“No es la forma la que han hecho para protestar y reclamar”
Carmelo Vinci, detenido desaparecido durante la última dictadura cívico-militar y referente local en Derechos Humanos, dialogó con Central de Noticias tras haber formalizado una denuncia penal contra el personal policial que se manifestó durante la semana pasada. Qué dice la denuncia.
“Nosotros por supuesto consideramos que las fuerzas de seguridad deben tener un sueldo digno, tienen derecho a solicitar aumento, pero me parece que rodear la quinta de Olivos e ir a prepotear a la casa del gobernador excede lo que debería ser un reclamo por salarios”. Quien lo dijo en diálogo con Central de Noticias es nada más y nada menos que Carmelo Vinci, detenido desaparecido durante la última dictadura cívico-militar y referente local en Derechos Humanos, quien en la jornada del último jueves formalizó una denuncia contra el personal policial por las movilizaciones realizadas durante el inicio de la semana pasada.
Vale recordar que durante tres días personal policial de toda la provincia de Buenos Aires realizó sucesivas manifestaciones en reclamo, en principio, de un aumento salarial pero luego se añadieron también otra serie de peticiones que se formalizaron en un petitorio de 14 puntos, que fue presentado ante el gobierno bonaerense. La respuesta se dio a partir del anuncio realizado por el propio Axel Kicillof, lo que hizo que automáticamente se levanten todas las protestas en la provincial.
La acción penal fue realizada junto a Carlos Genson, también víctima del terrorismo de Estado y referente en materia de Derechos Humanos. Vinci subrayó que “llegó la hora de discutir, si se quiere, la sindicalización, de volver a insistir a pesar que la Corte se los ha denegado, pero es cierto que tienen que tener un representante a la hora de negociar, pero no es la forma la que han hecho para protestar y reclamar”, insistió.
Qué dice la denuncia
Central de Noticias tuvo acceso a una copia del escrito que el último jueves fue presentado ante la justicia. La denuncia está enmarcada en una “posible comisión de delitos de acción pública” enmarcados en los artículos 226 y 226 bis del Código Penal.
Se trata del apartado sobre “delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional”, más precisamente a los “atentados al orden constitucional y la vida democrática”. En el escrito, en similares términos a lo narrado por Carmelo Vinci en diálogo con este portal, se pone el acento en el hecho de que “efectivos en los móviles policiales y otros caminando, uniformados y con las armas en la cintura, circulaban en la ciudad de Olavarría, no con el ánimo de custodiar las calles y garantizar la seguridad de la comunidad, sino manifestarse por un reclamo salarial”.
Inclusive no sólo se da cuenta de lo ocurrido en nuestra ciudad, sino también se menciona lo sucedido tanto en la capital provincial como en torno a la residencia presidencial, sucesos a los que inclusive se alude a partir de distintos links a portales tanto locales como nacionales, que son ofrecidos además como prueba para sustentar cada una de sus afirmaciones.
Con ello se argumenta el “innegable y gravísimo alcance institucional”, además de reiterarse y enfatizarse, al punto de ser referido en letra mayúscula, que los “uniformados, armados, en móviles policiales, recorriendo las calles de las ciudades, en la puerta del gobernador Axel Kicillof y en la mismísima puerta de la quinta presidencial, con sirenas policiales encendidas generando un temor generalizado en tanto la perpetración de los delitos tipificados en el artículo 226 del Código Penal”. “Comprendemos que no deben encontrar cobijo tales actos en un estado que se precie de constitucional y legal”, se añadió.
Por último, se clamó que “resulta a nuestro entender esencial poder descansar en que la policía garantizará el sistema democrático y cuidará de su población toda, cosa que está a las claras no sucedió”.
Qué dicen esos artículos
El artículo 226 del Código Penal expresa que “serán reprimidos con prisión de cinco a quince años los que se alzaren en armas para cambiar la Constitución, deponer alguno de los poderes públicos del gobierno nacional, arrancarle alguna medida o concesión o impedir, aunque sea temporariamente, el libre ejercicio de sus facultades constitucionales o su formación o renovación en los términos y formas legales”.
El 226 bis, por su parte, detalla que “el que amenazare pública e idóneamente con la comisión de alguna de las conductas previstas en el artículo 226, será reprimido con prisión de uno a cuatro años”.
Por último, en la denuncia también se expresó una posible violación de la ley 13.982, que es la que rige el accionar de los integrantes de la policía Bonaerense. En el escrito se enumeraron los artículos 10 y 11, donde se refieren los derechos, deberes y, más aún, las prohibiciones. Ahora resta conocer qué curso se le dará desde la justicia a la denuncia.
