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El Senado aprobó por unanimidad la ley que establece un régimen permanente de discapacidad

La iniciativa obtuvo 71 votos afirmativos y garantiza la continuidad de prestaciones, pensiones y coberturas médicas. También incorpora mecanismos de financiamiento y auditoría.


El Senado de la Nación convirtió en ley, por unanimidad, el proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Discapacidad, que establece un régimen permanente para el sector y mantiene prácticamente todos los beneficios contemplados en la legislación de emergencia que vence en diciembre. La iniciativa recibió el respaldo de los 71 legisladores presentes, en una votación que reflejó un amplio consenso político después de más de un año de tensiones entre el Gobierno nacional y las organizaciones de discapacidad.

La sanción se produjo un año después de que el oficialismo rechazara la ley de emergencia en discapacidad y tras los reclamos sostenidos por las personas con discapacidad y sus familias, que también recibieron el respaldo del papa León XIV.

El nuevo marco normativo busca garantizar la continuidad de las prestaciones, las pensiones no contributivas y las coberturas médicas. Además, establece mecanismos de financiamiento, actualización de aranceles y auditoría para el funcionamiento del sistema.

Durante el debate, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, destacó que la iniciativa representa “un acuerdo social y un acuerdo político”. Según sostuvo, la nueva legislación permitirá superar las dificultades que atravesó el sistema durante los últimos años.

“Estamos saliendo de una emergencia y estamos planteando certeza para generar transparencia y previsibilidad. Estamos votando una ley que dice claro de dónde sale cada peso que se va a gastar“, afirmó Bullrich.

La legisladora también reconoció las dificultades que enfrentaron las familias, las deficiencias en los procesos de auditoría y la incertidumbre generada por las sucesivas prórrogas de la emergencia. Sin embargo, defendió que la nueva normativa establece un esquema de prestaciones compatible con el equilibrio fiscal que impulsa el Gobierno nacional.

En la misma línea, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Agustín Monteverde, sostuvo que la única manera de superar la emergencia es mediante reglas estables que aseguren la continuidad de los beneficios.


Los cuestionamientos de la oposición


Desde el peronismo, la senadora Alicia Kirchner consideró que la aprobación representa un avance, aunque advirtió que resulta insuficiente para reparar las consecuencias de las políticas aplicadas anteriormente.

“Ninguna sanción reconstruye los derechos que fueron vulnerados; en tal caso, es un punto de partida”, expresó la exgobernadora de Santa Cruz. También señaló que el Congreso estaba dando “una respuesta muy importante, pero no definitiva”.

Por su parte, la senadora catamarqueña Lucía Corpacci cuestionó al presidente Javier Milei y atribuyó la sanción de la norma a las movilizaciones impulsadas por las organizaciones de discapacidad.

“Esta ley existe porque la ciudadanía en su conjunto, encabezada por el colectivo de discapacidad, salió a la calle”, sostuvo. Además, advirtió que, sin modificaciones presupuestarias que garanticen los recursos necesarios, los derechos reconocidos podrían quedar comprometidos.

En tanto, Alejandra Vigo, de Provincias Unidas, reclamó optimizar los recursos y acompañar a las provincias para garantizar los servicios. Desde el PRO, Martín Goerling Lara consideró que la tranquilidad de las familias no puede depender de una emergencia que vence cada año.


Qué establece la nueva ley de discapacidad


La norma, denominada “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”, reproduce gran parte de los beneficios establecidos en la Ley 27.793, aunque elimina su carácter transitorio y los convierte en disposiciones permanentes y de orden público.

Entre sus principales disposiciones, mantiene la compatibilidad entre las pensiones no contributivas por discapacidad, equivalentes al 70% de la jubilación mínima, y el empleo formal o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.

Además, conserva el nomenclador único de prestaciones y establece la actualización automática y periódica de los aranceles según el índice de movilidad jubilatoria, vinculado a la inflación.

En materia de cobertura médica, garantiza las prestaciones básicas mediante el programa federal Incluir Salud. También dispone que el presupuesto del Ministerio de Salud destinado al sector no podrá ser inferior, en términos reales, al del ejercicio anterior.

Respecto de los controles, establece auditorías periódicas mediante el intercambio de información entre ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER, bajo criterios que garanticen el debido proceso inclusivo.

Por último, incorpora un cronograma para cancelar las compensaciones adeudadas a los prestadores y establece un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la legislación.

Fuente: Agencia DIB.