La causa por la vacunas perdidas pasó finalmente a la Justicia Federal
Se trata de las 400 dosis que debieron ser desechadas debido a la pérdida de la cadena de frio. Ahora será investigada por el Juzgado Federal azuleño.
Un “impacto sanitario y económico de envergadura tal que concita claramente en este caso el interés Federal”. De esa manera pueden sintetizarse los fundamentos esgrimidos en las últimas horas desde la Cámara Federal de Apelaciones, con asiento en Mar del Plata, la cual debió proclamarse con respecto a la competencia de la investigación por las 400 vacunas contra el coronavirus que debieron desecharse debido a la pérdida de la cadena de frío, cuando se encontraban almacenadas en el Hospital Provincial de Oncología de nuestra ciudad.
Dicho de otra manera, resolver quién o más precisamente desde dónde, se encabezará la investigación que pretende dilucidar cómo y, más aún, quienes fueron los responsables de la pérdida de esas dosis. Vale recordar que en un primer momento todo recayó en la fiscal Viviana Beytía, por aquel entonces no sólo en turno, sino también al frente de la UFI 10, cargo que el recientemente dejó para asumir al frente de la fiscalía en Violencia Familiar y de Género.
La funcionaria local fue quien encabezó las primeras medidas y pesquisas, entre las que sobresalieron los pedidos de pericias e informes que lejos estuvieron de limitarse al freezer donde se hallaban las dosis, sino también cámaras de seguridad y hasta suministro eléctrico. Sin embargo, con el correr de los días comenzó a tomar forma un planteo que momentos más tarde se convirtió en una requisitoria formal para que las actuaciones pasen al Fuero Federal, algo que en un primera instancia fue iniciativa de un abogado particular, el doctor Marcelo Fuche, y que luego fue acompañada por el juez Federal Gabriel Di Giulio.
Lo particular de la situación es que la oposición al cambio de competencia no se hallaba solo en nuestra ciudad, sino que el propio fiscal Federal Santiago Eyherabide fue el que apeló la medida ante la Cámara de la ciudad balnearia, que finalmente se proclamó en las últimas horas, dándole la razón a Di Giulio y ordenando que la causa quede radicada para su instrucción en Azul.
“Adviértase que – en el caso – la reconocida escasez del recurso (vacunas) destinado a la Salud Pública Nacional, hace que la inutilización de un lote entero, de 400 unidades, destinado a su aplicación en los vecinos de la localidad de Olavarría, Provincia de Buenos Aires, desencadenase en el Gobierno Nacional, la necesidad de ‘adaptar’ la ejecución del plan, reasignando, por caso, una ya dispuesta distribución de las escasas partidas adquiridas, lo que hace que claramente la contingencia de cubrir la reasignación de vacunas, por la pérdida de 400 dosis en Olavarría, y determinación de las razones de tal pérdida, con identificación de quienes fueran responsables, destaque un evidente impacto nacional”, puede leerse en uno de los extractos de los fundamentos de la resolución.
En ese sentido, se añadió que “la inutilización del lote de vacunas en cuestión, afectó claramente al Plan Estratégico Nacional para la vacunación contra el Covid 19 en la República Argentina, además de contravenir la Ley Nacional 27.491 (‘de control de enfermedades prevenibles por vacunación’) con impacto sanitario y económico de envergadura tal que concita claramente en este caso, el interés federal”.
Por último, vale mencionar que la causa sigue tipificada en los términos del artículo 200 del Código Penal, del apartado de “Delitos contra la Salud Pública”, “alteración peligrosa de aguas potables, alimentos o Medicinas”, según puede leerse en el reciente fallo.
