Adolescentes en riesgo en Olavarría: “Tenemos que trabajar esa reconstrucción”
La subsecretaria de Protección de Derechos, Malena Pianciola, analizó el diagnóstico de Entramados y destacó la necesidad de fortalecer las redes institucionales y comunitarias.
En el marco de una agenda de trabajo conjunta entre el Municipio de Olavarría y el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, se presentó el diagnóstico del programa provincial Entramados sobre trayectorias adolescentes, territorios, conflictividades y restitución de derechos.
El informe final identificó alrededor de 250 adolescentes de entre 10 y 19 años en conflicto con la ley o en riesgo de estarlo. Dentro de ese universo, 90 fueron considerados prioritarios por registrar investigaciones penales vigentes, medidas socioeducativas o arresto domiciliario.
La subsecretaria de Protección Integral de Derechos, Malena Pianciola, explicó en diálogo con Levantate, por Radio Sapiens, que Entramados “reúne el esfuerzo de diferentes ministerios de la provincia de Buenos Aires para abordar las trayectorias de jóvenes en conflicto con la Ley Penal Juvenil o en riesgo de estarlo”.
La funcionaria señaló que el programa permite acompañar el desafío que representa la situación de adolescentes que se encuentran “en una situación de alta vulnerabilidad social”.
Según detalló, las trayectorias de los jóvenes y sus familias están atravesadas por distintas problemáticas, entre ellas “consumo problemático, vulnerabilidad habitacional, deficiencia o ausencia de redes familiares y comunitarias de cuidado”, además de economías ilegales, conflictos vecinales, restricciones en la circulación dentro de sus territorios y desvinculación educativa.
“Tenemos una serie de situaciones de conflicto y de problemáticas sociales que hacen una fragmentación de los lazos con las instituciones, de los lazos con aquellos servicios del Estado que son los que nos permiten trabajar conjuntamente en política de cuidado”, explicó.
En ese sentido, consideró que es necesario trabajar en la reconstrucción de esos vínculos institucionales y comunitarios.
Baja de la edad de imputabilidad: “Nos posicionamos desde la protección de derechos”
Consultada sobre el debate por la baja de la edad de imputabilidad, Pianciola señaló que desde la Subsecretaría trabajan con el entramado institucional local para generar espacios de reflexión y especialización, además de brindar “información clara, certera respecto a la nueva ley”.
“Nosotros, desde la Subsecretaría y desde el marco normativo vigente, nos posicionamos desde la protección de derechos”, afirmó.
La funcionaria sostuvo que las acciones destinadas a esta población deben pensarse desde esa perspectiva y planteó que el trabajo estatal debe orientarse a comprender las problemáticas sociales del territorio y generar intervenciones que permitan modificar las trayectorias de los adolescentes.
“Tenemos que poder ser ordenadores y moderadores, desde la corresponsabilidad, en poder ir asignando responsabilidades e incluir las intervenciones para poder generar prácticas y trayectorias que puedan revertir estas situaciones”, expresó.
Respecto de las edades de los adolescentes alcanzados por el diagnóstico, Pianciola explicó que la población objetivo inicial comprende unos 9.500 jóvenes de entre 10 y 19 años. Luego, mediante una matriz de reducción, se llegó al universo de 90 casos considerados prioritarios.
Indicó que la mayor incidencia de situaciones vinculadas con delitos penales juveniles se encuentra entre los 16 y 17 años y que la mayoría son varones. Si bien existen casos a edades más tempranas, como 11 o 12 años, señaló que representan un número considerablemente menor.
La intervención en los barrios
Pianciola destacó que el diagnóstico permitió contar con “una foto local” y avanzar en datos cuantitativos y cualitativos específicos para circunscribir la problemática.
A partir de ese relevamiento se definió una hoja de ruta que contempla la intervención en ocho nodos territoriales: Nicolás Avellaneda, barrio Jardín, La Loma, PYM, Lourdes, Trabajadores, Independencia y La Araña.
“Entendemos que es donde tenemos que empezar a concluir las primeras acciones que ya se están desarrollando”, explicó. La hoja de ruta contempla un año de implementación.
El trabajo en territorio incluye la articulación con organizaciones sociales y referentes comunitarios para facilitar el acercamiento a los barrios y construir vínculos con los jóvenes.
Una de las primeras experiencias se desarrolla en Nicolás Avellaneda, donde se articula con la organización social Vientos de Libertad. Allí comenzó a funcionar un espacio que reúne a jóvenes del territorio.
“Principalmente lo que vamos a desarrollar son talleres que a ellos los convoquen y que estén interesados en realizar”, explicó Pianciola. Entre las propuestas mencionó barbería, boxeo, cocina y deporte.
Según indicó, se trata de “una manera de generar una nueva institucionalidad en el territorio” y favorecer la revinculación con otras instituciones y referentes, incluida la educativa.
Un abordaje integral para las familias
Ante la consulta sobre cómo intervenir en hogares atravesados por distintas problemáticas, Pianciola sostuvo que “el desafío implica poder pensarnos desde la integralidad”.
“Una característica que tiene que tener la política pública actual en cuanto a materia social tiene que ver con esa integralidad”, afirmó.
En esa línea, señaló que las familias pueden estar atravesadas simultáneamente por situaciones vinculadas con discapacidad, asistencia alimentaria, salud, salud mental y consumo problemático.
“¿Cómo nosotros desde el Estado municipal podemos generar acceso en territorio cada vez más integrales que nos permitan, una vez que golpeamos una puerta, una vez que ingresamos a un hogar, abordar todas las situaciones que suceden ahí adentro de una manera lo más integral posible?”, planteó.
Finalmente, al referirse a las políticas públicas nacionales destinadas a jóvenes, Pianciola manifestó que observa “un retroceso en cuanto a perspectiva de derechos, en cuanto a asignación de recursos, en cuanto a políticas públicas específicas que nos permitan seguir acompañando estas trayectorias”.
En contraposición, destacó que Entramados permite detectar una problemática presente en la provincia de Buenos Aires y poner a disposición recursos de distintos ministerios para abordarla.
También sostuvo que las familias olavarrienses se ven afectadas por un modelo económico que “segrega a gran parte de la población a la pobreza, a la marginalidad y al aumento de situaciones de vulnerabilidad”.
