El Intendente vetó el descuento de 50% en Seguridad e Higiene
El decreto se conoció este lunes. Galli consideró que la ordenanza “resulta un avance manifiesto sobre las atribuciones” del Ejecutivo.
El intendente Ezequiel Galli vetó la ordenanza 4.555 aprobada el 10 de septiembre pasado: los comerciantes no tendrán descuento de 50% en la Tasa de Seguridad e Higiene.
Se trata de la ordenanza que había dispuesto una extensión del beneficio que rigió desde 2018 y hasta junio pasado para los contribuyentes de la categoría fija de dicho tributo, que son en realidad la amplia mayoría.
El decreto de veto se conoció este lunes, cuando lo recibieron los concejales, aunque tiene fecha del 22 de septiembre. Con esta medida también se rechazaron los beneficios incluidos para los deudores, tanto en lo que respecta a cambios en la modalidad de liquidación de los planes de pago, como en la no exigencia del libre deuda municipal para la renovación de licencias de conducir.
Los mismo sucedió con los beneficios previstos en esa norma para la renovación de la Tasa de Habilitación y del Registro de Expendio de Bebidas Alcohólicas (REBA).
La novedad causó rechazo y hasta enojo en algunos concejales de la oposición, aunque la postura de Galli sobre este tema ya era públicamente conocida. El Intendente había definido su postura contraria a la continuidad de los descuentos impositivos sobre la Tasa de Seguridad e Higiene.
Argumentos
En el decreto de veto, el Ejecutivo consideró que la ordenanza “establece modificaciones a la ordenanza fiscal, de tal forma que su aplicación implicaría forzosamente una modificación de los ingresos calculados en el presupuesto vigente”. Esto último, en referencia a que se trata de una función del Ejecutivo.
Asimismo, planteó que el contenido de la ordenanza “conlleva la vulneración del principio de estabilidad presupuestaria” previsto en la Ley Orgánica de las Municipalidades.
De esta misma normativa se ciñó el Departamento Ejecutivo para sostener que “corresponde al Ejecutivo proyectar las ordenanzas impositivas y el presupuesto de gastos y recursos”.
Con todo esto, definió que “resulta un avance manifiesto sobre sus atribuciones (del Concejo) la pretensión de disponer exenciones tributarias, diversas facilidades de pago, y suspender la imposición de intereses moratorios y sanciones por falta de pago”.
La ordenanza 4.555 había sido promovida por las bancadas opositoras, incluyendo los pedidos de la agrupación Comerciantes Unidos, y preveía que la aplicación de esas disposiciones iba a sostenerse hasta el 31 de diciembre en el marco de la crisis económica y de la emergencia sanitaria. En la sesión del 10 de septiembre, fue votada por todos los bloques, excepto por Juntos por el Cambio.
