La justicia anuló un procedimiento y liberó a un hombre acusado de venta de drogas
Se trata de un lapridense de 27 años, al que también se lo vinculó con nuestra ciudad. Qué dice el fallo.
En los últimos días una resonante noticia surgió en Azul, pero replicó en toda la zona. El juez federal Martín Bava anuló un allanamiento realizado a fines del pasado mes de septiembre, situación que se tradujo además en la liberación de un joven de 27 años, al que se lo acusaba de transportar una importante cantidad de marihuana desde Buenos Aires y con destino a Laprida. Asimismo, tal cual se informó en aquel entonces, esa sustancia también era distribuida en distritos vecinos, entre ellos Olavarría.
“Si el suscripto validara una causa judicial con las características de la presente, entiendo que estaría dejando de lado el debido proceso consagrado en nuestra Constitución Nacional”, enfatizó el magistrado azuleño en uno de los últimos apartados del fallo que se extiende por cerca de 30 fojas. “De ese modo pierden sentido los requerimientos legales con que las fuerzas de seguridad y el poder judicial pueden interferir en la vida de los ciudadanos en un futuro, otorgando una carta blanca a las fuerzas policiales para conseguir información por cualquier medio”, completó.
A qué se debe tamaña consideración. Todo se vincula al procedimiento que persona policial, más precisamente de la Delegación Departamental de Investigación de Tráfico de Drogas Ilícitas de Azul llevó a cabo en la noche del 30 de septiembre en la zona del cruce de la Ruta Provincial 60 y la Ruta Nacional 3. En ese sitio fue interceptado un camión perteneciente a una firma lapridense, en cuyo interior se incautó más de 10 de kilos de marihuana, la cual se encontraba seccionada en varios “panes”.
Todo se tradujo en la captura y posterior imputación y detención de Maximiliano Flores, un joven lapridense de 27 años. Por aquel entonces se enfatizó que, si bien la droga tenía como destino la vecina ciudad, servía para abastecer distintas redes o bocas de expendio en el centro bonaerense, entre ellas Olavarría, ciudad en la que inclusive la sustancia solía ingresar y el acusado la retiraba para completar el viaje.
Lo concreto es que en las últimas semanas la situación cambió drásticamente. Todo a partir del paso de las actuaciones a la justicia Federal, ya que el transporte de droga en un tipo de delito que excede el ámbito provincial y ya pasa a ser un delito de injerencia o jurisdicción Federal. El doctor Martín Bava, del Juzgado Federal 1 con sede en Azul, acepta la competencia en la investigación de los hechos pero anuló el mencionado allanamiento “y todas las actuaciones que son su natural consecuencia”, entre ellas la detención de Maximiliano Flores, sobre quien decretó la inmediata liberación.
El principal cuestionamiento que realizó el juez Bava radica en las formas en las que se accedió a la información, lo que motivó el procedimiento, y cómo ello fue plasmado en la causa judicial. “En vez de consignar toda la información que se había recabado previamente (situación que al día de hoy resulta incomprensible), el personal policial decidió omitir poner a consideración de las autoridades judiciales, y solo informó una (a esta altura falsa) denuncia anónima a, que de acuerdo a un lógico entendimiento, no fue la real motivación del procedimiento”, reprochó.
Dicho de manera más simple, en las actuaciones se da cuenta de una denuncia anónima a la línea 0 800 del Ministerio de Seguridad sobre la cual el magistrado azuleño cataloga a “todas luces falsa” como principal elemento que motivó el mencionado procedimiento. En cambio, las posteriores declaraciones, entre ellas las del personal de seguridad, arrojan que mediante el diálogo permanente con civiles se logró acceder a información precisa de los movimientos del acusado.
“Todo lo relatado hasta aquí, me persuade de que estamos ante la apariencia formal de una causa judicial al momento de que la misma ingresara a este fuero, no obstante, la real investigación se encontraba todo el tiempo solapada y evidentemente alejada del control judicial suficiente que garantice el debido proceso que todo ciudadano debe aspirar”, cuestionó el juez.
Inclusive se ahondó en esa suerte de “acuerdo” entre un efectivo policial y el “informante o infiltrado”, el cual “es desconocido en cuanto a términos y condiciones en que se da”, enfatizando que no se conoce “la libertad” en la que el civil accedió al mismo, “como así tampoco existió una valoración judicial de ese acuerdo”.
“En definitiva y de acuerdo a las constancias de la causa, en sede provincial se avaló un procedimiento policial fundamentado en actuaciones que simularon una denuncia anónima y un control vehicular azaroso, cuando lo que existía realmente era una investigación no cometida a las autoridades judiciales”, concluyó.
Fuente Diario El Tiempo de Azul
