Roldán: “La condena era la esperada, pero deja un sabor amargo”
El abogado de la familia Abregú analizó el fallo y remarcó las limitaciones del proceso judicial. También cuestionó el accionar institucional y valoró el acompañamiento en la causa.
Tras la condena a la oficial Vanesa Núñez por incumplimiento de los deberes de funcionario público en la causa por la muerte de Daiana Abregú, el abogado de la familia, Sergio Roldán, consideró que el fallo “era el esperado”, aunque dejó “un sabor amargo”.
En diálogo con el programa Levantate por Radio Sapiens, el letrado explicó que el resultado judicial estuvo condicionado por la calificación con la que la causa llegó a juicio. En ese sentido, recordó que la investigación se inició como homicidio agravado, con cinco policías detenidos, pero que las pericias resultaron contradictorias.
“Uno de los peritos médicos dice que era un homicidio y dos peritos de la Corte Suprema dijeron que era un suicidio. Con esa prueba en la mano el fiscal no pudo seguir avanzando por homicidio agravado”, detalló.
Roldán también destacó el rol de la Comisión Provincial por la Memoria, al señalar que su intervención fue clave para que la causa avanzara hasta una sentencia.
No obstante, el abogado remarcó las dificultades de litigar contra el Estado y cuestionó algunos aspectos institucionales vinculados al caso.
Finalmente, sostuvo que, pese a las limitaciones, la resolución judicial sienta un precedente relevante, en un contexto que —según indicó— no resultaba sencillo para lograr una condena contra personal policial.
El caso
El hecho ocurrió el 5 de junio de 2022, cuando Daiana Abregú fue hallada muerta en un calabozo de la comisaría de Laprida. En un inicio, cinco efectivos policiales fueron imputados por homicidio, aunque esa calificación fue posteriormente desestimada.
A comienzos de 2024, cuatro de los policías involucrados fueron sobreseídos, quedando como única imputada la agente Vanesa Núñez, quien cumplía funciones de custodia durante la noche del hecho.
El pasado miércoles 25 de marzo, durante la audiencia oral, las partes presentaron sus alegatos. La Fiscalía, representada por Ignacio Calonje, solicitó un año de prisión de ejecución condicional, pedido que también fue acompañado por el abogado de la familia.
Por su parte, la Comisión Provincial por la Memoria —en carácter de particular damnificado— había requerido una pena de cinco años de prisión, diez de inhabilitación y el cambio de calificación a homicidio culposo agravado.
En tanto, la defensa de Núñez, a cargo del abogado César García, solicitó la absolución y cuestionó la acusación por incumplimiento de deberes de funcionario público, al sostener que no se probó la comisión de delito.
