Iniciaron las jornadas interinstitucionales para abordar vulneraciones de derechos
Los encuentros reúnen a organismos públicos y organizaciones sociales. Buscan establecer criterios comunes para intervenir ante situaciones que afectan a niños, niñas y adolescentes.
El Municipio de Olavarría, a través de la Subsecretaría de Protección Integral de Derechos, comenzó a desarrollar jornadas reflexivas en territorio destinadas a fortalecer y ordenar las intervenciones frente a situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes.
La propuesta se construye a partir de distintas instancias de trabajo interinstitucional, con el objetivo de incorporar las experiencias de los equipos y establecer criterios comunes de intervención.
En este marco, se llevaron adelante encuentros en los Servicios Municipales Territoriales, donde se recuperaron experiencias, se analizaron situaciones concretas y se pusieron en común las dificultades y desafíos que surgen en las intervenciones cotidianas. También se socializó la hoja de ruta crítica elaborada por la Mesa de Niñeces y Adolescencias.
Como continuidad de este trabajo, el pasado jueves se realizó una jornada en las instalaciones del Servicio Territorial N.º 2. Participaron las distintas direcciones que integran la Subsecretaría de Protección Integral de Derechos, junto con otras áreas municipales que intervienen ante situaciones de vulneración, entre ellas Desarrollo Social y Mujeres, Géneros y Diversidad.
También formaron parte de la jornada representantes de Juzgados de Familia y de la Ayudantía de Delitos Sexuales, referentes de Educación Distrital de los ámbitos público y privado y organizaciones sociales que integran el Sistema de Promoción y Protección de Derechos.
Durante el encuentro se trabajó sobre diferentes escenarios situacionales complejos mediante dinámicas grupales. Para ello, se conformaron cuatro grupos que representaron distintos territorios del Partido de Olavarría, donde se analizaron posibles abordajes y se intercambiaron miradas sobre las intervenciones posibles.
La propuesta permitió discutir estrategias de actuación, profundizar sobre la corresponsabilidad y revisar las funciones y responsabilidades de cada efector dentro del sistema. En ese sentido, se trabajó en la identificación de herramientas y criterios que permitan agilizar y ordenar las intervenciones, favoreciendo una actuación clara, operativa y articulada.
Luego del trabajo en grupos, se realizó una instancia plenaria en la que cada equipo compartió las conclusiones alcanzadas. La puesta en común permitió enriquecer los aportes a partir de las diferentes experiencias y miradas y sumar nuevos insumos para la elaboración del protocolo.
El desarrollo de esta herramienta busca fortalecer la corresponsabilidad como principio del Sistema de Promoción y Protección de Derechos, a partir de la articulación entre los distintos efectores, con roles definidos y mecanismos de actuación que faciliten la respuesta ante situaciones que atraviesan las niñeces y adolescencias.
El cierre estuvo a cargo de la Subsecretaría de Protección Integral de Derechos y de las direcciones que dependen de ella: Niñeces y Adolescencias, Servicio Local y Hogares Convivenciales y Casa de Abrigo.
En este marco, la subsecretaria Malena Pianciola destacó la importancia de continuar generando espacios de intercambio y construcción colectiva. Según expresó, el protocolo se construye con los aportes de quienes intervienen cotidianamente en territorio, a partir de sus experiencias y de las necesidades identificadas para mejorar las respuestas.
Asimismo, Pianciola remarcó la importancia de fortalecer la corresponsabilidad para que cada actor reconozca su rol y, al mismo tiempo, pueda trabajar de manera articulada con los demás. El objetivo, señaló, es contar con una herramienta que facilite las intervenciones y permita respuestas oportunas e integrales ante situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes.
La elaboración del protocolo continuará con nuevas instancias de trabajo y con la sistematización de los aportes realizados por los distintos actores que forman parte del Sistema de Promoción y Protección de Derechos.
