Violencia de género: En Olavarría ingresan entre 6 y 7 denuncias diarias

El dato fue confiado a Central de Noticias por fuentes judiciales, quienes mostraron una actualidad tan reveladora como preocupante. Informe especial.

Ignacio Cerdera / @nachocerdera

(del staff de Central de Noticias)

La violencia de género, lamentablemente, es el tema y preocupación de los apenas dos meses que van del 2021. El femicidio de Úrsula quizás como bandera, como caso más resonante, pero con crímenes y ataques que se suceden en diario incrementaron una señal de alerta que se encuentra encendida desde hace ya tiempo. Es por eso que Central de Noticias dialogó y se reunió con fuentes judiciales, quienes mostraron la tarea que se hace en Olavarría, a sabiendas también que muchas de las miradas están depositadas en lo que se hace desde el Poder Judicial y, más aún, desde el Estado.

El estado de situación no es menor y en ello se explica también que a partir del próximo mes de abril Olavarría pasará a contar con una fiscalía especializada en esta temática. Al momento cuenta con la Secretaría de Violencia de Género, creada en febrero de 2013 pero desde marzo del 2018 bajo la órbita de la UFI 10 de la doctora Viviana Beytía. Ella es la fiscal titular, la coordinadora Verónica Colombo y una auxiliar letrada completan el plantel de una dependencia que recibe entre 6 y 7 denuncias diarias, según se narró a este portal.

Para tomar una real dimensión del tránsito de causas vale mencionar que en lo que va del 2021, es decir en algo menos de dos meses, ya se iniciaron 172. En ese mismo lapso de tiempo 11 personas fueron detenidas, registros que seguramente quedaron desactualizados entre el día de la nota y su publicación. Algo que tiene apenas algunas horas de diferencia.

El hecho de poder concretar capturas y más aún condenas -como se ahondará luego- no es un punto a pasar por alto o en una lectura rápida. Lo que aquí debe tenerse en cuenta es que la mayoría de los delitos por el que se imputa a los agresores se trata de figuras excarcelables, de penas de prisión en suspenso en condicional. Una desobediencia, por ejemplo, que es cuando una persona no acata una restricción de acercamiento o medida de abrigo, contempla penas de 15 días a un año de prisión.

Obviamente lo que modifica todo es el contexto de violencia de género, enmarcado en tratados o acuerdos como la Convención Belém Do Pará, que permiten a la fiscalía requerir medidas punitivas y que un juzgado de Garantías las convalide. Las fuentes consultadas pusieron el acento en esto último, en cómo la formación y compromiso de los operadores de Justicia en esta materia es lo que permite llevar adelante este tipo de medidas que en otro tipo de episodios sería prácticamente imposible fundamentar y concretar.

Como se mencionó a los Juzgados de Garantías, también se enfatizó el trabajo en conjunto inclusive con organismos dentro y fuera del Poder Judicial. Se enumeró, por ejemplo, al Juzgado Correccional local, que es el que interviene en la etapa de debate de los hechos, algo que también complementa lo referido previamente en cuanto a la tipificación de los hechos, y el Juzgado de Familia. También se mencionó a la Dirección de Políticas de Género, al Servicio Local, Casa Popular Valeria, comisaría De la Mujer y la Familia, Centro de Monitoreo y Estación de Policía Departamental de Olavarría, con el énfasis en la labor conjunta.

Más cifras y datos

Las fuentes consultadas reconocieron un marcado incremento en las denuncias, pero también en las consultas a partir del femicidio de Úrsula. Se habló de manera puntual de “un crecimiento de la violencia”, y cómo ello también en la mayoría de los casos se ve vinculado con el consumo de alcohol y estupefacientes.

De acuerdo a lo que se narró, de marzo de 2018 a la fecha fueron condenadas 228 personas por distintos hechos de violencia de género. El desglose de esa cifra permite apreciar que poco menos de la mitad, 92, ya se encuentran con la sentencia firme, mientras que una cantidad similar ya fue condenada pero solo en primera instancia. Las restantes están en etapa de apelación y tratamiento.

Si bien como se refirió previamente en la mayoría de los casos no se trata de penas extensas, se aclaró que las personas que reciben una pena deben someterse a diversas pautas de conducta que se extienden, como mínimo, por dos años, entre las que se incluye la restricción de acercamiento a la víctima y concurrir a talleres de masculinidades que son llevados a cabo desde la Dirección de Políticas de Género Municipal.

No obstante ello, se puso el acento en cómo el seguimiento de los casos y, más aún de los agresores, no culmina en una condena sino que en muchos casos se trata de personas reincidentes, por lo que esas penas ya operan como antecedentes, factores clave no sólo para utilizar como agravante, sino también como fundamento para requerir medidas de coerción u oponerse a morigeraciones.

Lo último a tener en cuenta es que prácticamente en la totalidad de los casos la elevación a juicio de las actuaciones se da a la par del pedido de prisión preventiva, es decir exactamente un mes después de la detención.