaderos damnificados son los titulares de los terrenos, que terminan siendo testigos de cómo otros actores compran y venden tierras que no les pertenecen. Hasta ahora, ningún dueño de un terreno realizó una demanda… hasta ahora.

Pero además, otro amigo de las leyes explicó que el sistema de “venta de terrenos abandonados” no sólo tiene un nombre sino que es completamente legal: es el mecanismo de usucapión.

La usucapión 

La usucapión es un modo de adquirir derechos reales como el de propiedad por el transcurso de un determinado tiempo fijado en la ley y con motivo de ejercer la posesión sobre el bien en cuestión. Esa posesión deberá ser ostensible y continua. Todo esto está previsto en el Código Civil.

Este mecanismo, se explica en la teoría, nace como “forma de otorgar el beneficio a aquel que demuestra interés en ejercer ese derecho, y a modo de castigo contra quien ha omitido hacerlo descuidando el bien”. En otras palabras, si una tierra no es cuidada y directamente se abandona, alguien puede ocuparla durante un tiempo determinado e incluso tomar posesión con una escritura a cierta cantidad de años que determinará un juez. 

Y acá viene el asunto: los bienes inmuebles deberán poseerse, al menos, durante diez años para poder solicitar la declaración de usucapión. El juez procederá a la declaración y en la sentencia establece desde cuándo se es titular del derecho real.

¿Es complejo? Sí, pero es legal. Y es más común de lo que se admite públicamente. De todas maneras, más allá de este mecanismo legal de “toma de terrenos” en este caso olavarriense se hizo una clara excepción: el elemento político puede modificar el eje del asunto. “Ojo que acá hay un elemento que es bastante difícil de comprobar, pero claro: si quienes venden terrenos piden votos para un espacio político puntual, la situación cambia… es utilizar un mecanismo legal con un fin partidario específico”.

Este mecanismo ha sido utilizado históricamente en la ciudad y hasta hay argumentos para señalarlo como beneficioso: “la usucapión es útil cuando está lleno de terrenos abandonados que nadie limpia y que se debe hacer cargo el Municipio para evitar la proliferación de enfermedades por suciedad. No sólo se hace cargo alguien que necesita una tierra, también evita un gasto de la comuna para limpieza”. 

Con la Justicia en pleno análisis de los elementos, a punto de caratular la causa e imputar a quien considere acusado de cometer estos hechos ilícitos en cierto punto, lo que nadie contaba es que el sábado apareció…

El audio

Fue tema de conversación desde su viralización el sábado. Incluso, las preguntas y bromas sobrevolaron la Cena Solidaria, por la noche. Un audio que tiene a tres implicados, la mención de otros tantos… y las sospechas que se entrevieron sobre el rol del Estado en este tema.

Para contextualizar: es un diálogo privado entre tres personas, el ex funcionario Gastón Acosta, el empresario Gustavo Rodríguez, y “Sebastián” que solo fue reconocido por su nombre de pila. No está de más remarcar que es una conversación privada y que saber de dónde salió el audio puede ser materia hasta judicial. Pero está claro que tomó tal estado público, que la mención la haremos.

Allí, nadie expone explícitamente que se habla del tema terrenos. Pero pareciera, en principio, que tiene cuatro patas, cola y dice miau. Desde el entorno de uno de los implicados señalaron a este newsletter que “lo que se habló no tenía nada que ver con el tema terrenos”.

Se habla de hacer una limpieza, de “tratar de vender la mayoría de forma legal”, de una inmobiliaria y de no ser engañados en lo que parecía ser una nueva relación comercial. Se nombraron dirigentes, ex dirigentes, a personas mencionadas en el caso terrenos y hasta “aprovechar un negocio donde muchos hicieron plata”. Parece evidente, y la mayoría -salvo el entorno de uno de los implicados en el audio- dio cuenta de que se trataba de una nueva revelación en el tema terrenos.

El audio -de una llamativa edición con subtítulos en un video viralizado por Whatsapp- ¿llegará a la Justicia? ¿Será un elemento a indagar? ¿Será uno de los tantos audios que el abogado Sergio Roldán adelantó tener y que perjudicaban y revelaban el “detrás de Peralta”?

Para algunos “una evidencia más del escándalo que tiene el Estado con la venta de terrenos”; para otros “una campaña de desprestigio contra el Intendente Galli” tras un acuerdo entre empresarios y personas implicadas en el caso. ¿Lo concreto? Lo tendrá la Justicia la semana próxima, donde probablemente haya novedades importantes con posible toma de testimonios, carátula de causa e… imputaciones.

Por cierto, ¿por qué hasta ahora no fue imputado Claudio Peralta, incluso con dichos públicos donde prácticamente admitía su responsabilidad? ¿Hay alguna relación entre la no imputación de Peralta y su testimonio estimado para la semana próxima? Si uno analiza lo declarado en medios, es un imputado de hecho…

Galli habló sobre el tema

El Intendente volvió a referirse sobre esta situación y se mostró completamente a disposición de la Justicia, como “Desde el primer día apoyamos la creación de la Comisión, queremos que se sepa la verdad, yo soy el primer interesado en que se sepa la verdad” pero lo condicionó a “si es que realmente hay un funcionario o un empleado municipal que esté detrás de esto”.

Más adelante insistió en que la principal suposición es que “en principio lo que vemos es que se trata de algo entre privados y que trabaje la Justicia. Siempre confiamos en el accionar de la justicia. Creemos en la división de poderes, nosotros estamos a disposición”.

En diálogos en off, se oyó al jefe comunal manifestar que se trata de una “campaña en su contra” para “desgastar la gestión” y volvió a insistir con que si la Justicia determina que hay uno u otros funcionarios o trabajadores implicados en el caso de los terrenos, los despedirá y pondrá a disposición de la fiscalía en turno.

Justamente, se ratificó que la causa estará a cargo de la UFI N°4, cuya titular es la doctora Paula Serrano. Había dudas en torno a qué iba a pasar y dependía de una determinación del Fiscal General, Marcelo Sobrino, pero por el momento se mantendrá en una fiscalía local y con muchas chances de que la semana próxima haya novedades. Incluso, se determinó relevar a la doctora Serrano de los turnos de las fiscalías para que destine “todos los recursos” a avanzar con esta causa.

Todo listo en la Comisión Especial

Finalmente fue constituida en el Concejo Deliberante la Comisión Especial que analizará la venta de terrenos ilegales y Mercedes Landívar (Frente de Todos) es la Presidenta, con participación de todos los bloques e incluso con Foro Olavarría tomando parte más allá de pertenecer al interbloque del FdT.

Durará 45 días que se cumplirán en la tercera semana de marzo y hay posibilidades de extenderla si así lo requiere. Una muy buena novedad es que, cuidando las formas del caso, habrá informes semanales sobre su funcionamiento.

Incluso, para la semana venidera se espera un fuerte movimiento: citaron a funcionarios de varias áreas municipales (Catastro y Regularización Dominial, entre lo más destacado), provinciales e incluso integrantes de Fiscalía. En esto, la fiscal Serrano confirmó que recibió una citación. Un dato a tener en cuenta es que se mantendrá la privacidad de aquellos que brinden testimonio en la comisión e incluso, aquellos que así lo deseen podrán hacerlo directamente desde el anonimato.

Hay 160 millones en espera

¿Te acordás que el 28 de diciembre se aprobaron las ordenanzas 4.805 y 4.806? Claro, las de la venta de un tramo de una calle de casi 4 hectáreas a la empresa Cementos Avellaneda. Bueno, la operatoria ya se concretó.

El intendente Ezequiel Galli le confirmó a Volver a las Fuentes que la empresa pagó poco más de 160 millones de pesos. Se trata de la suma de 1.522.603 dólares que se fijó como precio.

Los fondos se encuentran depositados en un plazo fijo a la espera de las definiciones por el compromiso de destino que asumió el Ejecutivo cuando presentó la iniciativa y que quedaron establecidas en la ordenanza de la venta.

Galli señaló que casi todo se destinará a turismo en las localidades y también una parte se invertirá en mejoras en parques industriales. De todas maneras, todo esto está sujeto a encuentros con integrantes de las localidades y una puesta en común sobre la potencialidad del turismo y otros sectores.

El transporte público, en una pelea

Los concejales del Frente de Todos Maximiliano Wesner y Ubaldo García se presentaron el martes en la Municipalidad y pidieron ver el expediente por el que se analizan las tres ofertas presentadas para renovar la concesión.

No se les permitió el acceso y hubo quejas,  pero la respuesta del Municipio no se hizo esperar: “No tengo tiempo para perder porque ellos quieran hacer este show mediático” dijo el secretario de Gobierno Hilario Galli. Hizo hincapié en los procedimientos para tomar vista de un expediente -los cuales no se cumplieron- y en el desarrollo del trabajo de análisis que implica que sucesivas dependencias municipales estudien el tema. 

Al día siguiente las cosas avanzaron, el secretario se reunió con los concejales, se pusieron las cosas en claro y hubo un acuerdo: la semana que empieza los concejales podrán acceder al expediente.

A todo esto, ya que hablamos de transporte público, vamos a mencionar este inicio de debate entre Nación y CABA por el sistema de reparto de subsidios. El secretario de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, confirmó la propuesta de traspasar las 32 líneas de colectivos urbanos desde la órbita de la Nación a la del gobierno porteño. Según dijo en ese momento, la iniciativa tiene por objetivo “compensar en parte las asimetrías con el interior, que hacen que el boleto urbano cueste $ 18 en CABA y casi $ 60 en las ciudades de Rosario, Santa Fe y Córdoba”.

En este punto, vamos a señalar que el propio Hilario Galli se expresó sobre este tema hace varios meses, lo tratamos en VAF, y apuntó más que nada a la desigualdad en la distribución de fondos entre las empresas concesionarias. 

Horacio Rodríguez Larreta puso el grito en el cielo: pretende que el pasaje de las concesiones se haga con los subsidios correspondientes. Ese es el corazón de la iniciativa de la gestión de Alberto Fernández: una meta a cumplir con el fondo es la reducción de subsidios.

Vamos a citar dos respuestas a esta situación. Por un lado, la del ministro de Transporte provincial, Jorge D´Onofrio quien avaló la iniciativa nacional y se quejó de que mientras en 2021 la Provincia afrontó con fondos propios el 91% de los subsidios al transporte, CABA lo hizo con el 42%.

Pero hubo una voz más y abrió una potencial crisis interna en el Pro: el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, pidió la revisión integral del sistema de subsidios en este rubro. “Es injusto que en Mar del Plata el boleto de colectivo cueste 60 pesos y en la Ciudad y el conurbano, 20” dijo en coincidencia con Giuliano. Además, tuvo en cuenta a Olavarría al momento de mencionar otros distritos afectados.

La publicación de Volver a las Fuentes es gratuita, sale todos los domingos a la mañana. La edición completa acá y la suscripción está abierta aquí mediante una dirección de correo electrónico.