Confirmaron la elevación a juicio de la causa por presuntas estafas a la CEAL y comerciantes
La Cámara Penal de Azul rechazó las apelaciones de tres de los cuatro imputados y mantuvo la acusación por asociación ilícita, falsedad documental y estafas reiteradas. Los tres hombres continúan detenidos y la mujer cumple arresto domiciliario.
La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul confirmó la elevación a juicio de la causa que investiga presuntas estafas contra la Cooperativa Eléctrica de Azul (CEAL) y comerciantes, mediante maniobras que habrían incluido pagos falsos de facturas de servicios.
La resolución rechazó los recursos presentados por las defensas de Mario Miguel Garavelli, María Laura Calandra y Matías Horacio Rosas, y ratificó la decisión del juez de Garantías Nº 2, Federico Barberena, quien había dispuesto que la investigación avanzara hacia la instancia de juicio. En la causa también está imputado Neefer Eduardo González.
Los camaristas Damián Cini y Carlos Pagliere (h) firmaron la resolución, en la que consideraron que continúan existiendo elementos de convicción suficientes para que los cuatro acusados sean sometidos a un proceso judicial. La investigación está a cargo de la fiscal Paula Serrano, de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 6.
Los imputados deberán afrontar acusaciones por asociación ilícita, falsedad de documento privado, uso de documento falso y estafas reiteradas.
Cómo habría funcionado la maniobra
De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, los hechos se habrían desarrollado desde julio de 2024 hasta principios de 2025. Los acusados habrían intervenido en un esquema destinado a obtener dinero de la CEAL y de comerciantes mediante la falsificación de comprobantes de pago de servicios de energía eléctrica y, en algunos casos, de agua.
La investigación sostiene que se confeccionaban tickets y notas de crédito apócrifos para simular la cancelación de facturas. Los comerciantes, creyendo que pagaban los consumos de sus locales, entregaban dinero a los involucrados por montos inferiores a los consignados en las boletas, sin que esos fondos ingresaran a las arcas de la Cooperativa Eléctrica de Azul.
Según la imputación, Rosas habría dirigido la operatoria y coordinado las maniobras desde su función en el área de Facturación de la CEAL, de la que fue apartado. Calandra habría tenido un papel de coordinación, mientras que Garavelli y González habrían participado en la captación de comerciantes y en la recaudación del dinero.
Entre las principales evidencias mencionadas en la resolución figuran conversaciones extraídas del teléfono celular de Rosas, en las que habría intercambiado mensajes con su esposa sobre el funcionamiento de las maniobras investigadas y la participación de los otros imputados.
La asociación ilícita sigue entre los delitos atribuidos
Uno de los puntos centrales de las apelaciones fue el cuestionamiento a la figura penal de asociación ilícita, prevista en el artículo 210 del Código Penal. Las defensas buscaban que se descartara esa calificación, pero la Cámara volvió a rechazar el planteo.
Según la hipótesis judicial, existirían indicios de un acuerdo entre los involucrados, permanencia en el tiempo, distribución de tareas y un objetivo común vinculado con la comisión de delitos. Rosas continúa señalado como el presunto jefe u organizador de la estructura.
La Fiscalía había solicitado la elevación a juicio en julio y, el 21 de agosto, el juez Barberena rechazó los pedidos de sobreseimiento presentados por las defensas de tres de los acusados. También desestimó los planteos para modificar algunas de las calificaciones legales.
Tras la nueva resolución de la Cámara, quedó ratificada la decisión de que la causa avance hacia el juicio respecto de los cuatro imputados.
Las situaciones procesales de los acusados
Rosas, Calandra, González y Garavelli fueron detenidos en distintos procedimientos policiales realizados a principios de octubre de 2025. Al cumplirse un año de aquellas detenciones, las medidas cautelares continuaban vigentes.
Los tres hombres permanecen alojados en la Unidad Penitenciaria Nº 7, mientras que Calandra cumple arresto domiciliario, luego de que se le concediera una morigeración de la prisión preventiva.
En el marco de la solicitud de elevación a juicio, la fiscal Serrano también había planteado posibles penas para el supuesto de que las situaciones procesales se resolvieran mediante juicios abreviados: ocho años de prisión para Rosas, siete para Calandra y cinco para cada uno de los comerciantes imputados, González y Garavelli.
Rechazaron el pedido de arresto domiciliario de Garavelli
En otra resolución, la Cámara Penal confirmó el rechazo al pedido para que Garavelli pudiera cumplir arresto domiciliario por razones familiares.
La solicitud había sido presentada por su abogado defensor, Luciano Di Pietro, ante el juez de la causa y luego ante la Alzada. Sin embargo, ambos planteos fueron desestimados.
Garavelli permanece privado de la libertad desde el 6 de octubre de 2025, cuando se presentó en la sede de la DDI Azul para entregarse, mientras se encontraba vigente una orden de detención en su contra.
Fuente: Diario El Tiempo de Azul.
