Pidieron detener e indagar a cuatro personas y ampliar la imputación de otras seis por una causa de drogas en la Unidad N°2 de Sierra Chica
Se trata de “La banda de los peruanos”. La investigación reconstruyó 19 hechos de venta e ingreso de estupefacientes y detectó movimientos bancarios por cientos de millones de pesos.
Con información de Fiscales.gob.ar
La fiscal subrogante de la Sede Fiscal Descentralizada Azul, María José Buglione, y la fiscal general subrogante del Área de Litigio de la Región bonaerense de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Patricia Cisnero, solicitaron la detención y declaración indagatoria de cuatro personas y la ampliación de la imputación de otras seis en una investigación por tráfico y comercialización de estupefacientes dentro de dos unidades penitenciarias bonaerenses. La banda fue conocida el año pasado como “La banda de los peruanos” ya que en su gran mayoría eran de dicha nacionalidad.
El avance de la pesquisa permitió identificar la posible participación de diez personas en una organización que, según la hipótesis fiscal, operaba al menos desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Virreyes, Florencio Varela y en las unidades penitenciarias N°2 de Sierra Chica y N°32 de Florencio Varela, dependientes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
Las nuevas declaraciones indagatorias fueron solicitadas para A.M.G., E.F.O., J.A.B. y J.L., mientras que la fiscalía pidió ampliar la imputación de J.P.S.C., V.C.R., E.O.C., N.A.A.V., J.A.E. y E.C.R. El juez federal de Azul, Gabriel Di Giulio, dispuso el inicio de la ronda de declaraciones.
A todos se les atribuye, con el grado de probabilidad propio de esta etapa, el delito de tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de comercialización, agravado por la participación organizada de tres o más personas, en los términos de los artículos 5, inciso “c”, y 11, inciso “c”, de la ley 23.737.
El origen de la investigación
La investigación comenzó en mayo de 2024 como desprendimiento de un expediente que tramitaba desde el año anterior. El análisis de un teléfono celular secuestrado permitió detectar una conversación del 15 de marzo de 2024, en la que un detenido negociaba desde el interior de la Unidad Penal N°2 de Sierra Chica la compra de estupefacientes.
En esas comunicaciones aparecían dos personas identificadas como “Chino Nuevooo” y “Nico del fondo”. La operación consistió en la compra de droga por 14.000 pesos, dinero que fue transferido a una cuenta de Mercado Pago a nombre de A.M.G., quien se encontraba detenido en esa unidad.
Los informes de las empresas telefónicas permitieron vincular el abonado utilizado por “Chino Nuevooo” con A.M.G. y ubicarlo en Sierra Chica al momento de la transacción.
A partir de esa línea investigativa, la Sede Fiscal Descentralizada de Azul, con intervención de Buglione y de la auxiliar fiscal Felicitas Sábato, avanzó en la identificación de los integrantes de una organización con actividad dentro y fuera de los establecimientos penitenciarios.
Para ello se analizaron comunicaciones, movimientos bancarios, información proporcionada por el Servicio Penitenciario Bonaerense, testimonios y resultados de allanamientos y requisas.
En septiembre de 2025 se realizaron procedimientos en domicilios y celdas vinculados con la investigación. Se secuestraron teléfonos celulares, anotaciones y estupefacientes. En particular, fueron hallados casi 900 gramos de cocaína y más de medio kilo de marihuana, parte de la sustancia fraccionada y acondicionada para la venta.
Tras esos procedimientos, el juez federal de Azul procesó a las primeras seis personas imputadas, la mayoría de ellas con parentesco entre sí. El avance posterior permitió incorporar nuevos hechos y elementos que, según el Ministerio Público Fiscal, justifican la ampliación de las imputaciones y el avance sobre otras cuatro personas.
Una estructura con eslabones dentro y fuera de las cárceles
De acuerdo con la hipótesis fiscal, la organización distinguía entre quienes se encontraban fuera de los establecimientos y habrían abastecido de droga a las cárceles, y quienes estaban privados de su libertad y se habrían encargado de distribuir y vender los estupefacientes a otros internos.
El curso de la investigación permitió identificar nuevos eslabones dedicados a la comercialización dentro de las unidades penitenciarias N°2 y N°32. Según el devenir de los lugares de detención de los implicados, estos habrían sido abastecidos por personas que ya estaban procesadas y luego revendían la droga a otros internos.
La pesquisa también detectó comunicaciones en las que se coordinaba el ingreso de estupefacientes mediante visitas y su posterior comercialización dentro de los pabellones. Incluso, una de las personas investigadas habría exigido el ingreso de droga a través de visitas para poder formar parte del pabellón donde estaba detenida, según una declaración testimonial incorporada al expediente.
En total, la investigación permitió identificar 19 hechos concretos de venta, ingreso o gestión de estupefacientes, con indicación de fechas, personas intervinientes y, en varios casos, los montos abonados.
La pesquisa contó además con la cooperación del Juzgado Federal Criminal y Correccional N°1 de Lomas de Zamora, en el marco de una causa que tramitaba allí. En ese expediente fue detenida una de las mujeres investigadas por la fiscalía de Azul, quien posteriormente fue condenada por el Tribunal Oral Federal N°2 de La Plata por una infracción a la ley de estupefacientes.
Movimientos bancarios por cientos de millones de pesos
El análisis de los movimientos bancarios fue uno de los elementos centrales para reconstruir la operatoria. La fiscalía incorporó tres informes elaborados por la Dirección General de Análisis Criminal y Planificación Estratégica de la Persecución Penal (DAC) de la Procuración General de la Nación, correspondientes a distintos períodos y cortes temporales.
Los informes permitieron detectar transferencias entre personas privadas de su libertad y otras que se encontraban fuera de las unidades, además del uso de cuentas pertenecientes a terceras personas para recibir y transferir fondos.
Uno de los análisis estableció que A.M.G. registró entre abril de 2024 y abril de 2025 ingresos por más de 235 millones de pesos y transferencias salientes por más de 152 millones, pese a encontrarse detenido desde el inicio de la investigación y no contar con inscripción como contribuyente.
Según la fiscalía, los movimientos de dinero permitieron reforzar la hipótesis de que los imputados privados de su libertad recibían fondos de otras personas también detenidas, lo que estaría vinculado con la venta de estupefacientes dentro de las unidades.
A su vez, los intercambios de dinero entre imputados detenidos y personas que se encontraban fuera de las cárceles permitieron sostener la hipótesis de que estas últimas habrían provisto la droga para su posterior venta y distribución.
“Los movimientos bancarios que surgen de la sistematización realizada por la DAC dan cuenta de la dimensión y el nivel de organización de la banda criminal, que utilizaba cuentas a nombre de terceras personas para las transacciones dinerarias”, señalaron Buglione y Cisnero en el dictamen.
La utilización de terceras personas para mover el dinero también aparece en las comunicaciones analizadas. En una de ellas, E.O.C., luego de proporcionar los datos de las cuentas a las que debía enviarse el dinero, indicó: “En cada cuenta 500 por favor”. Para la fiscalía, esa maniobra habría estado orientada a distribuir los fondos y dificultar la identificación de su origen.
En algunas de las conversaciones, los pagos aparecían asociados a expresiones como “la fruta” y “remís”, términos que los investigadores interpretaron como referencias a la droga y a su traslado.
El pedido de nuevas indagatorias
En el tramo final de su presentación, las representantes del Ministerio Público Fiscal sostuvieron que la investigación permitió superar las dificultades propias de la criminalidad intracarcelaria e identificar a los presuntos integrantes que operaban tanto dentro como fuera de los establecimientos penitenciarios.
La fiscalía consideró que el análisis conjunto de la información patrimonial, los registros telefónicos y los testimonios permitió vincular a los miembros de la organización y reconstruir un esquema en el que quienes estaban fuera de las unidades habrían abastecido de droga a los internos, mientras que estos últimos se habrían encargado de su comercialización dentro de los establecimientos.
Por ese motivo, el Ministerio Público Fiscal solicitó al juez Di Giulio que convoque a A.M.G., E.F.O., J.A.B. y J.L. a prestar declaración indagatoria y que cite a J.P.S.C., V.C.R., E.O.C., N.A.A.V., J.A.E. y E.C.R. para ampliar sus declaraciones y ejercer su derecho de defensa respecto de los nuevos hechos incorporados a la investigación.
