La Justicia declaró inconstitucional el decreto que condicionaba el financiamiento universitario
El juez Martín Cormick ordenó al Gobierno aplicar de inmediato la Ley 27.795. La resolución alcanza un amparo colectivo impulsado por el CIN, universidades, docentes y la UBA.
El juez a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, Martín Cormick, declaró este martes la inconstitucionalidad del tramo del Decreto 759/2025 que condicionó la aplicación de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente N° 27.795. Además, ordenó al Poder Ejecutivo cumplir de inmediato con la norma y dictar las disposiciones reglamentarias y ejecutorias necesarias.
La sentencia resolvió el amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), universidades y docentes, junto con la causa acumulada iniciada por la Universidad de Buenos Aires (UBA). El fallo es de primera instancia.
En concreto, Cormick declaró inconstitucional el Decreto 759/2025 “en lo relativo a la mención incluida ‘sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N° 24.629’”. Esa referencia a la Ley de Administración Financiera había condicionado la ejecución de la Ley 27.795 a la determinación de las fuentes de financiamiento y a la incorporación de las partidas correspondientes al presupuesto nacional.
El magistrado consideró que, después de que el Congreso insistiera con la sanción de la ley tras el veto presidencial mediante las mayorías agravadas previstas por la Constitución, el Poder Ejecutivo debía promulgarla sin establecer una condición que impidiera su aplicación.
Según los argumentos del fallo, el decreto operó en los hechos como un “mecanismo extraconstitucional” y como una instancia de veto no contemplada por la Constitución. Cormick sostuvo además que el artículo 9° de la Ley 27.795 establece herramientas para que el Poder Ejecutivo pueda realizar las reasignaciones presupuestarias necesarias para su implementación.
El juez también recordó que ya existían medidas cautelares que habían ordenado avanzar con el cumplimiento de determinados artículos de la ley. A su vez, citó una estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso según la cual el costo de la norma durante 2025 representaba el 0,23% del Producto Bruto Interno.
La Ley 27.795 fue aprobada por el Congreso en agosto de 2025 y posteriormente vetada en su totalidad por el presidente Javier Milei mediante el Decreto 647/2025. Diputados y el Senado insistieron con su sanción y el Decreto 759/2025 fue publicado en el Boletín Oficial el 21 de octubre de 2025.
La norma establece medidas vinculadas con la recomposición del presupuesto universitario, la actualización de los salarios docentes y no docentes, las becas y el financiamiento de la investigación.
El conflicto judicial había tenido previamente distintas instancias. En junio de 2026, la Corte Suprema registró el amparo promovido por el CIN y rectores de universidades nacionales contra el Decreto 759/2025, mediante el cual se había condicionado la ejecución de la Ley 27.795.
La nueva resolución de Cormick desactiva el condicionamiento establecido por el decreto y ordena avanzar con la aplicación de la ley.
